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En manos de la Corte Suprema de Justicia está definir si da vía libre o no a la extradición de Suyin Rosaly Navarrete Balza, una ciudadana venezolana que es requerida por las autoridades de su país por un caso de fraude. El caso, no obstante, tiene varios ingredientes que revelan la importancia de la decisión que tome el alto tribunal en medio de la crisis que vive el vecino país y tras el rompimiento de relaciones políticas y diplomáticas entre ambios países.
Navarrete Balza fue capturada el 29 de agosto de 2018 en Cúcuta con fines de extradición por las requiere un tribunal por fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir relacionados con el supuesto manejo irregular de los dineros de una empresa de construcción. Ella, por su parte, alega que este proceso es una persecución política ya que es una colaboradora del partido opositor y social cristiano, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Copei.
Ante la Corte Suprema, Navarrete afirmó que los colectivos oficialistas la han perseguido y que su madre, hermano, sobrino y cuñada fueron secuestrados. Y fue reconocida como refugiada el 21 de enero de 2019 mediante la resolución 0210 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación será evaluada por la Corte a fin de analizar si puede recibir beneficios.
“La Corte no puede pasar por alto el reconocimiento de la condición de refugiada a favor de la reclamada, ya que tal condición implica para el Estado requerido la observancia de ciertos derechos y beneficios especiales que en el orden internacional están consagrados en favor de los refugiados, particularmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, de los que es parte Colombia”, dijo.
Por esa razón, el alto tribunal le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe si Navarrete ha solicitado el asilo, mientras que el Ministerio de Justicia debe explicar qué acciones se han tomado en su favor luego del reconocimiento de refugiada. Y la Fiscalía tendrá que informar si la mujer tiene algún otro proceso judicial pendiente. Con estas pruebas, la Corte procederá a evaluar si aprueba o no la extradición de la mujer.