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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia citó a juicio al actual gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuellar por presuntamente inscribir de manera irregular y cobrar para posesionar a los miembros de su Unidad de Trabajo (UTL) cuando fungió como representante a la Cámara para los períodos 2006-2010 y 2010-2014.
El alto tribunal determinó que existen suficientes elementos materiales testimoniales y documentales para abrir un proceso formal contra Carebilla Cuella por presuntamente “abusar de su condición para hacer exigencias patrimoniales indebidas a los miembros de la UTL y a las personas que lo acompañaron en el proceso electoral, alterando documentación y procesos administrativos para garantizar el desarrollo de sus fines”.
El mandatario departamental, quien se entregó a las autoridades el pasado 8 de abril, será procesado por los delitos de cohecho impropio en concurso homogéneo, falsedad ideológica en documento público agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión Igualmente se determinó que deberá seguir privado de su libertad.
En la resolución de 186 páginas, el magistrado ponente señala que “contrario a lo estimado por la defensa, de los medios de prueba obrantes en la actuación se verifica, la Sala encuentra acreditado, en el grado de probabilidad, el conocimiento exigido en este estadio procesal, tanto la materialidad de las conductas punibles como la responsabilidad de Manuel Antonio Carebilla Cuellar en ellos”.
En el documento se citan los documentos y testimonios recolectados en el desarrollo de la investigación que permiten inferir que el entonces congresista habría hecho solicitudes monetarias a un grupo de personas con el fin de nombrarlas en su UTL. Igualmente, debido a que algunos de ellos se encontraban inhabilitados se falsificaron documentos para lograr sus nombramientos.
La acusación se divide en dos partes. La primera tiene relación a los hechos registrados durante su campaña política cuando el entonces candidato por el partido Cambio Radical les pidió a personas cercanas que lo ayudarán a llegar al Congreso de la República. De lograrlo los nombraría como parte de su UTL. (Ver Se entregó el gobernador del Amazonas Manuel Carebilla)
El segundo punto, tiene relación con el nombramiento irregular de personas que cobrarían sus respectivos sueldos pese a que no iban a ejecutar las tareas a las que se hacía mención en sus contratos. Debido a su cargo y posición político-social el representante a la Cámara ejerció diferentes presiones para que parte del sueldo recibido por los miembros de la UTL le fueran entregados. De esto existen pruebas como las consignaciones bancarias hechas a su cuenta personal.
“Carebilla Cuella valiéndose de sus funciones efectuó solicitudes indebidas para obtener beneficios antes descritos, quienes por el temor de desvinculación de facto de la UTL, accedieron a sus requerimientos”, precisa uno de los apartes del documento, en el cual también se rechazan los argumentos hechos por la defensa de los procesados.
Los hechos
El exrepresentante a la Cámara habría negociado el nombramiento de su UTL con Amparo Ospina de Vacca y José Ramón Becerra Osorio por $180.000.000 y $80.000.000, respectivamente, quienes se posesionaron en sus cargos el 1 de agosto y el 8 de mayo de 2007, como asistente V-inicialmente y Asesor I, respectivamente, con el fin de obtener una mayor pensión.
En desarrollo de la campaña electoral en 2006, Carebilla Cuellar contó con el apoyo de Luis Arturo Hayden, Olbar Andrade Rincón, Rafael Moreno Godoy y Juan Carlos Pérez Uribe, a quienes prometió vincular dentro de su UTL. No obstante, como estaban inhabilitado para ejercer cargos públicos, hizo designar en su lugar a María del Pilar Torres Hayden, Margarita Guerra Manuyama, María Isabel Díaz Márquez y Óscar Fredy Mora Márquez, sin embargo quienes cumplían con las funciones y devengaban los salarios eran los primeros, haciéndole un reconocimiento monetario a aquéllos.
Así, en cumplimiento de ese acuerdo, Carebilla Cuellar habría hecho figurar como miembros de su UTL a María Isabel Díaz Márquez, entre el 7 de mayo al 31 de julio de 2007 y a partir del 6 de diciembre de 2007 hasta el 31 de enero de 2011; a María del Pilar Torres Hayden entre el 21 de julio de 2006 al 31 de marzo 2007 y después a Margarita Guerra Manuyama desde el 5 de febrero de 2007 al 31 de marzo de 2009 y a María Helena Orjuela Zapata, entre el 21 de julio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008.
Situación que se replicó en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, mientras el exrepresentante a la Cámara fungía como Presidente, en tanto hizo figurar en la nómina a Óscar Fredy Mora Vásquez desde el 20 de julio de 2007 hasta el 19 de julio de 2008, pero quien trabajaba y percibía el salario era Juan Carlos Pérez Uribe.
Para que Juan Carlos Pérez pudiese desarrollar la función de conductor asignado al servicio del exrepresentante a la Cámara, éste ordenó la expedición del carnet No. 045, a favor de aquél, con vigencias hasta el 31 de julio de 2008m la cual efectivamente fue expedida por el Director Administrativo de la Cámara de Representantes, cuyo contenido sería falso, en tanto que Pérez Uribe no tuvo ninguna vinculación laboral formal con esa Corporación 4.
Con el fin de ser cancelada la nómina correspondiente a los integrantes de su UTL certificó mes a mes al Jefe de la Sección de Registro y Control de la Cámara de Representantes, el cumplimiento de las funciones de María Isabel Díaz Márquez entre el 7 de mayo al 31 de julio de 2007 y entre el 6 de diciembre de 200 a noviembre de 2009; a María del Pilar Torres Hayden entre el 21 de julio de 2006 al 31 de enero de 2007.
A Margarita Guerra Manuyama desde el 5 de febrero de 2007 al 31 de marzo de 2009; a María Helena Orjuela Zapata entre el 21 de julio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 y a Óscar Fredy Mora Márquez desde el 20 de julio de 2007 hasta el 19 de julio de 2008- Ello pese a que quienes cumplían con las funciones eran Olbar Andrade Rincón, Luis Arturo Hayden, Rafael Moreno Godoy y Juan Carlos Pérez Uribe.
En el año 2007 le habría exigido a Luis Arturo Hayden y Rafael Moreno Godoy la financiación de las campañas regiones del partido Cambio Radical en el Amazonas, por lo que Margarita Guerra Manuyama y María Helena Orjuela Zapata obtuvieron créditos en las entidades bancarias Davivienda y BBVA, siendo descontadas las cuotas de la nómina de la UTL.
Le habría exigido a Rafael Moreno Godoy sufragar gastos de reparación y mantenimiento de la camioneta oficial asignada, de placas MQL-590 de Mosquera, marca Toyota Prado, efectuando los pagos con el dinero correspondiente a la nómina de María Helena Orjuela Zapata, bajo la amenaza consistente en que de no hacerlo, sería retirado de la UTL asignada.
Igualmente habría solicitado a Moreno Godoy asumir las cuotas mensuales del pago de la motor Bross 125 Honda, color azul, adquirida por el expresentante a la Cámara, por intermedio de su cuñado Orlando Deaza Curico, en el almacén Créditos Parra de Leticia-Amazonas, bajo las mismas condiciones de pago antes descritas y con iguales consecuencias.