Corte Suprema confirma exclusión de Justicia y Paz de exparamilitar alias “El Diablo”

Imagen de referencia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 40 años los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos / Archivo El Espectador.

Foto: El Espectador

Por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, en la modalidad de “conservar”, Rafael Antonio Sáenz, conocido como alias El Diablo, fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz, que desde 2005 ofrece beneficios a exparamilitares para que aporten la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia, que adhirió a lo sentenciado por el Tribunal Superior de Bogotá en mayo de 2018.

“La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve: confirmar, en cuando fue objeto de impugnación, la providencia de 4 de mayo de 2018 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se resolvió la terminación del proceso de Justicia y Paz adelantado a (…) Rafael Antonio Sáenz Chaparro”, decretó la alta corte. Ahora, alias El Diablo podrá enfrentar por paramilitarismo penas superiores a ocho años, tras perder los beneficios de la justicia transicional instalada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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La Ley de Justicia y Paz buscaba facilitar los procesos de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados que se hubieran desmovilizado, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral. Quienes se acogían a tal ley, cómo lo hizo alias El Diablo, obtendrían una “pena alternativa” que consiste en la imposición de una medida privativa de la libertad, entre cinco y ocho años, por aceptar responsabilidad en delitos relacionados con el conflicto armado.

En primera instancia, ante el Tribunal Superior de Bogotá, un fiscal delegado invocó la causal quinta del artículo 11A de la Ley de Justicia y Paz, la cual establece que una de las causales de terminación de tal proceso se da cuando “el postulado (en este caso alias El Diablo) haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión”.

Como el procesado aceptó cargos, en julio de 2010, por delitos relacionados con microtráfico, la Corte Suprema de Justicia confirmó su exclusión de la Ley de Justicia y Paz. Dentro de las pruebas recaudadas por la alta corte, se evidenció que Saénz tenía en su poder 36 gramos de marihuana en su celda de la cárcel de El Espinal (Tolima). Además, se le encontró cocaína empaquetada en numerosas papeletas, con un peso mayor al de la dosis personal, lo cual “permite inferir que era conservada con fines ajenos al consumo propio y de distribución de terceros”, como lo explicó la alta corte.

Alias El Diablo ingresó de forma voluntaria a las autodefensas de Monterrey (Casanare) el 18 de agosto de 1997, cuerpo en el cual recibió entrenamiento y desempeñó tareas como patrullero contraguerrilla, radio operador y conductor en tal departamento, así como en Meta y Cundinamarca. “Fue retenido en septiembre de 2003 por miembros del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que le dieron la opción de formar parte de sus filas y, en efecto, en ellas permaneció hasta su captura acaecida el 23 de marzo de 2004”, agregó la Corte Suprema.

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El exparamilitar hizo parte de la desmovilización colectiva del Bloque Centauros el 3 de septiembre de 2005. Luego de eso, en 2007, el Gobierno presentó su nombre a la Fiscalía para que cumpliera con los fines de la Ley de Justicia y Paz, rindiendo versión entre febrero de 2010 y julio de 2012. Por su actividad dentro de las Autodefensas, dice la Corte Suprema, no fue imputado ni se le afectó con detención preventiva, sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conoció que está cumpliendo una condena de 16 años por homicidio agravado en el Casanare, cuando era miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Durante el proceso, la defensa de Sáenz explicó que, si bien el fiscal delegado se amparó en un pasaje válido de la normativa, el caso de su cliente debería resolverse a su favor porque el delito cometido, en 2010, no tiene relación con el conflicto armado. “No pone en peligro las directrices del proceso de Justicia y Paz como tampoco afecta a las víctimas, es decir, no constituye motivo para terminar la actuación”, se alegó en defensa de alias El Diablo. Además, los abogados criticaron la efectividad de tratamiento carcelario, en el ámbito de la resocialización, pues las personas privadas de la libertad, según su concepto, ingresan a la reclusión sin adicción alguna y allí se vuelven adictos.

Así mismo, la representación del exparamilitar explicó que, si el expediente se remite a la justicia ordinaria, los derechos de las víctimas se verían comprometidos porque en esa jurisdicción “afrontarían la incertidumbre de saber lo que realmente ocurrió”, como allegó ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la defensa de alias El Diablo, permanecer en la Ley de Justicia y Paz es determinante, entre otras cosas, para conocer los lugares donde están los cuerpos de las víctimas de las autodefensas. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Historia, en los Tribunales de Justicia y Paz se han radicado un total de 22.374 casos de violencia paramilitar.

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El Espectador constató que Rafael Antonio Sáenz intentó someterse a la JEP, buscando beneficios en la nueva justicia transicional, que surgió tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas fue clara en indicar que “las personas que hayan participado como combatientes en los denominados grupos paramilitares se encuentran categóricamente excluidos, en razón al factor de competencia personal asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz”. La solicitud le fue negada el 30 de agosto de 2019.

De acuerdo con el portal Verdad Abierta, alias El Diablo reveló en audiencia de versión libre en los tribunales de Justicia y Paz que, durante su historial criminal, tuvo una fuerte relación con miembros del Batallón Colombia de Infantería 28 del Ejército. De esta alianza, habría contado Saénz, supuestamente se coordinó el asesinato de dos vendedores ambulantes identificados como Alfredo Castañeda y Alonso Rincón, que luego fueron presentados por la fuerza pública como paramilitares muertos en combate. En los municipios de La Mesa, Viotá, Sogamoso, Fusagasugá y Mesitas del Colegio, se habría encargado de las finanzas y de las relaciones con las autoridades oficiales.

Así mismo, el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia condenatoria contra 22 miembros del Bloque Centauros y Héroes del Llano y del Guaviare de las Autodefensas, registró que alias El Diablo fue escolta de Jairo Melgarejo, conocido como alias 28. Se trata de un antiguo comandante de Finanzas de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quien se encargaba del cobro de extorsiones en esa región del país. Incluso, Melgarejo habría ayudado a Raúl Cabrera para que llegara a la Alcaldía de Villanueva en 2003, a cambio del 10% del valor de los contratos que hiciera en la administración. Cabrera fue condenado en 2011 por aliarse con paramilitares.