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Continúan las diferencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Carcelario y Penitenciario (Inpec) sobre el traslado de presos que estén a cargo de este alto tribunal. Esta vez la corporación le pidió a su director, el general Jorge Luis Ramírez Aragón, que traslade “de manera inmediata al señor David Char Navas” a la cárcel La Picota de Bogotá. Esta orden se da tras el cambio del excongresista al Comando de Combate Aéreo No. 3 de Malambo, Atlántico, desde febrero pasado.
“Se le requiere para que se abstenga de disponer el traslado de personas detenidas a órdenes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a centros carcelarios ubicados en ciudades distintas de la capital del país cuando esta Corporación no lo haya autorizado de manera expresa”, asegura la Corte en una carta enviada al director del Inpec.
El traslado del excongresista a Barranquilla se hizo por petición del abogado defensor, quien argumentó problemas de salud y de seguridad de Char. Tras esa solicitud, el Inpec autorizó el traslado afirmando que estaba facultado para hacerlo bajo los lineamientos de la Ley 1909 de 2014, en la que se señalan cinco causales para los traslados de presos, entre las que se encuentran el estado de salud del interno, cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe y cuando sea necesario por razones de seguridad.
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Este cambio de centro de reclusión se dio sin autorización previa del magistrado encargado, Eugenio Fernández Carlier, lo cual generó incomodidad en la Corte. Para el alto tribunal ese traslado no era posible, pues en diciembre pasado el mismo magistrado Fernández Carlier lo había negado.
David Char Navas, primo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue capturado el 28 de octubre de 2017 en Puerto Colombia (Atlántico), por orden del alto tribunal. Esta detención se dio por un proceso que se lleva en su contra desde 2006. Ese año, la Fiscalía General le hizo llegar al alto tribunal varias pruebas documentales que, al parecer, evidenciaban una relación entre el excongresista y el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En las pruebas que entregó el ente investigativo no solo terminó salpicado Char Navas. En ese momento, la Fiscalía le entregó a la Corte Suprema varios documentos que indicaban posibles nexos de 14 congresistas y excongresistas con grupos paramilitares. Entre esas pruebas se encontraban las declaraciones de paramilitares como Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, José Gélvez Albarracín, alias el Canoso, y Mario Rafael Marenco, alias el Gordo, así como por Lolyluz María Quiroz, que sustentaron la apertura de estas investigaciones.