Corte Suprema condena y ordena capturar al excongresista Oscar Suárez Mira

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El alto tribunal le dictó una pena de seis años y cuatro meses de prisión por enriquecerse ilegalmente, así como de recibir dinero de Juan Carlos “El Tuso” Sierra para adelantar su campaña política para la Cámara de Representantes en 2002 y de varios jefes paramilitares para llegar al Senado en 2006. En esta sentencia quedó el testimonio de “El Tuso” indicando que financió a “Memo Fantasma”.

Una pena de seis años y cuatro meses de prisión le dictó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al excongresista Óscar Suárez Mira y ordenó su inmediata captura. La condena se dio por haber recibido dineros para su campaña a la Cámara de Representantes en el año 2002 del narcotráficante Juan Carlos El Tuso Sierra. Y por recibir el mismo apoyo, para su campaña al Senado en 2006, de parte de los jefes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, desmovilizados del Bloque Central Bolívar de las autodefensas.

Esta es la segunda condena que la Corte Suprema le dicta a Suárez Mira pues, en 2013, lo sentenció a nueve años de prisión (junto con el excongresista Fuad Rapag) por haberse aliado con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas. En concreto, por haber propiciado la llegada del grupo ilegal al nordeste antioqueño, región que históricamente sufrió las violencias paramilitares y de las guerrillas. Suárez Mira fue mencionado directamente por el excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, como uno de varios dirigentes de ese departamento que los respaldaron.

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En ese proceso, Suárez Mira fue condenado por el delito de concierto para delinquir y de ese caso inició el expediente que hoy vuelve a poner a las autoridades tras la pista de uno de los personajes más importantes de la política antioqueña y en especial de Bello, de donde fue alcalde entre 1995 y 1997. Aunque estuvo detenido en 2011, Suárez Mira tiene una orden de captura vigente desde el 5 de noviembre de 2016 cuando la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras acreditarse sus nexos con las organizaciones paramilitares, la Corte Suprema indagó por los apoyos económicos recibidos durante su trayectoria política y para llegar y permanecer en el Congreso, teniendo en cuenta los testimonios recibidos por el narcotráficante Juan Carlos Sierra Ramírez, quien fue expulsado de Justicia y Paz por hacerse pasar por paramilitar; así como de Ernesto Báez; Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; y de David Hernández López, alias Diego Rivera.

En el caso de la campaña para 2002, Suárez Mira recibió dineros de El Tuso Sierra a través de Daniel Alberto Mejía, alias Danielito, y Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias Rogelio, reconocidos jefes de la estructura criminal denominada la Oficina de Envigado. Ese dinero venía de actividades ilegales y así lo sabía Suárez Mira según la decisión de la Corte Suprema, luego de valorar el testimonio que rindió El Tuso en el proceso en junio de 2010, en el que mencionó el apoyo a Suárez; y de desestimar las posteriores retractaciones que hizo Ramírez en fechas posteriores.

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“De Óscar Suárez Mira yo no lo conocí, pero aporté dineros, ¿cómo aporté dineros?, a través de Daniel (...) En efectivo; cuando eran las campañas, ellos siempre Daniel, Rogelio, los que estaban manejando la Oficina, buscaban los amigos, caso mío, caso Fantasma, caso los Gallón, caso Perchi, caso José Piedrahíta, bueno, para mentarle algunos. Bueno necesitamos ayudarle a Óscar Suárez, necesitamos ayudarle a Jorge en Envigado necesitamos ayudarle a Mesa, en Itagüí necesitamos ayudarle a Moncada, bueno, ¿cierto?, y nosotros aportábamos dinero, ¿cuánto?, 40, 50, 60, $100.000.000 de pesos, depende de cómo estuviera la situación, eso era como un fondo para ayudarle a las campañas de los que ellos estaban apoyando”, aseguró alias El Tuso.

Otro elemento clave de esta sentencia es que recoge el testimonio entregado por Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, el 7 de junio de 2010, en la que da cuenta de cómo obtenía el dinero ilegal y menciona a Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, el narcotráficante que salió a luz pública por una investigación de Insight Crime y quien hizo un negocio con Hitos Urbanos, propiedad de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón.

Sierra Ramírez dijo: “Yo con (don) Berna ando desde 1994, por eso a mí me daba risa cuando los periódicos dicen: un narco colado, es que narcos éramos todos”. Los magistrados afirman en la sentencia que El Tuso, “describió el método que utilizaba para salir del país sin ser detectado, así como el conocimiento y nexos que tenía con personas dedicadas al tráfico de drogas como a. Memo Fantasma”.

La Corte también tuvo en cuenta como medio de prueba la existencia de una relación entre la Oficina de Envigado y el manejo de la política en Bello, pues alias El Tuso aseguró que uno de los hermanos de Óscar Suárez lo apoyó para legalizar los dineros utilizados en un proyecto productivo de reciclaje. “Participamos Daniel Mejía, Alemán, Botalón, MacGuiver y yo (…) nos costó como $300.000.000″, declaró. Se trata de Héctor Hernán Suárez Mira, quien fue subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) entre el 16 de mayo de 2002, y el 10 de enero de 2006 y entre el 4 de julio de 2006 y el 5 de agosto de 2007.

Según la sentencia, ese lapso coincide con el período en que Sierra Ramírez estuvo recluido en Prosocial en el municipio de La Ceja. “La detallada descripción del hecho analizada a partir de la probada estadía en Prosocial de Juan Carlos Sierra Ramírez y de Daniel Alberto Mejía permite inferir razonablemente que la asistencia de Héctor Hernán Suárez Mira, hermano del acusado, no se gestionó por medio de un trámite institucional, sino a partir de la orden impartida por Luis Eduardo (Zuluaga) Arcila, a. MacGuiver, excomandante de las autodefensas, que se cumplió al día siguiente de su comunicación -inmediatez que llama la atención-, y que la forma en que Sierra Ramírez marcó el acento en Daniel Alberto Mejía entre quienes dispusieron que “cuadrara” con a. El Tuso antes de proceder a la reunión, permite reafirmar el vínculo entre aquél y los hermanos Suárez Mira”.

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Un elemento importante en este caso es la Corte Suprema no encontró mediante pruebas periciales que Suárez Mira tuviera un incremento sin justificar en su patrimonio, por lo que la Procuraduría había pedido que no fuera condenado. No obstante, a Sala de Primera Instancia aseguró que esto no impide su sentencia. “(...) resultando obvio que Suárez Mira -con la ventaja de haber recibido efectivo según lo afirmó Sierra Ramírez-, conociendo el origen ilícito de los recursos no dejara huella de su manejo para evitar que fuera rastreado, con mayor razón si lo destinó para los gastos de la campaña política que lo llevó a la Cámara de Representantes en el año 2002″.

La campaña de 2006

En el caso de 2006, la Corte comprobó que Suárez Mira recibió dinero de Báez, Julián Bolívar y Macaco. La financiación se pactó la noche del 3 de marzo de 2006 en un hotel de Bucaramanga, lugar en el que se reunieron además de Suárez Mira, los entonces candidatos al Congreso Luis Alberto Gil Castillo, Óscar Josué Reyes y Alfonso Riaño Castillo; y los desmovilizados José Danilo Moreno Camelo, alias Alfonso quien se encargó de la entrega del dinero; Jairo Ignacio Orozco González, alias Tarazá y David Hernández López.

A este último, presidente de la Fundación Semillas de Paz en Bucaramanga (patrocinada por los desmovilizados) la Corte le dio plena credibilidad: “Del dinero, les afirmó, les hablaría Alfonso, quien al día siguiente le manifestó que enviaron $1.500.000.000. Resaltó que los excomandantes temían que en el futuro se cayera la Ley 975 de 2005 y fueran a parar todos a la Corte Penal Internacional y deciden que tenían “que poner políticos””, dice la sentencia. Los magistrados tuvieron en cuenta registros del hotel y los testimonios de los jefes paramilitares sobre el rol de David Hernández López.

A esto se suman las acciones ilegales que adelantó el abogado Ramón Ballesteros para lograr que Hernández López se retractara y en su lugar negara la existencia de la reunión, a través de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y encuentros personales. En uno de ellos, el abogado le manifestó a Hernández López que de no firmar el documento de retractación “Julián (Bolívar) arremetería contra su familia, precisándole que le transmitía lo indicado por aquel y que le enviaban $100.000 dólares, por lo que solo necesitaba que fueran al Consulado de Colombia para validar su firma”. El encuentro posterior fue filmado por agentes de la DEA.

“Resulta así incontrovertible, que la reunión en el Hotel de Bucaramanga, la noche del 3 de marzo de 2006, realmente ocurrió, de lo contrario, resultarían inexplicables y carentes de lógica la serie de acciones al margen de la ley ejecutadas por Ballesteros Prieto para intentar el cambio de versión del único partícipe que la reconoce, ofreciéndole a cambio una importante suma de dinero. La fortaleza de los argumentos que acompañan este razonamiento parte de la forma engañosa con que se logró contactar a Hernández López, que permanecía en los Estados Unidos de América como testigo protegido por la D.E.A. Y una vez develado el objeto del acercamiento, se utilizó además la amenaza contra la familia Hernández para lograr su cooperación”, dice el fallo.

Con estas pruebas, la Corte Suprema dijo que Óscar de Jesús Suárez Mira obtuvo para sí incremento patrimonial injustificado al recibir dinero proveniente del narcotráfico, por parte de integrantes de grupos de autodefensas o paramilitares. Ese patrimonio injustificado fue tasado en $250.000.000, por lo que se le impuso una multa de $500.000.000.

“Suárez Mira sabía en ambas ocasiones que el dinero provenía de los grupos paramilitares o de exintegrantes que apenas se desmovilizaron, ningún argumento podría llevar a una hipótesis aceptable de no conocer su origen ilícito. A pesar de ello lo recibió voluntariamente, incrementado su patrimonio de manera injustificada, para alcanzar ventajas en las contiendas electorales que finalmente lo llevaron en ambas ocasiones al Congreso de la República, como Representante a la Cámara en 2002 y como Senador en 2006″, dice el fallo.

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