Corte Suprema ordenó embargo de siete predios de alias 'Macaco'

El alto tribunal dictó medidas cautelares de dichos predios que ingresarán al fondo de reparación de víctimas del Bloque Central Bolívar de las AUC.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió medidas cautelares a siete predios que pertenecían al excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y Carlos Fernando Mateus Morales. Estos ingresarán al fondo de reparación de víctimas del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Al resolver un recurso de apelación, el alto tribunal tumbó la decisión emitida por una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga que negó la imposición de medidas de embargo y secuestro a los predios rurales y urbano cuya titularidad le fue atribuida por la Fiscalía al exjefe paramilitar.

Según la denuncia presentada por el postulado Germán Serna Pico, dichos predios Puerto Limón I, Puerto Limón II y Piamonte, ubicados en el municipio de Cáceres (Antioquia) fueron adquiridos en enero de 2001 por ‘Macaco’. Estos se convirtieron en el centro de actividades del Bloque pues se recibía y almacenaba el dinero, armas y sustancias para la producción de estupefacientes.

En el debate jurídico se indicó que dichos predios habían sido adquiridos por ‘Macaco’ tras un cesión, rechazando así el dicho sobre una presión ejercida por el entonces comandante paramilitar sobre sus legítimos dueños, quienes aseguraron que debido al temor se vieron obligados a entregarlos a precios irrisorios sin emabargo no interpusieron la denuncia. 

“Esa descripción de lo ocurrido no muestra a una persona sometida a transar por temor, al punto que Jiménez Naranjo debió insistirle repetidamente de condiciones concurre con su voluntad a la compraventa, al punto que fue él quien fijó las condiciones del pago y pidió que la mitad del mismo fuera efectuado en especie”, indica el fallo.

En este sentido se indica que “esa compraventa, aunque inexistente en el plano simplemente formal o aparente por no haberse elevado a escritura pública y no haber sido objetivo de registro, sí determinó la cesión del dominio real o material sobre las fincas, al punto que, se insiste, está demostrado que los miembros de la estructura criminal las utilizaron como centro de operaciones durante varios años, respecto de lo cualk no existe controversia”.

“Nótese, pues, que a partir de lo declarado bajo juramento por el nombrado, de quien no es posible suponer interés alguno en faltar a la verdad, no se sigue que el original propietario haya sido en realidad despojado de sus terrenos, sino que los vendió en pleno goce de sus facultades intelectivas y volitivas”, precisa el fallo de 32 páginas con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier.

Frente a los inmuebles Promisión, Argelia y dos lotes innominados la Corte advierte que estos tienen la connotación de baldíos, “tal y como consta en oficio del 13 de mayo de 2015 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, que fue allegado a las diligencias”.

“Es posible concluir que entre Jiménez Naranjo medió un contrato cuya validez, consecuencias y demás efectos corresponden en este momento a derechos en litigio sobre las mejoras, a las cuales no puede negarse su representatividad económica y reparadora”, señala uno de los apartes de la decisión.

Ante esto se impusieron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, “no sobre el derecho de dominio de los terrenos, como quiera que ello no es posible, sino sobre las mejoras, en concreto, una casa, una piscina y las plantaciones existentes, de conformidad con lo contenido en los respectivos informes de alistamiento”.