Corte llamó a juicio a la senadora Piedad Zuccardi por 'parapolítica'

La congresista es investigada por presuntamente recibir apoyo de los paramilitares que delinquían en Bolívar.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la senadora Piedad Zuccari por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares que delinquían en el departamento del Bolívar.

En el proceso, la congresista tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir agravado puesto que habría recibido apoyo de dicho grupo armado ilegal para llegar al Senado de la República. (Ver Piedad Zuccardi: no tuve nexos con 'paras')

En la etapa de recolección de pruebas, el alto tribunal escuchó las declaraciones de varios exmilitantes del Bloque Norte de las AUC, además de un grupo de excongresistas, entre los que se destacan Hugo Atencia y Javier Cáceres, y Andrés Ricaurte Armesto.

Así como los testimonios de los excomandantes paramilitares Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ y Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique'.

Piedad Zuccardi se encuentra privada de la libertad en el Centro de Estudios de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá desde el pasado 24 de febrero.

En la Sala celebrada este lunes la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrirle investigación penal a los congresistas Eduardo Enriquez Maya y Myriam Paredes, quienes enfrentaban una indagación preliminar por presuntos nexos con grupos paramilitares.

El expediente Zuccardi

Durante tres años, a partir de junio de 2010, el nombre de la senadora Piedad Zuccardi de García empezó a sonar en la Corte Suprema de Justicia. Con sustento en tres declaraciones del jefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, el alto tribunal decidió investigarla dentro del denominado escándalo de la parapolítica. Desde el pasado 24 de febrero está detenida en el Centro de Estudios de la Policía en Bogotá y, al terminar la etapa de la recolección de pruebas, la Corte está a las puertas de decidir si la llama a juicio.

Ella sostiene que todos los testigos que han declarado para su expediente son personajes de oídas o indirectos, que a ninguno le constan alianzas suyas con las autodefensas y que las únicas reuniones en las que participó y estaban presentes jefes del paramilitarismo se hicieron en el contexto del proceso de paz de la era Uribe y debidamente autorizadas. Alega que las informaciones de los medios en su contra han sido manipuladas y que ha sido víctima de juicios paralelos para involucrarla en acuerdos con grupos al margen de la ley.

Nacida en Sincelejo (Sucre) en 1952, comunicadora social de profesión, a los 20 años contrajo matrimonio con el empresario Juan José García Romero y se radicó en Cartagena. Mientras ella se dedicó a las relaciones públicas y la gestión turística, él se vinculó a la política. En 1982, García salió electo al Senado y durante cuatro períodos ocupó curul en el Congreso por el departamento de Bolívar. Por la misma época, su cuñado Álvaro García también incursionó en la actividad electoral y pronto se convirtió en el cacique liberal de Sucre.

A mediados de los años 90 empezaron los dilemas. Cuando estalló el escándalo de los narcocasetes, la mención de El Gordo García en una de las conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Rodríguez Orejuela, enfocó los reflectores en Álvaro García. Sin embargo, el que resultó investigado y absuelto fue su hermano Juan José. Aún así, debido a un proceso en su contra por malversación de auxilios parlamentarios, decidió dejar la política. Fue entonces cuando su esposa Piedad Zuccardi entró a reemplazarlo.

A nombre de la Nueva Fuerza Liberal, que encabezaba su esposo en Bolívar, Piedad Zuccardi llegó al Senado en 1998. Cuatro años después apoyó la disidencia de Álvaro Uribe y se convirtió en una de sus aliadas en la región del Caribe. De hecho, en 2006, ya en el Partido de la U, fue clave para la reelección de Uribe. En 2010 su capital político llegó a 75.450 votos, una de las más altas votaciones en el Senado. No obstante, desde esa misma época empezaron a correr los rumores de que tarde o temprano iba a ser vinculada a la parapolítica.

En marzo de 2012, después de acopiar distintos testimonios e inspecciones judiciales y por solicitud que su abogado hizo 16 meses atrás, la senadora Piedad Zuccardi fue escuchada en versión libre. Tres meses después la Procuraduría le pidió a la Corte que se inhibiera de investigarla bajo la consideración de que no existían elementos de juicio razonables, “ni siquiera un leve indicio”, que le permitiera a la justicia inferir que la congresista hubiera celebrado alianzas con paramilitares para que la apoyaran en su aspiración electoral.

En vez de acoger la solicitud del Ministerio Público, la Corte ordenó trasladar pruebas de otros expedientes, hasta que en febrero de 2013 consideró que tenía suficientes evidencias para investigarla formalmente. Por considerarla un peligro para la sociedad, después de escucharla en una extensa indagatoria, el alto tribunal le dictó medida de aseguramiento en su contra. Desde ese momento el caso Zuccardi constituye uno de los procesos cruciales de la parapolítica, aunque ella insiste en que no existe una sola prueba directa en su contra.

En la medida de aseguramiento, expedida por la Corte el pasado 5 de marzo, el alto tribunal expuso sus razones. Tras un recuento histórico de la forma como el bloque Montes de María de las autodefensas fue ampliando su radio de acción en los departamentos de Bolívar y Sucre, llegó a la conclusión de que es el mismo derrotero de los hermanos García o del exgobernador Salvador Arana, todos condenados. La Corte Suprema cree que también Piedad Zuccardi se ligó al trasegar del paramilitarismo.

El primer señalamiento tiene que ver con dos reuniones que, según Diego Vecino, se llevaron a cabo con Juan José García para discutir aspectos relacionados con la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar en 2003. El otro candidato era Libardo Simancas, a quien apoyaban Enilce López, alias La Gata, y Alfonso Ilsaca, conocido como El Turco. Al final, según lo declaró el jefe paramilitar Ernesto Báez, la organización ilegal apoyó a López Cossio, quien tenía el respaldo de Juan José García y su esposa Piedad Zuccardi.

En una declaración aportada en julio de 2009, Húber Bánquez, alias Juancho Dique, aseguró que Juan José García financió la campaña de López Cossio y que de paso se logró el proyecto de las autodefensas de asegurar la elección de Piedad Zuccardi. En otras palabras, la Corte consideró que la actividad de los grupos paramilitares en Sucre y Bolívar estuvo conectada al quehacer político de la familia García-Zuccardi. La congresista ha reiterado una y otra vez que su apoyo a López Cossio sólo se dio a última hora y sin presencia en sus giras.

En desarrollo de la investigación hay dos reuniones que podrían comprometer a Piedad Zuccardi. La primera, según Ernesto Báez, realizada en Pueblito Mejía, para apoyar a López Cossio; y la segunda en el corregimiento de Ñanguma, del municipio de María la Baja, la casa de las autodefensas en Bolívar. En ambos casos la congresista ha dicho que nunca asistió a tales reuniones y que su campaña política en 2002 se concentró más en Cartagena, donde su interés fue apoyar a Luis Guillermo Martínez, quien no salió electo.

La Corte mencionó otros encuentros. En la finca Los Manguitos o en el sitio Casaloma del municipio de Arjona (Bolívar). Incluso que Piedad Zuccardi llegó a reunirse con Carlos Castaño. Sobre las primeras la congresista asegura que son testigos de oídas porque ella nunca estuvo y que los encuentros con Castaño fueron reuniones institucionales de Senado, de la misma manera como se hicieron con dirigentes del Eln en la cárcel de Itagüí. La Corte consideró que prevaleció más el interés por impedir un despeje para el Eln en el sur de Bolívar.

En desarrollo de la indagatoria, a la senadora Zuccardi le preguntaron por el congresista Javier Cáceres, a lo que respondió que cuando lo conoció ella ya estaba en la política. Además refirió que no fue testigo de ninguna reunión suya con las autodefensas. En cuanto a los contactos con Carlos Castaño, insistió que lo hizo acompañando a Luis Carlos Ordosgoitia, quien contaba con el aval del gobierno Pastrana. Fueron ocho congresistas y los términos de la conversación tuvieron que ver con acercamientos para posibles diálogos de paz.

En términos generales, la defensa de la congresista sincelejana apunta a señalar que ninguno de los testigos que la han mencionado la vieron físicamente en reunión alguna. Tampoco a su esposo. Además dice que los informes de policía judicial que evalúan sus resultados electorales son equivocados. En particular, Piedad Zuccardi se ha quejado de que la prensa quiera obrar como juez. En su defensa, recalca que el procesado Aleider Soto, alias El Primo, declaró que son los medios los que han creado el vínculo entre Zuccardi y los ‘paras’.

Cierto o no, la hora cero para la congresista Piedad Zuccardi se aproxima, pues acaba de cerrarse la etapa de pruebas, dentro de la cual se recaudaron cerca de 45 testimonios en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. La senadora insiste en que sus votaciones no tienen contaminación alguna, que no existe ningún testimonio que de manera cierta y certera la comprometa y que ni ella ni su esposo, Juan José García, han promovido, auspiciado o financiado grupos al margen de la ley, porque sus convicciones siempre han sido estar al lado de la defensa del Estado de Derecho.

Hace un año la senadora Zuccardi y ocho congresistas más afrontaron una demanda de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias en el trámite del proyecto reeleccionista de 2009. En esa ocasión, el Consejo de Estado les dio la razón a los legisladores. Un informe reciente del portal La Silla Vacía y una columna de opinión del periodista Daniel Coronell sostienen que su nombre ha sido mencionado en cuestionados negocios en el sector salud. Ella afirma que son falsedades. Lo real es que la Corte Suprema se apresta a aportar la última palabra.

Lo que dijo Salvatore Mancuso sobre el caso

En una declaración de 24 páginas, tomada por investigadores de la Corte Suprema de Justicia el 27 de marzo de 2012, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, recluido en una cárcel de Virginia (Estados Unidos), declaró sobre los supuestos vínculos de la organización con la senadora Piedad Zuccardi.

Según el jefe paramilitar, hubo una reunión conocida como la del Caramelo. Allí acudieron varios políticos en razón a que existía una alianza entre el bloque Central Bolívar y algunos ciudadanos que no estaban permitiendo hacer proselitismo en el departamento de Bolívar. Mancuso explicó que varios de ellos fueron a plantear el tema y afirmó que allí no estuvo la senadora Zuccardi. En la declaración Mancuso indicó que la parlamentaria sí asistió a otra reunión, pero el propósito fue adelantar conversaciones para un proceso de paz. “Nosotros tuvimos acercamientos con parlamentarios, la congresista Zuccardi asistió a una de esas reuniones”.

El testimonio del exsenador Javier Cáceres

El pasado 24 de junio de 2013 el exsenador Javier Cáceres dio su versión de los hechos sobre el caso Zuccardi. Según el exparlamentario, “mientras estuve en libertad nunca creo haber tenido con la doctora Piedad Zuccardi ningún tipo de unión para apoyar políticamente a que llegara por ejemplo un alcalde o un gobernador en la ciudad de Cartagena, que yo recuerde nunca”.

Los investigadores también le preguntaron a Cáceres sobre la aparición de un audio en donde se habla del supuesto pago de unos dineros: “Es que usted le comenta que Juancho García pagó una plata y Atencia le dice que Zuccardi y Juan José García están en la lista y que tiene que andar buscando limpiarse, porque Juancho Dique dice que Juan José García estuvo con López Cossio reunidos con él y le llevaron un gallo Camagüey”. Al respecto el exsenador Cáceres se abstuvo de responder argumentando que tenía una investigación previa en la Corte y se podía afectar.

 

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