Corte Constitucional regaña a Icetex por joven que perdió crédito por error en el formulario

El estudiante se habría equivocado y diligenció el formulario de solicitud por la mitad de la duración de la carrera -confundió semestres con años-. El alto tribunal le dijo a la institución crediticia que prima el derecho a la educación sobre las formas.

Icetex le retiró crédito a un joven por un error en el formulario de solicitud. Archivo El Espectador

Por un error al llenar el formulario de solicitud de crédito al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), David Steven Felipe Vargas Pérez no pudo seguir estudiando la carrera de ingeniería de sistemas en el Politécnico Grancolombiano. Cuando llenó la solicitud, en 2016, confundió años y semestres, y en la casilla de duración de la carrera puso 4 semestres en vez de 8 semestres. Por eso, cuando apenas estaba cursando la mitad de la carrera, el Icetex dejó de desembolsar los recursos para continuar con sus estudios, ya que solo había hecho el pedido por un periodo de dos años.

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El estudiante trató de negociar con la institución estatal para extender el crédito por los dos años de carrera que le quedaban, e incluso le pidió que, si no podía continuar con el préstamo, le permitieran pagar en 6 años lo adeudado. De esta forma podría seguir con sus estudios sin tener que pensar en cómo pagar el saldo. Sin embargo, el Icetex fue claro: no había nada que hacer. “El presupuesto correspondiente se asignó de acuerdo a lo informado al momento de la adjudicación y no es posible realizar ajustes al financiamiento inicial aprobado”, declaró la institución crediticia a Vargas Pérez.

Sin poder estudiar y acorralado por una deuda que pronto tenía que pagar, David Steven Vargas puso una tutela el 9 de octubre de 2018 ante el Juzgado 27 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En esta aseguró que le estaban vulnerando el derecho a la educación, por lo que solicitó que se reanudara el crédito, y si no, en su defecto, le dieran un plazo mayor para pagarlo. El tribunal negó las dos peticiones: consideró que no hubo vulneración del derecho a la educación y señaló que la entidad solo contemplaba un periodo de gracia de un año para comenzar a pagar la deuda, y este era el tiempo máximo que le podían reconocer.

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Aunque Vargas Pérez no impugnó la decisión, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional decidió estudiar la tutela debido a su relación con un derecho fundamental como es la educación. Tras una revisión del caso a cargo del magistrado ponente Alberto Rojas, el alto tribunal decidió concederle las peticiones hechas por el estudiante. De esta forma, la Corte Constitucional le dijo al Icetex que al suspender el crédito sí estaba yendo en contra del derecho fundamental a la educación del tutelante.

En el fallo, se destacó la situación de Vargas Pérez, quien es un joven de bajos recursos cuya única posibilidad de acceder a la educación universitaria es un préstamo estudiantil: “el actor no cuenta con recursos económicos para sufragar sus gastos y ante la negativa de la entidad accionada para corregir el error administrativo que llevó a la cancelación de su crédito académico, no ha podido continuar con sus estudios para acceder a un empleo”.

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Así mismo, el alto tribunal le advirtió al Icetex que los trámites “no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización”. Agregando que: “las autoridades públicas están en la obligación de establecer formularios claros en los que la información que se pide consignar a la ciudadanía pueda ser allegada sin hacer incurrir en ambigüedades o imprecisiones a los administrados”.

Por la misma línea, la decisión de la Corte Constitucional señaló que haber favorecido la interrupción de la educación del tutelante es sumamente grave ya que se podría afectar su “proyecto académico y profesional” y, de esta misma forma, se podrían presentar afectaciones a otro tipo de garantías de “carácter constitucional”.

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“La decisión de suspender el crédito educativo terminó por contrariar los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial y de justicia material, al aplicar de manera irrazonable las normas reglamentarias sobre terminación de créditos educativos, y sin ofrecer una alternativa que razonablemente le permitiera al actor subsanar el error de digitación cometido”, declaró la Sala de Revisión.

Ante estas consideraciones, la Corte señaló que la acción realizada por el Icetex violó directamente el derecho a la educación del estudiante ya que incumplió con la finalidad constitucional de la institución crediticia -“ facilitar los mecanismos financieros para lograr el acceso y la permanencia de los jóvenes al sistema de educación superior”- y porque fue directamente en contra del principio constitucional de que el derecho prima sobre otras consideraciones como es un error de digitación.

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Además, hizo dos serios cuestionamientos al Icetex por su acción “desproporcionada”. La Sala aseguró no entender por qué la institución no llamó la atención del tutelante y le indicó que había pedido un crédito por dos años en vez de cuatro, duración real de la carrera. Y, segundo, regañó a la institución crediticia ya que en anteriores ocasiones “ha utilizado esas equivocaciones como justificación para suspender los giros de dinero a los que tienen derechos los beneficiarios de los créditos”:

Sin embargo, los magistrados de la Sala de Revisión señalaron que el error de Vargas Pérez, aunque fue sin querer, implica una serie de cambios que podrían afectar la planeación original de los créditos a otorgar. Por eso, no ordenaron que se le reanudara el préstamo por el que venía siendo beneficiado, sino que se le permitiera acceder “ a un programa de crédito similar al inicialmente otorgado”. Y de no ser posible tal requerimiento, la Corte ordenó que se llegué a un acuerdo de pago con el estudiante para que pueda pagar “el saldo adeudado” sin afectar su derecho a la educación . Esta decisión fue tomada el pasado 26 de julio de 2019, y le dio un plazo al Icetex de 10 días para que tome las medidas necesarias.

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Redacción Judicial

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