Corte Constitucional regañó a colegio por censurar cortes de cabello

El alto tribunal ordenó a las directivas del Colegio El Rosario, de Montelíbano (Córdoba), dejar de presionar a un alumno que llegó con un corte que los directivos consideraban “estrambótico”.

Un menor de Montelíbano (Córdoba) tuvo que llegar hasta la Corte Constitucional para que las directivas de su colegio lo dejaran llevar el peinado que le gusta. Todo se remonta al 6 de febrero de 2013. Ese día, el alumno Miguel Fernando Barragán Coava se acercó al coordinador de su colegio con la Constitución Política bajo el brazo y el mensaje de que no se iba a cortar el pelo porque eso atentaba contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El coordinador convenció al joven de que se cortara el pelo y este lo hizo; no obstante, su nuevo corte ‘horrorizó’ a las directivas. Se trataba, según el coordinador, de un peinado fuera “de los parámetros normales al representar un número siete”. Empeñadas en que Barragán y otros menores se cortaran el pelo, las directivas los obligaron a firmar un acta en la que se comprometían a ir al colegio “bien presentados”. Barragán no firmó el mencionado documento y siguió yendo a clases con el mismo peinado generando rechazo por parte de las directivas.

Tal fue la presión de las directivas que la familia del menor tuvo que recurrir a una tutela para que el colegio respetara los derechos del adolescente. Al ser consultado por la justicia el rector del centro educativo sostuvo vehemente que al menor no se le había vulnerado ningún derecho y se refirió al corte del menor como un peinado “inadecuado, ya que no corresponde al proceso de formación integral que tiene la institución educativa, cuyo soporte esencial es preparar a hombres de bien” y que la actitud del alumno era “de constante rebeldía y desacato a las reglas, lo cual se prueba con los numerosos reportes disciplinarios que posee, cuyo contenido no corresponde exclusivamente a llamados de atención por su presentación personal”.

En primera instancia el Juez Segundo Promiscuo de Montelíbano le dijo que no a esta demanda pues, en su criterio, el colegio no desconoció los derechos del menor al exigir a todos los alumnos el cumplimiento de las “elementales normas de aseo y presentación personal” y señaló que la exigencia de portar determinado corte de pelo fue aceptada voluntariamente al momento de matricularse en dicha institución educativa por lo que, palabras más, palabras menos, no se podía quejar.

La madre del menor apeló la decisión y sostuvo que “si bien su hijo no ha sido expulsado, existe una amenaza de violación de su derecho a la educación ya que ha sido constreñido para modificar su corte de pelo, el cual, en sus palabras, no es estrambótico” y que “con la actitud del rector se están abriendo las puertas a una denuncia por bullying (matoneo)” del que, según ella, estaba siendo víctima su hijo. En segunda instancia el Juzgado Promiscuo de Familia de Montelíbano se mostró de acuerdo con los argumentos de primera instancia y negó la demanda. El caso llegó entonces a la Corte Constitucional donde le dieron la razón a Barragán y su familia.

En criterio del alto tribunal, “a pesar de que el menor no ha tenido que asumir una nueva apariencia física, la actuación del rector de la Fundación Educativa de la Diócesis de Montelíbano Colegio El Rosario está afectando su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad ya que se ha visto sometido a constantes presiones dirigidas a invadir su autonomía y a imponerle una apariencia física contraria a aquella que está dispuesto a exteriorizar”.

En el estudio del caso, la Corte encontró, además, que en el manual de convivencia del colegio se establecía la posibilidad de imponer sanciones por llevar “cortes estrambóticos o de acudir al colegio con otras modalidades de adorno personal que hacen parte del derecho a la propia imagen, como lo son los tatuajes, los piercing, las joyas o el maquillaje”. Por ello, no sólo le ordenó a las directivas del colegio “que se abstengan de presionar a los estudiantes para que adopten modelos de presentación personal con los que ellos, ni sus padres, están de acuerdo” sino, además, que en un término no mayor a tres meses reformen su manual de convivencia “en un sentido acorde con los mandatos previstos en la Constitución”. Gracias a este fallo, Barragán seguirá recibiendo clases y será calificado no por su pelo sino por su rendimiento académico. Porque llevar el pelo suelto no es –ni debe ser– pecado.

 

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