Corte Constitucional ya terminó de revisar las normas aprobadas por “fast track”

Este miércoles el alto tribunal le dio su visto bueno a la Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuario. La ley de procedimiento de la JEP está siendo estudiada, pero por una demanda que presentaron organizaciones sociales.

Óscar Pérez - El Espectador

El procedimiento legislativo especial, mejor conocido como fast track, se aprobó y utilizó en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para implementar el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc, en la mitad del tiempo necesario normalmente. La ley de Amnistía, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la prohibición del paramilitarismo, el blindaje del Acuerdo, entre otros, fueron algunas de las iniciativas aprobadas y que pasaron por el examen automático en la Corte Constitucional.

Este miércoles, la Sala Plena del alto tribunal terminó de revisar los 46 leyes, actos legislativos y decretos (expedidos por el Gobierno también en menor tiempo) que se expidieron en total. El último expediente era la Ley 1876 de 2016 que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y que, según el gobierno, permite dar asistencia técnica a productores. La Corte dio su visto bueno a la mayoría de los artículos y, con esto, vía libre a un sistema está integrado por los subsistemas nacionales de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, de extensión agropecuaria de formación y capacitación para la innovación en ese campo.

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En materia de paz, la Corte Constitucional tiene pendiente el estudio de la Ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no fue aprobado vía fast track sino por el trámite normal en el Congreso. Esta ley que tiene varios elementos polémicos fue demandada por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia. Uno de ellos es la creación de un procedimiento “especial y diferenciado” para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado.

 La propuesta que finalmente fue aprobada, en la práctica dispone un término de 18 meses para que el Gobierno y el Congreso presenten ese procedimiento. Para el gobierno anterior esto es innecesario, porque ya existe unas reglas de juego en ese sentido. Y la demanda, pide declarar este artículo inconstitucional. El caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes Cuartas quien ya recibió varios conceptos al respecto, como el de la Jurisdicción Especial para la Paz.

(En contexto: Demandan ante la Corte Constitucional la Ley de procedimiento de la JEP)

En concepto conocido por El Espectador, la presidente de la JEP, magistrada Patricia Linares, solicitó a la Corte tumbar este artículo porque implica que los procesos contra militares que se acogieron a esa justicia especial quedan suspendidos, manteniendo ellos, por al menos 18 meses los beneficios del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y para la Linares es claro que ese mandato de crear ese procedimiento en esos meses no es ni un mandato, ni obligatorio. “La disposición demandada introduce un abismo temporal amplio y de fronteras indefinidas entre estas normas de procedimiento y las que presunta y eventualmente expida el Congreso para aprobar el procedimiento especial y diferenciado para miembros de la fuerza pública”.

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La JEP además señaló que este nuevo trato para los miembros de la Fuerza Pública “erosiona la confianza de quiénes ya tienen reglas de procedimiento, pues pueden temer un tratamiento desigual en el evento de una legislación tardía o que los ponga en situación de desventaja. Además, amenaza la consolidación del proceso de paz, y deja a los propios miembros de la Fuerza Pública en una situación de incertidumbre”. En contra parte, el ministerio de Justicia plantea que la norma no presenta “vicios de forma y Acore indica que la norma demandada lo que garantiza, a su juicio, es que “la institucionalidad no se vea desdibujada y no se termine equiparando a quienes decidieron tomar el camino de las armas y la violencia en grupos al margen de la ley, con un plan criminal real”