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La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Héctor Julio Alfonso López, uno de los hijos de la polémica empresaria del chance, Enilce López, más conocida como La Gata. El alto tribunal hace esta acusación por el delito de promover grupos o estructuras armadas al margen de la ley. En el juicio deberá explicar su presunta relación con organizaciones paramilitares, según lo explica la Corte Suprema.
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Alfonso López se entregó a las autoridades el pasado 22 de febrero en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Lo hizo después de enterarse de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir orden de captura en su contra con fines de indagatoria. Desde entonces permanece privado de la libertad.
El excongresista es investigado por supuestamente haberse concertado con miembros de los Bloques Central Bolívar y Héroes de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia. De acuerdo con la Corte, Alfonso López, “valiéndose de la posición distinguida que ocupaba en la sociedad bolivarense, promovió al grupo paramilitar”.
En un documento previo al llamado a juicio, y conocido por El Espectador, se asegura que la supuesta promoción que Alfonso López dio a estos grupos ilegales “se tradujo en la recepción de apoyo financiero y logístico para la campaña electoral del año 2006, en la que aspiró a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar”. A partir de ello, líderes de las Autodefensas habrían constreñido a habitantes del departamento para que votaran por él como representante a la Cámara.
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“Además, Héctor Julio Alfonso López financió su campaña con dineros provenientes de la actividad paramilitar, especialmente, de las arcas de Salvatore Mancuso, y de su progenitora Enilce Del Rosario López Romero, quien fue condenada por pertenecer al grupo paramilitar y es investigada por blanquear capitales provenientes de esa actividad en las empresas de la familia Alfonso López”, señala el auto de la Corte.
Este proceso se inició el 30 de mayo de 2007, a raíz de una denuncia que realizó un ciudadano. Once años después, fue detenido y cobijado con una medida de aseguramiento como posible autor del delito de concierto para delinquir agravado. El pasado 23 de mayo, la Sala aprobó una serie de pruebas y escuchó el testimonio de Jesús Pallares, gerente de la campaña de López para el 2006, así como a otros líderes regionales que lo apoyaron.
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Pero este no es el único enredo judicial en el que ha estado inmerso el excongresista. En 2013, al Consejo de Estado llegó una demanda de investidura en su contra. En ese entonces, al exsenador lo acusaron de haber violado el régimen de inhabilidades al celebrar contratos con el Estado. Dos años después, el 28 de julio de 2015, el alto tribunal decretó la pérdida de su investidura porque probó que López tenía una participación en la empresa Aposcure, que ganó la licitación para administrar el chance y juegos de azar en Sucre en el año 2012.