La Corte IDH y el caso Plazas Vega

La Corte Suprema de Justicia define si condena o no al excomandante de la Escuela de Caballería por el holocausto del Palacio de Justicia. No se descarta que la sentencia de la CIDH por estos hechos afecte este proceso.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega. / Gabriel Aponte-El Espectador

El Gobierno ha dicho que la condena contra Colombia por el holocausto del Palacio de Justicia no va a afectar el proceso penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el excomandante de la Escuela de Caballería, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por estos hechos. Pero no es descabellado pensar que la lectura que el alto tribunal —que ya cuenta con una copia de esta sentencia entregada por los familiares de los desaparecidos en el holocausto— tenga de la sentencia de la Corte Interamericana va a incidir en la decisión de si avala o no la ponencia presentada por el magistrado Luis Guillermo Salazar, en la que se pide absolver a Plazas por falta de pruebas.

Aunque la Corte Interamericana reconoce que no es un juez penal y que, debido a que muchos de los fallos no han sido reconfirmados, no puede referirse a la responsabilidad individual de agentes del Estado que hayan participado en la retoma del Palacio de Justicia, no deja de hacer varias referencias al proceso contra el coronel (r) Plazas Vega, a quien identifican como el entonces comandante de la Escuela de Caballería.

En la sentencia, por ejemplo, se hacen varias referencias a la decisión del Tribunal de Bogotá en la que se condenó a Plazas a 30 años de prisión. Una de ellas con respecto a un tema que ha sido clave en este proceso: los testigos contra Plazas. En el fallo se les da plena credibilidad a dos declarantes a los que el abogado del uniformado, Jaime Granados, se ha referido como mendaces y amañados: Tirso Sáenz y Édgar Villamizar.

El primero, un cabo segundo que se encontraba detenido en esos momentos en la Escuela de Caballería y el segundo, un miembro en retiro del Ejército. De hecho, la CIDH se basa en el testimonio de Villamizar para concluir que todo apunta a que Carlos Rodríguez Vera —uno de los 10 desaparecidos del Palacio— murió en la Escuela de Caballería, comandada en ese entonces por Plazas Vega, producto de las torturas infringidas.

La CIDH recuerda que el juez de primera instancia no les dio validez a estos testimonios porque “resultaban evidentes las contradicciones e inconsistencias con su propio dicho”. Pero agregó que en segunda instancia fue distinto y el Tribunal sostuvo que “cuando se involucran agentes estatales, los testigos de oídas cobran especial fuerza dada la forma clandestina y compartimentada de los responsables (…) Por tanto, cuando este militar narra que escuchó de boca de un par suyo lo que ocurría con algunos rehenes del Palacio de Justicia que fueron trasladados hasta la Escuela de Caballería, debe dárseles credibilidad a tales afirmaciones, porque encajan con todo el arsenal probatorio acopiado y que da cuenta clara de los hechos y de la responsabilidad del procesado”.

Además, dice la CIDH, el Tribunal de Bogotá en su decisión “consideró que no hay razón para invalidar la percepción directa del declarante, aunque genere ciertas dudas la información referida por terceras personas. La Corte coincide con el razonamiento realizado por el Tribunal Superior de Bogotá y no encuentra elementos para descartar credibilidad a dicha declaración”. Mejor dicho: que estos testimonios no pueden ser invalidados de buenas a primeras.

La CIDH le dio validez, igualmente, al testimonio de Ricardo Gámez, cuestionado seriamente tanto por la defensa de Plazas como por el Estado. Este exagente de inteligencia sostuvo en un escrito de 1989 que “el coronel (en referencia a Plazas) se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor (Carlos) Rodríguez por cómplice”. La CIDH dice, con respecto a los cuestionamiento de Colombia, que “el Estado no ha probado que el testigo tenga un interés en el litigio del presente caso ante la Corte Interamericana. Asimismo, tampoco es prueba suficiente para desvirtuar los dichos del testigo la alegada falta de vinculación del mismo con el Ejército”.

Lo mismo ocurre con las declaraciones de José Rubiano Galvis, un hombre que fue torturado porque sospechaban que era del M-19 y quien hace parte de las personas a indemnizar por cuenta de la condena de la CIDH. Galvis dijo que fue detenido en Zipaquirá (Cundinamarca) y luego trasladado a la Escuela de Caballería, “donde nuevamente fue sometido a múltiples maltratos físicos para que ‘confesara’ su colaboración con el M-19. Después de esto, fue encerrado en unas caballerizas hasta el día siguiente, cuando fue trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá”.

Todo esto lleva a la CIDH a dos conclusiones que pueden aludir a Plazas. Primero, que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio o colaborar con el M-19, y que estas fueron trasladadas a la Escuela de Caballería y al Batallón Charry Solano. Y que —parafraseando al Tribunal de Bogotá— “antes, durante y después de los hechos del Palacio de Justicia, la Escuela de Caballería fue utilizada como centro para la práctica de acciones inconstitucionales por los agentes estatales, las que no solamente se patentizan en privaciones ilegales de la libertad, sino que han trascendido al ámbito de los delitos de lesa humanidad, al abarcar torturas y desapariciones forzadas”.

Tanto los familiares de los desaparecidos como la defensa del coronel (r) Plazas han preferido no referirse en profundidad a las posibles consecuencias que el fallo de la CIDH pueda tener en el proceso contra el uniformado. Los familiares han dicho que esperan que la Corte tenga en cuenta el fallo de la Corte Interamericana, “donde se les da validez a muchas de las pruebas que sustentaron la condena contra Plazas”, y falle “en derecho”.

Por su parte, el abogado Jaime Granados ha dicho que va a esperar hasta que la Corte tome una decisión para pronunciarse. Muy seguramente el alto tribunal sólo estudiará el próximo año la ponencia presentada por su vicepresidente, el magistrado Salazar, en la que se pide absolver a Plazas. La controversia entre quienes ven en Plazas a un protagonista del holocausto y quienes lo ven como un chivo expiatorio, persiste.

 

 

[email protected]

@juansjimenezh