Corte ratificó condena contra excongresista William Montes por parapolítica

El exreprsentante a la Cámara había alegado violación al debido proceso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a siete años y medio de prisión en contra del excongresista William Montes por sus nexos con los paramilitares.

Esta decisión se tomó a raíz de un recurso jurídico presentado por la defensa del exrepresentante a la Cámara en la que alegaba que se le había violado el debido proceso.

El alto tribunal rechazó la tutela, argumentando que no se puede por vía de tutela refutar las evidencias y pruebas que sirvieron para condenar a Montes.

El excongresista fue encontrado responsable del delito de concierto para delinquir agravado por su activa participación en la firma del llamado pacto de Ralito, en el 2002, en el cual los grupos paramilitares buscaban “refundar la patria”.

Por estos hechos fue sentenciado por la Corte Suprema al hallarlo culpable de haberse aliado con los dicho grupo armado ilegal y apoyar así el proyecto político y económico en todo el país.

Igualmente, señala la Corte, en 2003 se habría reunido con un grupo de comandantes paramilitares en el corregimiento El Caramelo (municipio Tierralta, Córdoba) para discutir temas relacionados con la elección del candidato a la Gobernación de dicho departamento.

El largo proceso

En agosto de 2008 el ex parlamentario había sido absuelto por el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá, que había conocido el proceso, luego de que el acusado renunciara a su fuero constitucional, para evitar que fuera la Corte la que lo juzgara en una única instancia.

Pese a que el dirigente había sido uno de los firmantes del llamado Pacto de Ralito (Magdalena) en 2001, el operador jurídico consideró que no había pruebas suficientes para considerar que había establecido una alianza con los paramilitares, especialmente en virtud de los testimonios de los ex comandantes de Autodefensas Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y de Salvatore Mancuso.

La determinación había sido apelada por la Fiscalía General de la Nación y estaba en manos del Tribunal Superior de Bogotá la decisión en torno a la confirmación de la sentencia absolutoria o su revocatoria.

La Sala Penal de la Corte, no obstante, volvió a poner de presente la posición jurisprudencial asumida el 15 de septiembre de 2009, cuando decidió retomar la competencia para juzgar a los ex congresistas que, habiendo renunciado a su fuero parlamentario, estuvieran incurso de procesos penales relacionados con las funciones propias de su cargo como servidores del Estado.

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