Corte Suprema no revisará condena contra exsenador Álvaro García, quien pide ir a la JEP

Según las normas que crearon la Jurisdicción Especial para la Paz, ese alto tribunal es el que debe revisar las sentencias que haya emitido cuando los involucrados manifiesten su intención de ir a la justicia especial y cumplan todos los requisitos. Esta vez, García no presentó las condiciones necesarias ante la Corte.

Redacción Judicial
20 de noviembre de 2018 - 06:18 p. m.
Otro expediente que reposaba en la Corte Suprema contra Álvaro Alfonso García fue enviado a la JEP el pasado 23 de agosto. / Cortesía Revista "Semana"
Otro expediente que reposaba en la Corte Suprema contra Álvaro Alfonso García fue enviado a la JEP el pasado 23 de agosto. / Cortesía Revista "Semana"
Foto: Foto Semana

El exsenador Álvaro García fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el 2010 a 40 años de prisión como responsable de la masacre de Macayepo, ocurrida entre el 9 y el 16 de octubre del 2000 en el corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar). El hecho dejó 12 víctimas asesinadas en completa barbarie y miles de desplazados. Desde la prisión, el excongresista pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, en búsqueda de un tratamiento penal más favorable. La Corte Suprema rechazó este martes esa posibilidad, por el momento.

Para entender este caso hay que explicar que la JEP solo puede revisar sentencias de la Corte Suprema cuando se trate de guerrilleros o miembros de la Fuerza Pública. Pero, cuando se trata de terceros civiles, es la propia Corte la que hará esa revisión. En pocas palabras, en estos casos, la Corte Suprema se convertirá en un órgano transicional y deberá analizar asuntos cómo el sometimiento a la JEP que haga una persona, si los hechos tienen que ver con el conflicto o no, la reparación a las víctimas y si caben beneficios especiales, como una eventual rebaja de pena.

Gracía tenía pendiente en la Corte otro proceso que ya fue enviado a la JEP el pasado 23 de agosto. Y ahora  estaba estudiando qué pasaba con la condena vigente en su contra. La Sala Penal determinó que el exsenador García presentó mal su petición y por eso, por el momento, negó la posibilidad de revisar su condena: "(...) porque para ese fin se requeriría su manifestación expresa de voluntad, la cual no ha sido dada a conocer o revelada. Y, más aún, con pleno acatamiento de los condicionamientos referidos a presentar un compromiso concreto, programado y claro de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y la consecusión de los objetivos" del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,

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En la decisión, la Corte dejó en claro que cuando llegue una "revisión especial", deberá establecer la contribución de los implicados a la verdad plena a partir de su relato y de las informaciones "necesarias y suficientes" que permitan atribuir responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas. El caso del exsenador García, si este presenta la petición de manera correcta ante la Corte, sería el primero de este tipo.

La masacre de Macayepo es uno de los episodios paramilitares más significativos en la historia de Colombia, sin embargo, aún no hay claridad en muchos aspectos importantes que permitan reconstruir los hechos completamente pues el relato de Macayepo no ha sido lo suficientemente contado. Se produjo entre el 9 y 16 de octubre de 2000. Durante 8 días, integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y desplazaron sin piedad a los habitantes de las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, entre otras zonas.

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Las investigaciones determinaron que, en los hechos, murieron 12 campesinos, en unas condiciones de barbarie absolutas, pues los testimonios cuentan que fueron ejecutados a garrote y machete. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Andrés Álvarez Palacios, Rafael Tapias Terán, Manuel Gutiérrez, Orlando Oviedo Moguea, Alcibiádes Mendoza, Hugo Díaz, y Juan Manuel Jiménez, entre otros. La masacre de Macayepo permitió afianzar el dominio paramilitar en la zona y, particularmente, según se registró en los testimonios ante la Fiscalía, el plan era recuperar una considerable cantidad de ganado hurtado por grupos subversivos de la zona.  

Por Redacción Judicial

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