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El 10 de septiembre de 2012, en su condición de alcalde de La Dorada Caldas, Erwin Arias Betancur suscribió el contrato 003041201 para el suministro de cafetería y elementos de aseo para dicha entidad por $26 millones. Lo hizo con Oscar Jaime Rivera Rodas, representante legal del establecimiento comercial Código de Barras, quien tenía para ese entonces la condición de servidor público, con aparentes irregularidades. Por esa razón, en marzo 2016 la Fiscalía les imputó a ambos los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
La Fiscalía acusó a Arias el 10 de octubre de 2017, en una diligencia que tuvo dos partes y terminó solo hasta el 24 de enero de 2018. El juicio previsto para empezar en julio no se llevó a cabo porque, para esa fecha, Erwin Arias había sido elegido representante a la Cámara por Caldas y, por tanto, el caso debía quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia. El expediente aterrizó en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal el 16 de agosto de 2018 y Arias rindió indagatoria meses después.
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Ahora, la Sala de Primera Instancia ordenó una serie de pruebas para avanzar en este caso en que se cuestiona haber celebrado el contrato con una persona que estaba inhabilitado para ello porque Oscar Jaime Rivera Rodas era al mismo tiempo un servidor público, pues era docente en una vereda en Puerto Salgar (Cundinamarca).. En este caso, en 2014, la Procuraduría falló a a favor del hoy congresista Arias y sancionó al docente por haber sido quien ocultó su condición de profesor.
El alto tribunal solicitó copias documentales del contrato, los certificados de Cámara de Comercio del establecimiento comercial con la cual se hizo el contrato, los documentos que consigan los ascensos como docente de Rivera en el escalafón nacional docente, entre otras. Se pidieron copias de los estudios previos del contrato, de disponibilidad presupuestal, de cumplimiento del contrato y su liquidación, así como la denuncia penal que se instauró en su contra en julio de 2012 y los informes de los investigadores de la Fiscalía que determinaron “los hallazgos y las posibles irregularidades que se presentaron en la suscripción del contrato”.
También se determinó que serán escuchados los testimonios de la entonces secretaria general de la Alcaldía de La Dorada, María Zulay León sobre el rol del Arias Betancur en el contrato y si entonces se sabía que Rivera Rodes era docente o no. Igualmente, se escuchará a Johana Guillén López, supervisora del contrato, quien, según la defensa de Arias, podría indicar que para ese momento no se advirtió la inhabilidad del contratista y negar la existencia de amistad entre ambos. Igualmente, se tendrá en cuenta el testimonio del propio Oscar Rivera Rodes y se pidió escuchar a la persona que interpuso la denuncia en contra del ahora congresista.
La Corte ordenó al CTI hacer un examen pericial sobre un posible detrimento patrimonial que le haya podido provocar a la Nación las supuestas irregularidades en este contrato. En este caso, la defensa del congresista Arias ha indicado que en ese momento no se evidenció la condición de profesor del contratista Rivera Rodes. En el proceso, además, éste docente habría afirmado desconcer la inhabilidad para contratar derivada de sus funciones. Fuentes cercanas al congresista explicaron a este diario que esperan que la Corte Suprema de Justicia falle lo más pronto posible.