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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso de impugnación presentado por la exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Lucero Cortés Méndez en contra de la condena de cinco años (60 meses) de prisión interpuesta por el alto tribunal por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier la Sala rechazó los argumentos de la Excongresista quien pedía que se tuviera en cuenta la sentencia C - 792 de 2014 proferida por la Corte Constitucional que ordena la creación de una doble instancia para los aforados constitucionales.
Con esto Cortés buscaba que se suspendieran los efectos del fallo emitido en mayo de 2012 y la pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 69 meses y una multa de 125 salarios mínimos mensuales vigentes puesto que en su concepto la sentencia no estaba ejecutoriada.
En la decisión la Corte Suprema determinó que el recurso presentado por la Excongresista no cumple con los requisitos exigidos por la le Corte Constitucional, recordando que el fallo hace referencia a los casos que no se encuentren ejecutoriados para el 24 de abril de 2016.
"contrario a lo aducido por Cortés Méndez, el fallo de condena por el cual fue inhabilitada para el ejercicio de derecho y funciones públicas se encuentra en firme y produce plenos efectos jurídicos. En consecuencia, nada se hace necesario resolver en relación con el pedido de que "se suspendan los efectos de la pena accesoria", indica el fallo.
Cita la decisión que "según aparece en constancia secretarial de 16 de julio de 2012, el fallo de condena quedó ejecutoriado el 5 de junio de 2012, esto es, casi cuatro años de que entrara en vigencia el fallo constitucional que sirve de sustento de la solicitud, por lo que tampoco desde esa óptica resulta viable admitir el recurso".
Advierte que la Sala que es indispensable que para tramitar la impugnación contra una sentencia condenatoria emitida en fallo de primera instancia el Congreso de la República debe realizar las reformas correspondientes e implemente las medidas legislativas orgánicas y procedimentales que así lo permitan.
La Excongresista fue sentenciada por presionar al magistrado de la sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura, Rafael Vélez Hernández para que sancionara al abogado Juan Carlos Salazar torres, quien era el apoderado en un proceso contra el esposo de Cortés.
Debido a que el magistrado no aceptó las presiones la entonces representante a la cámara se reunió con otros togados con fin que ejercieran una presión para que Hernández decidiera tomar una decisión de fondo en contra del jurista.