Corte rebajó condena contra exdirectora de operaciones del DAS por "chuzadas"

El alto tribunal fijó la sentencia de Martha Leal en siete años y nueve meses de prisión. La decisión cobija a otros cinco exfuncionarios del organismo de seguridad.

Por un tecnicismo jurídico la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le rebajó la condena a la exdirectora de operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Martha Inés Leal Llanos en el proceso penal que se le adelantó por su responsabilidad en el denominado escándalo de las ‘chuzadas’.

El alto tribunal tomó esta decisión al casar parcialmente el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en contra de la exfuncionaria del DAS dentro del procedimiento que se le adelantó por los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantados a un grupo predeterminado de personas en el 2004.

La Corte cesó el procedimiento por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y violación ilícita de comunicaciones. Debido a esto fijó la pena en 93 meses (siete años y nueve meses de prisión) y la inhabilidad para ocupar cargos públicos en el mismo término. 

Resalta el fallo de la Sala de Casación que en las sentencias de primera y segunda instancia no se tuvo en cuenta que la Fiscalía General abrió en 2009 la respectiva investigación por los hechos registrados en 2004 por oficio tras conocer un informe periodístico sobre el escándalo de las “chuzadas del DAS”.

Ignorando que los delitos de acto arbitrario e injusto y violación ilícita de comunicaciones tenían el carácter de querrellables, es decir se tenía que presentar la respectiva denuncia. En el debate jurídico la Corte Suprema determinó que estas acciones no fueron presentadas ante las autoridades.

Esta decisión cobija además a  la exdirectora de contrainteligencia del DAS, Jakceline Sandoval Salazar; el exsubdirector de operaciones, Hugo Daney Ortiz García; el exsubdirector de desarrollo tecnológico, Jorge Armando Rubiano Jiménez; el exdirector de inteligencia, Enrique Alberto Ariza Rivas; y el exsubdirector de operaciones, José Alberto Velásquez Sánchez.

Según la acusción de la Fiscalía General, estos seis exfuncionarios del DAS hicieron parte del grupo que ordenó la obtención de información privileagiada de un grupo de personas para adelantar una campaña de desprestigio. En ese grupo se encontraban magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

 

 


 

 

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