La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno un informe sobre los hechos que rodearon la muerte de la defensora de derechos humanos, Angélica Bello registrada el pasado 16 de febrero en el municipio de Codazzi en el departamento del Cesar.
El alto tribunal le solicitó a la directora de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, y al director de la Unidad Nacional de Protección una precisión sobre las gestiones que se adelantaron ante las solicitudes de reubicación de la defensora de derechos humanos.
En este sentido se indica que existen registros de estas solicitudes que aumentaron los días antes a su extraña muerte en la que se ha dicho que fue producto de un suicidio mientras que sus familiares y amigos más cercanos han señalado que pudo ser un asesinato. (Ver Se suicidó mujer víctima de violencia sexual de paramilitares)
La Corporación pidió además un informe completo sobre las actividades destinadas a la protección de las personas que conforman el grupo familiar de la líder de la Fundación Nacional de Defensores de Derechos Humanos quienes podrían estar en situación de vulnerabilidad.
Además se le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General un informe sobre los avances de las investigaciones por las amenazas y los homicidios que han sido víctimas los líderes de organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos.
Vale recordar que en las últimas semanas varios organismos “rajaron” al Gobierno Nacional en los temas relacionados con la protección de la población desplazada y los defensores de los derechos humanos.