Derecho a morir dignamente

Corte pide investigar a EPS que pongan trabas en procedimientos de eutanasia

El alto tribunal hizo un fuerte llamado de atención por las falencias para aplicar la normatividad existente en este tipo de casos.  

La Corte Constitucional le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía y la Procuraduría General adelantar las investigaciones necesarias frente a las denuncias que existen frente a las trabas administrativas que imponen las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para atender casos relacionados con la eutanasia. (Ver: Minsalud explica en detalle cómo se aplicará la eutanasia en Colombia)

El pronunciamiento se hizo al resolver una acción de tutela presentada por la familia de una mujer que buscaba que se le reconociera su derecho a morir dignamente luego que los tratamientos para atender una grave enfermedad no fueran efectivos. En la acción judicial se indicaba que tanto el médico tratante y la Clínica no atendieron su petición.

Los familiares de la mujer aseguraron que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud y a la muerte digna, puesto que pese a la existencia de normas claras frente al tema siempre recibieron una negativa. En el análisis jurídico, la Corte consideró que en efecto existieron falencias.

Para el alto tribunal, la falla en la aplicación de las normas afectó a la familia y a la mujer, por lo que dio un plazo para corregir estos errores. “Su labor –en referencia al Ministerio de Salud-no se limita a la expedición de normas sino además a la verificación de su efectivo acatamiento”. Por estos hechos le pidió a la Nueva EPS ofrecerle excusas públicas a la familia de la mujer.

Para la Corte “el derecho a morir dignamente ha sido reconocido en nuestro país como un derecho fundamental y autónomo (…) constituye un trato cruel el obligar a un sujeto a subsistir en medio de padecimientos que afectan su vida en condiciones dignas”. (Ver: Magistrado Luis Ernesto Vargas lanza "pulla" al Congreso por no haber regulado la eutanasia)

En el extenso fallo se restalta que "la decisión de una persona de morir dignamente supone el deber del Estado de garantizar las condiciones para que dicha decisión corresponda al querer del sujeto, sin prolongar su existencia y aflicciones cuando no lo desea".

Por esto hizo un llamado de atención frente a la falta de regulación para la aplicación de la eutanasia en Colombia “que permita determinar con claridad todos los presupuestos bajo los cuales debe ser garantizado” por lo que pidió al Congreso tomar cartas en el asunto.