Corte Suprema ordena medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se le impone una medida de este tipo a un exjefe de Estado.

A raíz de una investigación por los delitos de fraude procesal y soborno, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión unánime, dictó medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Es la primera vez en la historia de Colombia que ese alto tribunal ordena una medida de este tipo en contra de un expresidente de la República. El propio senador Uribe trinó lamentando la decisión de la Corte. Este diario conoció que la Sala de Instrucción, luego de debatir la ponencia del magistrado César Augusto Reyes, llamó al expresidente y, en esa llamada, le notificó que en su contra hay una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

El caso tiene que ver con el presunto intento de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las Autodefensas que operó en Antioquia. El expresidente y senador del Centro Democrático aportó su versión el 8 de octubre del 2019, ante el magistrado César Augusto Reyes, en una diligencia que en su momento paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y puso en estado de alerta al país político. La decisión de hoy, seguramente también tendrá efectos similares.

Para la Sala de Instrucción en pleno (no participó la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso), fue necesario dictar una orden de captura para garantizar la comparecencia de Uribe al proceso. Luego de legalizar su captura y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario.

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De acuerdo con un corto comunicado de prensa emitido por el alto tribunal, esta decisión “fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”.

Según la Corte, esas irregularidades tienen que ver con que personas allegadas a él habrían “emprendido probables actos de manipulación de testigos”, con aprobación del hoy senador. “Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción”, aclaró la Corte.

Ese material, añadió el alto tribunal, incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, “que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

El origen del caso

En febrero de 2012, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda detalló graves hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño.

El congresista reveló en su debate que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, ex trabajador de la finca condenado por paramilitarismo, y de otro paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las AUC, la finca había sido sede del Bloque Metro de las autodefensas.

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“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al congresista del Polo Democrático, por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares, cuyo testimonio divulgó en el Congreso.

En de septiembre de 2014, ya Uribe Vélez en condición de senador, Iván Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo el Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.

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La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, y el 16 de febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda y, en contraste, ordenó que el que debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente. Seis días después, en medio del revuelo nacional por la decisión, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada.

Así se refirió a la decisión el senador Iván Cepeda:

¿Qué investiga la Corte Suprema?

El alto tribunal revisa si hubo intento de manipular las versiones de Juan Guillermo Monsalve a través de terceros. Por un lado, por intermedio del abogado Diego Cadena, quien lo visitó el 22 de febrero de 2018 en prisión para pedirle que firmara un documento para ser usado por la defensa del expresidente. A cambio, el jurista se ofreció a ayudarle con una acción de revisión en su proceso por paramilitarismo. El abogado Diego Cadena asegura que todo fue iniciativa de él mismo, pero la Fiscalía creyó lo contrario, y por esta razón le imputó cargos el pasado 27 de julio. Además aseguró que Monsalve, con sus actuaciones, quiso hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia.

(En contexto: Claves para entender el caso contra Uribe por supuestos falsos testigos)

“Por iniciativa mía, mía, mía, le digo: ‘Yo lo que veo viable es un recurso de revisión o revisarle su proceso. No veo más’. Nunca se hizo ningún recurso, nunca estudié su proceso, nunca leí nada. Simplemente se quedó en un comentario. No pasó nada”, aseguró Cadena a la W Radio el 9 de octubre de 2018. A esa reunión en La Picota, que quedó grabada a través de un reloj oculto que tenía Monsalve, también asistió Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve, que le pidió que se pasara al “lado de Uribe”.

Cadena tiene un rol clave en la investigación pues según el alto tribunal, ha “contactado en diferentes cárceles -y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elabore escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago”, este último en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares. Según la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena, con conocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, visitó al menos dos veces más a Monsalve para conseguir que firmara una carta en la que se disculpara con el expresidente.

(En contexto: La defensa de Diego Cadena en el caso Álvaro Uribe)

Además, en el proceso, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; y Eurídice Cortés, alias Diana, han afirmado que el abogado Diego Cadena les ofreció dinero para testificar en favor de los hermanos Uribe Vélez. Las conductas del abogado Cadena le valieron un proceso judicial y la Fiscalía le imputó, junto a su socio Juan José Salazar, los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En el caso de alias Víctor, el ente investigador presentó pruebas de que Cadena ofreció $200 millones, de los cuáles se pagaron efectivamente $48 millones, para afirmar que no se trató de ayudas humanitarias como inicialmente dijo el abogado.

“No existen soportes en la oficina de Cadena que demuestren que esos pagos a Vélez eran ayudas humanitarias o viáticos como parte de una estrategia de este abogado para adquirir pruebas de manera legal (...) en el mundo de los abogados ellos tienen que tratar con personas de dudosa reputación y no pueden darse este tipo de licencias (...) la Fiscalía también hace aportes económicos a testigos, pero como gastos reservados y deja constancia de ello”, señaló el fiscal Daniel Hernández durante la audiencia de imputación.

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Según el ente investigador, los documentos que alias Víctor y el propio Monsalve presentaron a la justicia luego de sus visitas fueron realizados por él mismo con antelación y ellos solo los firmaron. Tras conocerse estos hechos que se le cuestionan a Cadena, incluso el mismo día que rindió indagatoria, el expresidente Uribe se separó del abogado.

“Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”.

No obstante, tras rendir indagatoria, el expresidente Uribe hizo una extensa rueda de prensa en la que aseguró que no sabía de las actuaciones de su apoderado judicial (quien tiene tres investigaciones abiertas en la Fiscalía) y marcó distancia con él: “Me vine a enterar en las últimas semanas, diez meses después de una declaración del testigo Carlos Enrique Vélez, que le había dado $2 millones por razones humanitarias. Fue a decírmelo a mi oficina y le dije: ‘hombre, doctor Diego, si me hubiese consultado, le digo que de ninguna manera. Terminantemente no’”. Cadena renunció al poder que le dio Uribe hace unos meses.

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La Corte Suprema también investiga supuestos intentos del expresidente Uribe para buscar, por medio de terceros, que el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, hiciera un video en el que desacreditara el testimonio del exoficial de la Policía, Juan Carlos Meneses, uno de los principales testigos en el juicio contra Santiago Uribe por la presunta conformación de grupos paramilitares. Además, se investiga que Diego Cadena supuestamente buscó, “siguiendo instrucciones” del expresidente Uribe, a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, para que se comprometiera a declarar en el juicio a Santiago Uribe a su favor, diciendo que en la Fiscalía hubo un complot para acusar al ganadero.

En el caso del representante Álvaro Hernán Prada, el alto tribunal lo investiga por supuestamente haber tratado de manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, a través de terceras personas, para pedirle que hiciera un video retractándose de sus dichos a la justicia y señalara a Cepeda en cambio.Las gestiones las habría hecho Carlos López, alias Caliche, a petición de Prada, hecho que el congresista del Centro Democrático ha negado rotundamente en múltiples ocasiones.

Prada fue citado a indagatoria para el 9 de octubre de 2019 pero la rindió, luego de aplazamiento, el 6 de noviembre de 2019. En este caso, cabe recordar, desde la realización de la indagatoria, el alto tribunal ha enfrentado algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, el sobrevuelo de drones sobre su sede. A esto se suma, el hallazgo de un micrófono en el despacho del magistrado Reyes, quien, además ha denunciado varios episodios que han afectado su seguridad.

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