Corte ordenó la restitución de tierras a campesinos de la hacienda Guacamayas

Entre 1995 y 1999 hombres de las autodefensas al mando de Raúl Emilio Hasbún, alias "Pedro Bonito" cometieron diversos crímenes en la región. / Archivo.

Bajo la ponencia del magistrado Fernando Castro, la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución de tierras a siete familias campesinas del municipio de Turbo, Antioquia que fueron desplazadas tras la incursión de los paramilitares en la zona. De acuerdo con el alto tribunal, la venta de los bienes se hizo como consecuencia del “temor que originó la incursión violenta del grupo paramilitar comandado por Raúl Emilio Hasbún (alias Pedro Bonito) durante los años 1996 y 1997, en la vereda Guacamayas del municipio de Mutatá- Antioquia”.  

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De acuerdo con la sentencia, el Estado está en la obligación de proteger a las víctimas de delitos, y más aún, si son cometidos en el marco del conflicto armado por grupos como las Autodefensas. El 21 de abril de 2017, el Tribunal Superior de Medellín negó las solicitudes de restitución de tierras presentadas por la Fiscalía al considerar que las pruebas recaudadas permitían concluir que no se presentó ningún acto ilícito en las ventas de los predios reclamados.

Sin embargo, la Corte revocó esta decisión argumentando que el conflicto ocurrido en la población de Mutatá (Antioquia) es un “hecho notorio”. “Esta indiscutida realidad se ve resaltada con todos los medios cognitivos referidos en precedencia y da lugar a reafirmar la conclusión que se anticipó acerca de la incidencia negativa que, en el devenir cotidiano de todos los ámbitos de los habitantes de Urabá, tuvo el accionar del grupo de autodefensas al mando de Raúl Emilio Hasbún, cuyos integrantes cometieron indistintos y repetitivos actos de violencia entre los años 1995 y 1999”, se lee en la sentencia.

Por tal razón, ordenó la restitución de los bienes que se encuentran en manos de la empresa Inmobiliaria e Inversiones ASA S.A mediante la transferencia de los derechos de dominio de todas las negociaciones a las familias afectadas. Para el alto tribunal era necesario que la empresa inmobiliaria demostrara “que el derecho fue adquirido con conciencia y certeza de que provenía de su legítimo dueño; que se actuó con prudencia y diligencia sumas que hacían imposible descubrir su verdadero origen; y que la negociación se hizo con apego a las exigencias legales”.

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En junio de 2016, hombres armados que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia incursionaron en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo y amenazaron a los reclamantes de tierra exigiéndoles que abandonaran la zona.