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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la investigación que adelantaba en contra del exgobernador de Boyacá Juan Carlos Becerra, hoy magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, por el caso Odebrecht. El caso se remitió a raíz del fuero que ahora ostenta Granados. (Lea también: “Tengo convicción de mi inocencia”: Juan Carlos Granados)
“Declararse incompetente para seguir conociendo del proceso seguido contra el actual magistrado (...) En consecuencia, dispone su envío inmediato a la comisión de Investigación y Acusación en quien recae la competencia (…) en el caso de servidores públicos que han sido gobernadores y pasan a ocupar una de las dignidades previstas en los artículos 174 y 178, es evidente la activación del fuero constitucional, caso en el cual prevalece la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, dice la decisión tomada.
El caso de Granados estaba listo para que la Fiscalía lo acusara formalmente por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, por actos cometidos durante su candidatura y mandanto como gobernador de Boyacá (entre los años 2011 y 2015). Según la hipótesis de la Fiscalía, Granados intentó beneficiar a la compañía brasileña con la adjudicación de contratos en el departamento, a cambio de recibir grandes sumas de dinero.
Lo que reseña el escrito de acusación es que el hoy magistrado, supuestamente, asistió a una reunión celebrada en casa del exsenador Plinio Edilberto Olano, ubicada en Sopó (Cundinamarca) a donde también llegaron el representante legal de Odebrecht en Colombia Luiz Antonio Bueno Junior y el asesor de Odebrecht Federico Gaviria Velásquez. En el encuentro, Granados habría expuesto su plan de Gobierno, dentro del cual estaba incluido el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil. (Nota relacionada: Juan C. Granados, nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina, citado a versión libre)
Entonces, se habría acordado un aporte de $200 millones por parte de la multinacional brasileña a la candidatura de Granados, a cambio del favorecimiento de esa firma en proyectos de infraestructura en la región. Pero ese no es el único acto irregular en el que habría participado Juan Carlos Granados. Según la Fiscalía, este sostuvo otra reunión en su apartamento en Bogotá, de la que participó nuevamente el exsenador Plinio Olano, Federico Gaviria Velásquez y Luiz Antonio Bueno Junior. Pero esta vez, se sumó al encuentro Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia.
Además, asistió el entonces director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros. Lo que se pretendió en esa ocasión, según la Fiscalía, fue que Juan Carlos Granados intercediera ante Ballesteros para que Odebrecht o una de sus empresas filiales fuera precalificada o interviniera en el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre, lo que, en efecto, ocurrió y le sirvió a la constructora para ser finalista en la adjudicación del proyecto. Sin embargo, la entrega no se concretó gracias al escándalo de corrupción de Odebrecht que estalló en el escenario internacional.Por esa ayuda, dice la Fiscalía, se pactó una comisión del 3% del total del proyecto para ser distribuido entre Plinio Olano y Alfred Ballesteros.
Estos eventos llevaron a que el 29 de octubre de 2018 la Fiscalía le imputara cargos a Juan Carlos Granados y solo hasta el 20 de agosto de 2020 (Casi dos años después) la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema fijó para el 7 de diciembre de ese año la audiencia de formulación de imputación. Sin embargo, tres días antes de que se realizara esta diligencia, Granados solicitó el aplazamiento de la audiencia argumentando que le revocó el poder a su abogado por no llegar a acuerdos relacionados con los honorarios. Además, Granados manifestó que el 2 de diciembre de 2019 había sido elegido como magistrado de la Comisión de Disciplina. (Le puede interesar: Juan Carlos Granados, nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, a juicio por caso Odebrecht)
El caso fue que el pasado 12 de enero se fijó una nueva fecha para formalizar la acusación: el 3 de febrero. Mientras tanto, la Corte Suprema le pidió al Congreso y la Presidencia la certificación de la elección de Granados como magistrado. Pero ahora resultó que el 1 de febrero de 2021, a dos días de la audiencia, el abogado Fernando Mesa Cuadros comunicó que Granados le acababa de otorgar poder y que dos días no le eran suficientes para preparar la defensa del caso, entonces pidió un nuevo aplazamiento, lo cual ocurrió.
Pero no hubo tiempo para una reprogramación, pues el 2 de febrero de 2021 la Comisión de Acusación pidió que la investigación de Juan Carlos Granados pasara a su competencia, en virtud del fuero que este ostentaba. Finalmente, el traslado del proceso fue confirmado este miércoles y ahora el caso quedará en manos de la Cámara de Representantes. “Está vigente el fuero constitucional de la Comisión de Investigación y Acusación para investigar a los dignatarios mencionados en los cánones 174 y 178-4 superior y este es aplicable a los Magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial”, concluyó la Corte Suprema. (Le puede interesar: Se posesionaron los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial)