Sanciones de la Contraloría le impedirían a Petro aspirar a cargos públicos

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La Corte Constitucional mantuvo la ley que impide ocupar cargos públicos a las personas que han sido declaradas fiscalmente responsables por la Contraloría General de la Nación. Esta decisión podría afectar el futuro político del excandidato presidencial Gustavo Petro Urrego. ¿La razón? En el 2016 la Contraloría Distrital le impuso una multa de $217.000 millones y le embargó sus cuentas bancarias tras encontrarlo responsable fiscalmente por la reducción de las tarifas de Transmilenio. Esta decisión se encuentra suspendida y en caso de ser ratificada se aplicarían los efectos de la decisión del alto tribunal.

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La Corte estudió una demanda que presentó el abogado Dagoberto Quiroga Collazos en contra de un parágrafo artículo 38 de la ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 de 2000, que establecen como inhabilidad para desempeñar cargos públicos haber sido declarado responsable fiscalmente. La ponencia que estudió la Sala Plena pedía que la norma se mantuviera tal y como está. La Sala Plena dejó las inhabilidades intactas con una votación 5-4.

Petro se posesionó como Senador tras perder en la contienda presidencial, como lo permitió el Estatuto de la Oposición. Actualmente, la multimillonaria multa impuesta en su contra fue suspendida por una orden que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como medida provisional, mientras se estudia de fondo una acción judicial contra esa sanción. 

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En la demanda, el abogado Quiroga Collazos, quién es apoderado de Gustavo Petro, argumentó que “el derecho de acceder a la función pública tiene el carácter fundamental y su restricción solo es posible mediante una sanción de tipo penal o disciplinario”.  Además, señaló que las contralorías no serían jueces o tribunales en sentido estricto. El caso estaba en manos de la magistrada Gloria Ortiz y tiene directa implicación para todos aquellos que hayan sido objetos de una decisión de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría.

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Luego de la decisión de la Corte Constitucional, el senador dijo a través de su cuenta en Twitter que el Estado, tras la decisión, “se va radicalmente en contra de la Convención Americana de DD.HH. y la sentencia de la Corte Interamericana”.