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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de la defensa del capitán William Roberto del Valle en contra de la decisión de revisión del proceso que se le adelantó por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el asesinato de tres campesinos presentados como guerrilleros abatidos en combate en Cúcuta (Norte de Santander) el 13 de febrero de 1994.
El alto tribunal consideró que no le existía razón al accionante que argumentó que la Fiscalía 72 delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no tenía legitimidad para presentar la apelación contra los fallos emitidos por la Justicia Penal Militar que lo absolvieron.
“De lo expuesto se desprende que la alegación contenida en el libelo por manera alguna desconoce la soberanía de la jurisdicción penal militar, como erradamente lo entiende el acto, sino, se reitera, de una parte, su inaplicabilidad para el juzgamiento del capitán William Roberto del Valle por tratarse de una eventual violación de derechos humanos y, de otra, porque la existencia de pruebas nuevas determinarían el incumplimiento, por parte de dicha jurisdicción, de la obligación que le atañía de investigar en forma seria e imparcial dichas violaciones”, precisa.
En este sentido se rechazó además el argumento sobre la prescripción de los hechos materia de investigación. Además se negó la posición frente a una vulneración de los derechos procesales y el acceso a la administración de justicia. “No se pretende discutir la vigencia de la justicia penal militar y su soporte constitucional, sino su carácter excepcional e inoperante frente a casos como el de la especie, donde, como lo asegura el actor, se está en presencia de una presunta ejecución extrajudicial que debe considerarse como violación grave a los derechos humanos”.
Según los hechos materia de investigación, el 13 de febrero de 1994, después de la medianoche, un grupo de militares abordaron a tres campesinos que se dirigían a sus respectivas residencias en el barrio Chapinero de la Ciudadela San Juan Atalaya en Cúcuta. Los uniformados los obligaron a subir a una camioneta oficial con rumbo desconocido.
Pocos minutos después llegaron al sitio conocido como El Desierto donde fueron bajados y obligados a colocarse en la vía. Minutos después les dispararon causandoles la muerte. El entonces teniente William Roberto del Valle “reportó oficialmente a las víctimas como muertas en combate, en tanto pertenecían a las Milicias Populares del ELN”.
“Previo a la llegada de las autoridades se alteró la escena de los hechos; en las manos de los occisos se colocaron armas de fuego que fueron disparadas, también se dejó una granada, pasamontañas en sus cabezas y una mochila con explosivos y estopines, amén de que los cadáveres se reubicaron”. El juzgado 25 de Instrucción Penal Militar vinculó al oficial mediante indagatoria.
El 7 de noviembre de 1995 el Consejo Verbal de Guerra adelantado en la Quinta Brigada del Ejército emitió el veredicto de los vocales: “no responsable por mayoría de votos”. El 21 de octubre de 1996 el Tribunal Superior de Guerra dejó en firme la decisión de primera instancia.