Corte Constitucional tumba norma que creó planta transitoria en la Contraloría

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La planta global de duración temporal de la Contraloría, que tiene como objetivo el control fiscal del Sistema General de Regalías, se creó en 2018 en un artículo de una ley que el alto tribunal tumbó por no cumplir con los estándares constitucionales y que, según los demandantes, permitía la “mermelada”.

El 2 de abril de 2019, los senadores y representantes a la cámara Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Wilson Arias, Germán Navas Talero y Jorge Alberto Gómez presentaron una demanda en contra del artículo 38 de la Ley 1942 de 2018, que determinó el presupuesto del Sistema General de Regalías, el cual -en palabras de la Contraloría- es “el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable”. Más de un año después, la Corte Constitucional accedió a las pretensiones de la demanda y tumbó dicha planta.

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El cuestionado artículo 38 habla de la creación de una planta global de duración temporal, entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías para el mismo periodo de tiempo. Se trata de un despacho que cuenta con un total de 110 empleados, entre asesores, contralores provisionales, contralores delegados sectoriales y contralores delegados intersectoriales.

Según la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el artículo en cuestión omitió los principios de publicidad y legalidad del gasto, que se le exige a toda ley para su expedición. Por tal razón, declaró inconstitucional la creación de la planta global. Sin embargo, con el objetivo de garantizar la continuidad del control fiscal sobre los recursos, la decisión tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2021, cuando entre en funcionamiento una nueva normativa para el Sistema General de Regalías.

“La creación de una planta de personal para la Contraloría en la mencionada ley desconoce mandatos de la Constitución Política y viola el principio constitucional de legalidad del gasto, en virtud del cual las apropiaciones y/o destinaciones contenidas en el presupuesto de gastos deben corresponder a los decretados o autorizados previamente por el legislador (…) las materias contenidas en la norma demanda no son propias de una ley de presupuesto”, sentenció la Corte Constitucional.

En principio, los demandantes atacaron la conexidad temática de la ley, pues en el título no habría referencia alguna a la creación de plantas globales temporales en la Contraloría. De acuerdo con el documento radicado en la Corte, esa ley solo contempla las reglas que definen los ingresos del Sistema General de Regalías, otras que definen el presupuesto del proyecto y, además, las disposiciones generales para el desarrollo de los objetivos propuestos. “La norma demandada no guarda relación o coherencia interna con ninguno de los tres tipos de disposiciones contenidas en la Ley 1942 de 2018”, aseguraron.

Por otro lado, según los senadores y representantes a la Cámara, la planta global de la Contraloría no cuenta con las asignaciones presupuestales para su funcionamiento, lo que significa una vulneración al artículo 360 de la Constitución: “la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios”.

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La demanda aseguraba que la creación de la planta global vulneraba el principio de publicidad en el proceso legislativo, lo cual fue confirmado por la Corte Constitucional. De acuerdo con los demandantes, el texto que finalmente quedó registrado no fue el mismo que se publicó para la realización del debate parlamentario. Incluso, la norma habría pasado sin siquiera ser conocida en su integralidad por la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Dentro del escenario político parlamentario se tiene idea de que el artículo 38 de la Ley 1492 de 2018 abre la puerta para la corrupción, el clientelismo y la mermelada. Lo anterior, toda vez que no era necesario crear una nueva planta global temporal en la Contraloría puesto que anteriormente existía una y cuyas plazas no se encuentran proveídas en su totalidad”, aseguraban lo políticos. En este punto los accionantes se refieren al Decreto 1539 de 2012, en el cual ya se habían asignado recursos para una planta temporal en la globalidad del Sistema General de Regalías.

Por su parte, durante el proceso la Procuraduría se pronunció en contra de los demandantes. De acuerdo con el Ministerio Público, en documento del pasado 3 de febrero, el artículo 38 sobre la creación de una planta global sí guardaba conexidad temática con la Ley 1942 de 2018, pues en la generalidad del texto se denota la apropiación de los recursos necesarios y se definen las reglas para la ejecución. De hecho, son parte del “Titulo II. Disposiciones generales”, cuya función es “cumplir con los objetivos y fines del Sistema Integral de Regalías”.

Además, sobre el principio de publicidad del proceso, la Procuraduría indicó que, en la sesión del 5 de diciembre de 2018, coincidió el contenido objeto de discusión por los representantes a la Cámara y lo consignado en el artículo 38 de la ley que estableció el presupuesto del Sistema Integral de Regalías. “No se evidencia que la referida plenaria desconociera el objeto del debate ni que sobre el particular adoptara un texto diferente al sometido a su discusión”, expuso el Ministerio Público.

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