Corte dejó en firme condena contra exjueza de Ibagué por 'carrusel de las pensiones'

La funcionaria judicial fue condenada a 21 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.

Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 21 años y 10 meses de prisión emitida en contra de la exjueza quinta penal de la capital del Tolima, Luz Stella Ramírez Vargas procesada por el denominado ‘carrusel de las pensiones’, desfalcando a Cajanal, Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

El alto tribunal rechazó los argumentos esgrimidos en la acción judicial y confirmó integralmente la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que la sentenció como coautora responsable del concurso de delitos constitutivos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción el 5 de marzo de 2014.

En este caso se consideró que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir que la funcionaria judicial benefició con cerca de 1.230 millones de pesos a un grupo de sus amigos ordenando el pago de pensiones de las cuales no eran merecedores. Igualmente se negó la petición para otorgarle el beneficio de detención domiciliaria por lo que seguirá privada de su libertad en la cárcel de La Picaleña. 

Con la ayuda de un grupo de abogados y otro grupo de funcionarios de la Rama Judicial, al despacho de Ramírez Vargas siempre llegaban varias acciones de tutelas en las cuales se exigía el pago de multimillonarias pensiones. Rápidamente la juez fallaba y le ordenaba a las empresas el reajuste salarial para los accionantes.

En la investigación adelantada por la Fiscalía General, y que llevo a su captura jueza en noviembre pasado, la jueza habría aprovechado sus contactos e influencia social para “cuadrar” el reparto de las acciones de tutela y cobrando una importante comisión siempre aceptaba las pretensiones de las mismas.

Los casos más representativos en donde se probó el fraude de la juez son: el de María Cristina Remolina a quien le reconocieron el régimen de transición pensional por lo cual la juez Ramírez le ordenó el pago de 117 millones de pesos a los cuales no tenía derecho como accionante. Otro caso relevante fue el de Luis Francisco Melo, con quien paso la misma situación que la anterior donde le reconocieron 531 millones de pesos a los cuales no tenía derecho legal.

En su decisión, el magistrado de la Sala Penal consideró que la funcionaria judicial había incurrido en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción, por lo que Además le ordenó el pago de una multa de 356 millones de pesos.

“La funcionaria Ramírez Vargas conocía que bajo promesa remuneratoria aceptada, estaba ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales y a pesar de ello quiso hacerlo”, precisa uno de los apartes de la sentencia, en la cual se calificó como reprochable e indigna la actuación de la funcionaria judicial.

En el desarrollo del juicio la procesada aceptó su responsabilidad en dos de los delitos imputados, por lo que además se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecen la participación de otras personas en estos hechos abiertamente ilegales.