Corte Suprema aparta de una cuarta investigación contra Uribe a magistrada Lombana

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Se trata de uno de los expedientes más voluminosos que hay en la Corte Suprema contra el senador, en el que se estudia sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y su supuesta responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y San Roque.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema apartó de otro proceso a la magistrada y militar en retiro, Cristina Lombana. De nuevo, se trata de una investigación que se adelanta en el alto tribunal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue jefe máximo de las Fuerzas Militares al haber sido presidente y por ende, concluyen sus colegas de Sala, Lombana siguió sus órdenes en algún punto de su carrera, con lo que se puede dudar de su credibilidad para llevar una pesquisa imparcial. Este es el cuarto proceso en el que hacen a un lado a la magistrada por el mismo cálculo.

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En este caso en particular, que lleva el magistrado César Reyes, se estudian presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares y su posible rol en las masacres de La Granja, El Aro y San Roque. Para el momento en que ocurrieron estos hechos, Uribe era gobernador de Antioquia y, por ende, desde 2014, viene siendo investigado en el alto tribunal. Cuando en 2018 se creó la Sala Especial de Instrucción, el expediente quedó en el despacho de Lombana. No obstante, el senador Iván Cepeda la recusó, cuestionando la imparcialidad de la togada.

El recurso lo tuvieron que estudiar los colegas de Lombana, que ya la habían apartado, en principio, de la investigación que se adelanta contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, y luego por otras dos que se abrieron tras denuncias de injuria que interpusieron el periodista Daniel Coronell y el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez. En este caso nuevo caso, como en los otros tres, se llegó a la misma conclusión: Lombana podría no ser imparcial pues en el pasado fue subordinada del expresidente.

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Los casos por las masacres de La Granja, El Aro y San Roque son muy similares. A estos lugares de Antioquia, llegaron filas de paramilitares entre 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador del departamento y acusaron a varios campesinos del lugar de ser colaboradores de la guerrilla. Asesinaron a varias personas y cientos huyeron desplazados, como verificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando condenó en 2006 al Estado colombiano, al concluir que se violaron los derechos a la propiedad privada, a la protección de la honra y la dignidad, entre otros.

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Asimismo, se estudian supuestos vínculos del expresidente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, nacido, según testimonios de exparamilitares, en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe. Para que el expediente no prescribiera, la Corte declaró de lesa humanidad todos estos hechos en 2018, así como el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, quien reportó la participación de integrantes del Ejército en las masacres de La Granja y El Aro —también corroborado por la Corte IDH—.

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