Corte Suprema le solicitó a la Judicatura que asigne nuevo proceso contra Silvia Gette

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que asigne “inmediatamente” por reparto a un juez de conocimiento el proceso contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce por el delito de abuso de confianza.

Esto tras resolver un recurso presentado por la Fiscalía General que manifestó la necesidad que este proceso no sea de conocimiento por un juez de Barranquilla debido a que no existen las condiciones “que garanticen la imparcialidad e independencia” de la administración de justicia.

En el recurso se manifiesta que en la capital del Atlántico la exrectora universitaria tiene una gran influencia, lo que podría afectar la imparcialidad del funcionario judicial. Además se manifiestan las denuncias presentadas por la compra y presión a testigos.

“Lo cual evidencia el riesgo que corre las actuaciones penales que se adelantan y el interés de la procesada en evadir su responsabilidad aprovechándose de su capacidad económica, las cuales pueden tener eco en la localidad de Barranquilla, donde recientemente salió a la luz pública el desmantelamiento de una red de corrupción que involucra a jueces, fiscales y empelados judiciales”, indica el fallo.

Igualmente se llama la atención sobre el hecho que se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria a Gette Ponce pese a que existían otras dos medidas de aseguramiento en centro carcelario en su contra por otros procesos penales. Este tipo de situaciones genera sospechas frete al poder que todavía tiene la exrectora universitaria.

Finalmente se advierte que se perdió un disco compacto en la Fiscalía General que contenía la interceptación ilegal entre el excomandante paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’ y el abogado Arcadio Martínez Pumarejo en la cual hacían referencia a los hechos que rodearon el asesinato del ganadero Fernando Cepeda.

Gette Ponce y Martínez Pumarejo fueron condenados por el delito de soborno en actuación penal por entregar una suma de dinero para que ‘Don Antoni’ se retratara de las declaraciones hechas en contra de la entonces rectora por el asesinato registrado en septiembre de 2003.