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En un fallo de 11 páginas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la primera tutela sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 que llega a un alto tribunal. La demanda la había interpuesto el abogado Luis Ángel Avendaño Cortés y en ella pedía “ubicar a los funcionarios de la rama judicial en la fase de vacunación prioritaria donde se encuentran ubicados los docentes y la fuerza pública”. Sin embargo, los magistrados concluyeron que no podrían dar órdenes tan generales en una tutela.
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Con ponencia del magistrado Álvaro García, la Corte escribió: “lo que se reclama frente a la política de vacunación adoptada por el Gobierno Nacional frente a la pandemia generada por el virus Covid-19 es, en últimas, la expedición de decisiones de carácter general, impersonal y abstracto”. Es decir, el ciudadano no estaba pidiendo una protección concreta para sí mismo o para un grupo de personas que representara formalmente, sino una medida amplia que depende de decisiones complejas del Ejecutivo.
En la demanda, el abogado pedía, además, que se le ordenara al Consejo Superior de la Judicatura, “implementar de manera inmediata y sin más excusas y dilaciones, el expediente digital y el litigio en línea”; que los funcionarios de la Rama Judicial “atiendan presencialmente en alternancia con la virtualidad hasta que sea implementada totalmente la digitalización de los expedientes y la virtualidad en general”; y, por último; “implementar todas las medidas de bioseguridad para la atención presencial a los usuarios de la justicia hasta que se encuentre implementado el expediente digital”.
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Según la tutela las condiciones actuales y la supuesta exclusión de los funcionarios judiciales de la fase primaria de vacunación estaban vulnerando sus derechos a la defensa, al libre desarrollo de la personalidad y al mínimo vital. Para él, la no digitalización total de la justicia y el riesgo que enfrentan los funcionarios de la rama judicial afectaban su labora como litigante. Asimismo, aseguraba que, en el diseño del plan de vacunación, el Ministerio de Salud dejó de lado, “que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse”.
La Corte Suprema recalcó, no obstante, que, “tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues lo cierto es que, no solo no es desconocida la difícil situación económica y social por la que está travesando el país, y por ende, la gran mayoría de sus habitantes, sino que no se allegó elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestación de su existencia, máxime cuando a nivel nacional los Despachos judiciales han venido prestando de la mejor manera posible, y dentro de sus posibilidades, el servicio de justicia a los ciudadanos”.
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Este fallo llega después de semanas en las que el Gobierno ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los ciudadanos acudan a la tutela en masa para saltarse la fila de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2, que provoca el COVID-19. Incluso, el presidente Iván Duque se reunión recientemente con las cabezas de la rama judicial para hablar del tema, pero según el presidente de la Corte Constitucional, solo fue para explicarles el plan de vacunación. “Nunca el gobierno nos ha pedido nada en relación con el perfil, la naturaleza o el modelo de pronunciamiento de sus jueces. Además, no lo aceptaríamos porque la mayor garantía de una democracia son jueces independientes”, dijo recientemente el magistrado Alberto Rojas.