Corte decidirá traslado de proceso Agro Ingreso Seguro a Santa Marta

La familia Dávila Abondano señaló que tiene que por razones de jurisdicción no puede ser un juez de Bogotá el que adelante el juicio.

El juez 25 de conocimiento determinó que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que decida si traslada o no a un juzgado de Santa Marta el proceso que se adelanta contra tres miembros de la familia Dávila Abondano y cuatro de sus trabajadores por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro.

La solicitud fue hecha este viernes por la defensa de los empresarios samarios, quienes argumentaron que las solicitudes para obtener dichos recursos agrícolas se hicieron para sus fincas ubicadas en el departamento de Magdalena y no en Bogotá, por lo que por jurisdicción el proceso no puede seguir siendo adelantado por un juez de la República.

En este sentido argumentaron que los documentos presentados ante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) eran para conseguir recursos para fomentar actividades de riego y drenaje para sus fincas Las Mercedes y Cimarronas ubicadas en Santa Marta.

Ante esto, el fiscal anticorrupción, Martín Moreno Sanjuán manifestó que ya en una oportunidad la familia Vives Lacoutere, la cual también recibió millonarios subsidios del programa bandera del Ministerio de Agricultura, había hecho la misma solicitud, la cual fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

“La sede del IICA, entidad que firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura por el que se entregaron los subsidios, se encuentra en Bogotá y fue aquí en donde se estudiaron, analizaron y aprobaron los proyectos (…) el hecho de quelas familias estuvieran en diferentes partes del país, no significa que el proceso se deba atomizar y trasladar a diferentes ciudades del país”, aclaró la defensa.

Según la investigación los hermanos Alfonso, Juan Carlos y Alberto Davila Abondano en compañía de Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díaz-Granados, Jesús Antonio Carreño Granados y Manuel Guillermo Barrios del Ducca recibieron 2.500 millones por parte del IICA a nombre del grupo Daabon, sin embargo, luego de que estalló el escándalo reembolsaron dichos subsidios.

La Fiscalía acusó formalmente a estas personas por los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación.