Corte Suprema admite testimonios en caso del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, destituido en 2010 por participar de manera indebida en la campaña política del entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias / Archivo El Espectador

Foto: El Espectador

El mandato polémico de Juan Carlos Abadía, como gobernador del Valle del Cauca durante 2008 a 2010, empieza a desenredarse en la Corte Suprema de Justicia. Luego de ser destituido por participar indebidamente en política, es investigado por presuntamente favorecer a terceros -por más de $810.000 millones- a través de un contrato de compra y distribución de textos escolares para 40 establecimientos educativos, en 10 municipios del departamento. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, tras un proceso que sigue su curso una década después, aceptó la inclusión de tres testimonios para la audiencia preparatoria de juicio.

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Todo empezó el 29 de enero de 2010, cuando el exgobernador Juan Carlos Abadía y el entonces secretario de Educación Departamental, Élber Gustavo Navarro, suscribieron el contrato de cooperación de interés público N°110 con la fundación Calimío, por un valor de $1.072 millones, cuyo objetivo fue abastecer de textos escolares a 40 establecimientos educativos. Sin embargo, tal fundación en realidad compró los elementos por un valor de $182 millones, subcontratando a diferentes editoriales como Larousse, Durán Ltda y Océano de Colombia. De acuerdo con la Fiscalía, en manos de terceros habría caído más del 70% del dinero público.

Tuvieron que pasar siete años para que las autoridades avanzaran con la investigación, pues el 6 de marzo de 2017 la Fiscalía imputó al exgobernador Abadía por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimientos de requisitos legales. En su momento, Juan Carlos Abadía se declaró inocente -posición que mantiene hasta la fecha- y el ente investigador, además, argumentó que el procesado habría intentado darle apariencia de legalidad a la contratación. Luego de tres años vinculado a un proceso formal, ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Abadía acaba de ganar un pulso por contar con más testigos para la audiencia de juicio.

Se trata de los delegados Orlando Pardo Castillo, gerente de comercial de la editorial Océano de Colombia; Jaime Durán Naranjo, representante legal del grupo editorial Durán Ltda; y Maritza Ivón Cortés, jefe de crédito y cartera de la editorial Larousse. Durante la audiencia de acusación por ambos delitos, llevaba a cabo el 28 de mayo de 2019, tanto la Fiscalía como el exgobernador presentaron sus pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Primera Instancia de la alta corte negó, en principio, los testimonios de estas tres personas, pero tras un recurso de reposición serán escuchados a favor de la defensa del exgobernador.

Para la defensa de Juan Carlos Abadía, fue necesario interponer tal recurso porque la Corte Suprema habría considerado repetitivo el testimonio de los tres testigos, cuando en realidad trabajan para empresas diferentes a las que se decretaron en principio. Para el procesado, la investigación giraría en torno a la actuación de la fundación Calimío, que a su vez subcontrató a las editoriales llamadas a declarar. “En esa medida, van a hablar de lo que corresponde a la transacción comercial que hicieron con la distribuidora que finalmente vendió los libros a la Gobernación del Valle, sobre su listado de precios y sus registros”, explicó la Corte Suprema en el documento conocido por El Espectador.

Además, el exgobernador del Valle pidió que fuera decretado el testimonio del abogado Juan Carlos Ramírez, quien podría rendir su concepto sobre contratación estatal a favor de la defensa del acusado. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema aseguró tajantemente que nadie puede hacer el trabajo que le corresponde como alto tribunal. “Resulta inaceptable que se pretenda ilustrar o brindar a la Corte, elementos para tomar una decisión adecuada o ajustada a derecho de cara al caso concreto, cuando ésta como máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y órgano de cierre, cuenta con los conocimientos necesarios para tal fin”, concluyó.

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Por último, Juan Carlos Abadía pidió a la Corte Suprema que contara con dos autos de la Contraloría Departamental del Valle, ambas de 2013, en las cuales se ordenó archivar el proceso de responsabilidad fiscal por el caso de los textos escolares. La alta corte consideró, como lo hizo antes del recurso de reposición, que los mismos magistrados son los encargados de valorar las pruebas que alleguen las partes y, por tanto, no se dejarán influenciar por decisiones tomadas por funcionarios de procesos distintos.

De acuerdo con la Sala de Primera Instancia, la acción fiscal -o disciplinaria- no puede tener injerencia en una investigación penal, dado que son procesos y normas diferentes. Para sostener este punto, por el cual no se contará con el concepto de la Contraloría, la Corte Suprema se amparó en la sentencia C-832 de 2002 de la Corte Constitucional: “La responsabilidad fiscal es distinta de la responsabilidad disciplinaria o de la responsabilidad penal que pueda generarse por la comisión de los mismos hechos que se encuentran en el origen del daño causado al patrimonio del Estado, que debe ser resarcido por quien en ejercicio de gestión fiscal actúa con dolo o culpa”.

Juan Carlos Abadía ha explicado en diferentes instancias judiciales que en su gobierno verificó el precio público y no ejecutó dineros a un precio mayor porque sería detrimento, ni a un precio menor porque ese era el precio determinado por la Nación. La defensa del exfuncionario ha consistido, básicamente, en decir que la fundación Calimío desarrolló un negocio entre particulares, dado que toda persona trabaja para obtener una utilidad. Es decir, según esta teoría del caso, los dineros recibidos por la organización contratada por la Gobernación del Valle habría sido producto de un modelo de contratación ajeno a la competencia de su mismo despacho.

Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia definirá nuevamente la fecha de audiencia preparatoria de juicio contra el exgobernador Juan Carlos Abadía, quien contará con tres nuevos testimonios para su defensa. Sin embargo, hay una pregunta que queda en el aire ¿Por qué el proceso recién está avanzando cuando los hechos datan de enero de 2010? La Fiscalía sostiene que la investigación de Abadía se frenó gracias a pactos económicos a favor del delegado Alfredo Betín y el exmagistrado Francisco Ricaurte, ambos investigados por el cartel de la toga: una “empresa criminal” dentro de la Corte Suprema que, a cambio de millonarios sobornos, se encargaría de entorpecer investigaciones judiciales contra altos funcionarios.

“Acordaron, por una parte, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir. Y, por otro lado, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”, expuso la Fiscalía en su hipótesis del caso contra el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, quien desde hace un año enfrenta juicio penal en la misma corporación en la cual fue presidente en 2008. Por su parte, el exgobernador Juan Carlos Abadía se ha declarado inocente por sus presuntos nexos con el cartel de la toga, en contraste con el senador del partido liberal Álvaro Ashton, quien confesó haber pagado $800 millones para que frenaran su investigación por parapolítica.