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La Corte Suprema de Justicia mantuvo en un juzgado de Bogotá el juicio que se adelanta en contra de Marlon Marín Marín, primo del exjefe guerrillero conocido como Iván Márquez, por supuestamente pertenecer a una red que buscaba apropiarse de los recursos para el postconflicto. Los otros detenidos son María Elvira Valencia Gómez, abogada y experta en contratación estatal; Bibiana Marleny Arias Garzón; José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro; y Jesús Aldemar Puello Rojas.
Marín hoy es testigo protegido de los Estados Unidos, pues ha declarado en contra de Jesús Santrich, dentro de un proceso por supuesto narcotráfico, por el cual también fue detenido. No obstante, este segundo proceso en su contra, en el cual no aceptó cargos, continúa. Todos los procesados fueron acusados por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito porque, entre febrero de 2017 y abril de 2018, habrían influenciado a servidores públicos para que les adjudicaron contratos de paz que se darían en Cundinamarca, Santander, Boyacá y Antioquia.
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El 21 de mayo de 2019, la defensa aseguró que el caso debía trasladarse de Bogotá ya que los hechos que se les endilgan supuestamente habrían sucedido en esos departamentos y no en la capital. La Fiscalía se negó a la petición y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. En auto conocido por El Espectador, el alto tribunal resaltó que la supuesta intención de la red era obtener un lucro indebido de los contratos de paz, a cambio de pagar coimas a funcionarios estatales.
“Por consiguiente, resulta dable colegir que la materialización de las actividades ilegales desplegadas para la tramitación anormal de los contratos estatales, que soportan el núcleo del concierto para delinquir, se efectuaron en la ciudad sede de los organismos gubernamentales, esto es, Bogotá, por ser allí el lugar donde se hallaban los funcionarios del Estado con la competencia para determinar la viabilidad de asignación contractual a los terceros de interés de los procesados”, señaló la Corte.
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En ese sentido, el juicio lo adelantará el Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Según la Fiscalía, la red actuó ante el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Instituto Nacional de Vías (Invias), el Departamento para la Prosperidad Social y otras agencias del Estado, en varios campos de acción. Como, por ejemplo, en la estructuración de proyectos con sobrecostos para la reforestación de la Amazonía y otro de piscicultura.
Igualmente, habría tramitado, a cambio de coimas, el proyecto “Reforestación protectora comercial de 2550 hectáreas, en los corregimientos de Curutú y Cacerí, afectados por el desarrollo de actividades mineras en el municipio de Caucasia”. Según la Fiscalía, esta red de personas habría intentado gestionar de forma anormal 58 contratos para el mantenimiento y/o reparación de vías terciarias en 18 departamentos del país, con sus respectivos contratos estatales de interventoría.
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Además, habrían acordado un pago por realizar intermediación ante entidades oficiales para habilitar proyectos “radicados en la Agencia de Desarrollo Rural, adjudicación de vías en los departamentos de Santander y Boyacá, e inclusión de víctimas dentro del sistema de reparación” Igualmente, se les acusó por supuestamente pactar el desembolso del porcentaje del valor de los contratos o proyectos luego de la atribución de las obras o proyectos a los terceros interesados.
Las imputaciones en contra de Valencia Gómez, Arias Garzón y José Domingo Ardila Neira se hicieron en agosto de 2018, mientras que la de Jesús Aldemar Puello se hizo el 13 de diciembre. A Marín le imputaron el 31 de enero de 2019. A petición de la Fiscalía, el 25 de febrero pasado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá acumuló los procesos para que todos los detenidos adelanten el juicio al mismo tiempo. Ahora, le corresponderá a la Fiscalía demostrar en juicio la responsabilidad que estas personas tendrían en estos hechos.
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