Acosó a cuatro mujeres en su rol de fiscal y la Corte Suprema lo condenó

La Corte Suprema de Justicia determinó que el fiscal empezó a acosar mujeres desde 2012. / Archivo El Espectador.

“Desde noviembre de 2012, mientras fungía como fiscal delegado ante los jueces penales municipales o promiscuos de San Vicente de Chucurí (Sder), valiéndose o aprovechándose de la autoridad o poder que le confería este cargo (...) [Adolfo Muñoz] acosó y/o asedió en distintas formas, física y verbalmente, mediante besos, tocamientos o caricias libidinosas, palabras, frases, preguntas u otras actitudes o gestos insinuantes a mujeres que tenían interés en asuntos ventilados en su dependencia, para que ‘colaboraran’ en el trámite de las causas, aceptando tener relaciones eróticas o sexuales con él”.

En esas palabras el Tribunal Superior de Bucaramanga resumió el caso de Adolfo Muñoz González, un fiscal a quien, cuando menos, cuatro mujeres denunciaron por acoso sexual. En abril de 2019, el funcionario resultó condenado a 22 meses de prisión y a la Corte Suprema de Justicia llegó su apelación. Pero allí tampoco ganó. Al contrario, el alto tribunal confirmó la decisión e, incluso, dijo que lo que este hombre hizo “constituye una traición flagrante a sus deberes oficiales y a lo que la sociedad espera y desea de un funcionario judicial”.

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De acuerdo con la decisión de segunda instancia, el alto tribunal indicó que “los hechos, las pruebas directas relativas a su ocurrencia y las normas aplicables al caso, conducen a concluir acierto y legalidad en la sentencia de primera instancia confutada, en tanto se ha demostrado que lo ocurrido es un vivo ejemplo de la violencia de género”. Desde el fallo de primera instancia quedó claro que Muñoz estaba en una posición de autoridad y poder y se descartó que él fuera objeto de algún complot, como él mismo argumentó en su defensa.

María Angélica Parra Castro, Yorley Nieto Gómez, Alba Liliana Rueda Arias y Ana Francisca Becerra Pinilla fueron las mujeres que se animaron a denunciarlo. Todas tenían en común que reclamaban asistencia alimentaria para sus hijos y que, por esa vía, fue que acudieron al despacho del entonces fiscal. De acuerdo con el expediente, “en un entorno que la posición de dominio que este tenía, evidente por la jerarquía institucional y social que ostentaba el actor como titular del cargo de Fiscal delegado, las obligaba a acudir a su presencia para obtener información”.

En el proceso se tuvieron en cuenta otros testimonios además de las denunciantes. Por ejemplo, la auxiliar administrativa de la Comisaría de Familia de San Vicente de Chucurí contó que un día vio entrar furiosa a María Angélica Parra Castro, quien a todo pulmón hizo saber que, al ir a preguntar por un proceso de inasistencia alimentaria, Muñoz la había besado a la fuerza. La psicóloga de la Comisaría agregó que, según contó Parra ese día, Muñoz“ la presionaba para que se dejara acariciar o manosear por él a cambio de ayudarla con el proceso que estaba adelantando”.

La Sala Penal de la Corte señaló también que “actuar en contra de la libre disposición de la sexualidad de mujeres que, en estado especial de vulnerabilidad, por su extracción social o simplemente por las necesidades de la situación que enfrentaban y se reflejaba en las acciones judiciales que iniciaron, acudían a su despacho oficial por razón del servicio, es más que un error de comportamiento, es como lo declaró el Tribunal y aquí se confirmará, un crimen”. Además, concluyó que el comportamiento de Muños es una traición a los deberes oficiales y a “lo que la sociedad espera y desea de un funcionario judicial”.

Las victimas aseguraron que el exfiscal nunca les pidió mantener relaciones sexuales. No obstante, para el alto tribunal, implícitamente el funcionario lo hizo. “A veces con un lenguaje velado (…) al hacer comentarios respecto de su belleza o atributos físicos, formulándoles preguntas personales, invitarlas a verse fuera de las instalaciones de la Fiscalía para tomar algo, etc. En otras oportunidades, con acciones físicas como tomar sus manos y lamerlas, hacer lo propio con las suyas, gesticular morbosamente o dar un sorpresivo beso en la boca”, indicó el alto tribunal.

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En 2016, empezaron las investigaciones contra Muñoz. La diligencia estuvo a cargo de un delegado ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó las intenciones sexuales del fiscal a cambio de mover los proceso judicial que, por ley, le correspondía trabajar. Con la resolución No. 02358 del 29 de junio de 2017, la Fiscalía lo volvió a designar como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos en la seccional de Santander. Luego fue nombrado fiscal tercero en Girón (Santander). Pero ahora, con esta sentencia, a la Fiscalía no le queda de otra que retirarlo de la institución.