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La Corte Constitucional aceptó estudiar el fallo emitido, en segunda instancia, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá que dijo que la profesora y escritora Carolina Sanín no debía ser reintegrada a la Universidad de los Andes, como lo había dicho el juez de primera instancia. Con esta decisión, el alto tribunal tomará una decisión de fondo al reclamo de la profesora sobre su supuesto despido “injustificado” de la institución educativa.
En la acción judicial de 494 páginas que presentó Sanín el pasado 3 de enero, la docente argumentaba que el despido no era justificado y por eso se le estarían vulnerando directamente sus derechos. Citaba, además, las declaraciones hechas por el rector de la universidad, Pablo Navas, quien señaló que la decisión se había tomado al considerar que el actuar de la profesora afectaba la convivencia de la institución educativa.
En primera instancia, el Juez Primero Penal Municipal ordenó dejar “sin efecto la decisión de terminación del contrato de trabajo con justa causa tomada en contra de Carolina Sanín Paz por parte de la Universidad de Los Andes” y, en cambio, ordenó el reintegro laboral a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando Sanín al momento de su desvinculación. Para ello, otorgó un término de dos días para cumplir con la orden.
Sin embargo, Heriberto Prada Tapia, el juez Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá, revocó el fallo y tomó una nueva decisión: Sanín no debe ser reintegrada a la Universidad de los Andes. “El juez malentendió que mis publicaciones en Facebook hacían parte de mi cátedra docente", explicó Sanín, haciendo referencia a un párrafo del fallo en segunda instancia: "Como docente que representa autoridad y ejemplo para la comunidad estudiantil, más que nadie sabe, que le es prohibido pronunciarse públicamente en las redes sociales, en los términos en que lo hizo el 20 y el 28 de octubre de 2016".
Sanín agregó, luego de conocer el fallo de segunda instancia, que con la decisión del juez Prada Tapia, los profesores tienen ‘prohibido’, literalmente, pronunciarse públicamente en las redes sociales en ciertos términos.
En la segunda mitad del año 2016, el nombre de la escritora y profesora de la Universidad de Los Andes, Carolina Sanín ocupó varios titulares de prensa. Sus comentarios ya eran objeto de debate en las redes sociales, pero el tono y el escenario cambiaron cuando se vio envuelta en una “polémica” con un grupo de estudiantes que la atacaron directamente en un blog.
Cada publicación de Sanín en su cuenta de Facebook tenía una repercusión inmediata en sus contactos quienes, en la mayoría de los casos, la cuestionaban e incluso insultaban por lo que consideraban un abuso del derecho a la libertad de expresión. De las palabras pasaron a los ya conocidos “memes”. En uno de ellos aparecía la imagen de la docente con un ojo morado.
El montaje publicado en el grupo “Chompos Ásperos Reloaded”, del que únicamente hacían parte hasta ese momento los estudiantes de la Universidad de Los Andes, no causó mucha gracia. Sanín aseguró que se trataba de un mensaje directo de violencia contra la mujer, considerándose amenazada y vulnerada con la publicación que se hizo viral.
En ese entonces, la universidad se pronunció días después restándole importancia y defendiendo la libertad de expresión que tenía ese grupo social para difundir esas imágenes y mensajes. Fue entonces cuando la docente de literatura utilizó las redes sociales para cuestionar esa posición de las directivas y aprovechó la oportunidad para asegurar que iba a tomar acciones legales.
No obstante, el pasado 15 de diciembre Sanín publicó en su cuenta de Facebook un mensaje que se hizo viral. “Aviso a los estudiantes de Literatura de la Universidad de Los Andes que el próximo semestre no dictaré los cursos previstos de El Quijote y Taller de Narrativa pues se me acaba de notificar de mi despido”.
La profesora dijo en su momento que seguirá librando su lucha contra la institución y declaró que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales para hacer vales sus derechos. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre los derechos que, para Sanín, fueron vulnerados.