Corte Suprema ratificó condena contra soldado profesional por "falsos positivos"

El militar participó en un operativo en el que abatieron a un campesino que posteriormente fue presentado como subversivo abatido en combate.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó al soldado profesional Andrés Albeimar Rivera Sánchez por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en persona protegida por el crimen de un campesino que fue presentado como guerrillero abatido en combate en hechos registrados el 25 de diciembre de 2005.

El alto tribunal no aceptó el recurso de casación presentado por la defensa del militar quien aseguró que en el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva –que revocó la absolución- se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Para la Sala en la sentencia de segunda instancia se validaron los dictámenes emitidos por el Instituto de Medicina Legal que determinó que los disparos que le causaron la muerte al labriego fueron ejecutados a corta distancia. Esta prueba, según señala, no pudo ser desvirtuada por la defensa del uniformado.

“Recibió un disparo a 1.20 metros el cual ingresó por el paladar y salió por la región parietal occipital del cráneo”. Estas heridas, para el fallado, no se pudieron hacer en el medio de un combate hecho por el cual se concluyó que el estudio de anatomía patológica hecho en el juicio demostró la hipótesis de la Fiscalía.

En el fallo de segunda instancia se señaló que los hechos materia de investigación representan el “ajusticiamiento de un civil inerme”, rechazando así los argumentos de la defensa del procesado que aseguró que su cliente junto a sus compañeros fueron atacados con granadas y fusiles hecho que generó su reacción.

“No se preocupa en demostrar por qué es desatinado que el juez colegiado sostuviera que el relato del implicado carece de credibilidad en razón que es inverosímil que los dos sujetos portando únicamente un revolver y una granada de fragmentación se atrevieran a atacar a una patrulla militar dotada de armas de largo alcance, amén que tampoco halló explicación plausible para que el obitado no utilizara el artefacto explosivo que le fue hallado, ni frente a la desaparición de su acompañante que se produjo a pesar de la nutrida presencia militar en el sector donde ocurrió el supuesto enfrentamiento, o ante el hecho de que ningún uniformado resultara herido en el cruce de disparos”, precisa el fallo.

Las reglas de la experiencia permiten concluir que no se presentó un combate entre dos bandos opuestos, como lo señalaron los militares, puesto que es inverosímil que se atacaran a los militares que se encontraban en un retén estando en desventaja de gente y de armas. Igualmente se indica que los testimonios recolectados en el proceso fueron coherentes frente a la inexistencia de un combate en el lugar.

“Como el recurrente no demuestra, ni la Corte advierte, que los razonamientos en cita sean infundados, arbitrarios o absurdos, valga decir, contrario a las reglas de la sana critica se rechazará el cargo, pues de la corta distancia que se realizó el disparo que le segó la vida al campesino, por demás incompatible con el contexto en el que admitió haber accionado su fusil de dotación, es plausible inferir que su muerte no se produjo en un combate sino que se trató de un ajusticiamiento”, precisa el fallo.

Resalta además que debido a las falencias de la lógica y adecuada fundamentación en la postulación y desarrollo de la censura, conducen a la inadmisión de la demanda de casación presentada. Debido a esto se dejó en firme la sentencia de 30 años de prisión en contra del soldado profesional.

Según la investigación, un grupo de militares pertenecientes a la escuadra al mando del cabo tercero Wilson Muñoz Pérez se ubicaron en el lugar conocido como La Bodega, en el municipio de Gigante (Huila) y allí tras interceptar al campesino lo asesinaros y cambiaron con prendas de camuflado, igualmente le ubicaron un fusil y una granada de mano.

El caso pasó a la justicia penal militar que al considerar que no eran hechos de servicio ordenó que fuera estudiado por la jurisdicción ordinaria. En fallo de primera instancia el juez primero penal del circuito de Garzón (Huila) lo absolvió por violación al debido proceso. Sin embargo, al resolver la apelación el Tribunal Superior lo sentenció y ordenó su captura.