Corte Suprema tiene en la mira a Gustavo Malo por desaparición de pruebas en caso Ashton

El alto tribunal envió a prisión al suspendido magistrado mientras se adelanta el proceso en su contra. Según la Corte, el extravío de unas interceptaciones telefónicas que comprometen al senador Ashton, y al exmagistrado Francisco Ricaurte, sería la razón de su detención.

Gustavo Malo fue apartado de su cargo como magistrado el 3 de abril de 2018.Gustavo Torrijos.

Desde el miércoles de la semana pasada, el suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo pasa sus días en un calabozo del búnker de la Fiscalía. La orden de permanecer recluido la dio el propio alto tribunal porque, en su criterio, el jurista podría ser un riesgo para el avance del proceso. La decisión de enviarlo a prisión quedó eclipsada por la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, que de conoció ese mismo día, pero no deja de ser una noticia relevante en el caso del conocido cartel de la toga.

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Hoy, cuando apenas empieza a bajar la marea de las noticias de la semana pasada, se conocen más detalles de la decisión que afectó la libertad de Gustavo Malo. Según dos documentos que reveló la Corte Suprema, en los que quedaron consignados sus argumentos para mandar al togado a prisión, el alto tribunal reveló un hecho insólito que precipitó su encarcelamiento. Según el auto, del proceso que se sigue en contra del exmagistrado Francisco Ricuarte desaparecieron unas pruebas claves que lo incriminarían a él y al exsenador Álvaro Ashton. 

El alto tribunal explicó que dentro de esa investigación, las autoridades ordenaron la interceptación de líneas telefónicas que utilizaba el excongresista. De esas tareas, los técnicos sustrajeron conversaciones que él sostuvo con Ricaurte en las que, al parecer, darían pistas para establecer cómo fue que el cartel de la toga intervino en el proceso Ashton. Tanto el exfiscal Luis Gustavo Moreno, pieza clave de la investigación, como el exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez han confirmado la existencia de esas interceptaciones. 

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Al respecto, Reyes Rodríguez agregó que, además de confirmar la existencia de las conversaciones, que serían de 2014, por esa misma época el entonces magistrado Malo Fernández le pidió un informe escrito sobre el estado del proceso. Para la Corte, este testimonio, junto al de Moreno, y  la desaparición de las pruebas, existe la posibilidad de que se esté obstaculizando la investigación por el cartel de la toga. 

"Lo anterior, aclara el alto tribunal, “permiten inferir la posibilidad que la desaparición de ese material probatorio lo haya sido a expensas del aquí procesado, debido no solo al vínculo fraternal de Malo Fernández con el allí directamente involucrado (Ricaurte), sino porque de hacerse públicas las conversaciones –como pretendió José Reyes Rodríguez Casas-, hubieran puesto en riesgo la existencia misma de la organización”, dice la Corte Suprema en dos autos firmados la semana pasada. 

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Para el alto tribunal, no hay duda de que quién tenía los medios y la motivación para “perder” los informes de interceptación, para su beneficio o el de alguien más, era el suspendido magistrado Malo. “Los hechos objeto de la presente actuación, según la probabilidad establecida en la acusación, comportan una inusitada gravedad, no solo atendiendo el número plural de delitos imputados, sino en especial, por tratarse de conductas que, de acuerdo a la investigación, afectaron en forma real, efectiva y tangible la administración de justicia y, por esta vía, las bases del Estado de Derecho”, agrega la Corte. 

Además, para el alto tribunal es de alta preocupación el hecho de que hasta septiembre de 2017, Malo tuvo acceso a los expedientes de la Corte. El dato es clave para los magistrados del caso pues ahora tendrán en cuenta que hasta esa época Malo habría podido incidir o tener información privilegiada de casos para su beneficio. “El pronóstico que a futuro debe hacerse en punto de la posible continuación de la actividad delictiva no lo favorece, pues nada impediría que eventualmente haga uso de dicha información con los mismos protervos propósitos”, dice el alto tribunal.

En los documentos que hizo públicos la Corte, los togados del caso Malo reseñaron también que los vínculos del magistrado suspendido con la rama judicial podrían seguir vigentes y su poder en ella, lejos de desaparecer. Gracias a sus relaciones, dice el auto, el extogado logró nombrar en el alto tribunal, y en otras entidades, “a personas de su círculo más íntimo, antiguos empleados y exalumnos suyos, tales como Javier Enrique Hurtado Ramírez, José Luis Robles Tolosa, Guillermo José Martínez y Camilo Andrés Ruiz”.

La defensa del togado suspendido alegó la determinación y apeló pues considera que la medida de enviarlo a la cárcel es desproporcionan pues Malo ha acudido a todos los llamados de la justicia y no tiene otra intensión que seguir haciéndolo. El recurso todavía está por resolverse. Para llegar hasta esta instancia, el caso primero pasó por el Congreso, en donde el magistrado suspendido fue acusado por, supuestamente, hacer parte de una “empresa criminal” dedicada modificar decisiones judiciales a cambio de millonarias coimas.

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En la investigación se tuvieron en cuenta 25 testimonios, entre los que se encuentran el del abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno; el del magistrado auxiliar de Malo para la época de los hechos, José Luis Reyes; el del excongresista Musa Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, entre otros. Una de las declaraciones claves es la que dio Moreno pues, ante la Comision de Acusación, señaló a Malo de ser el proveedor de toda la información usada por la organización para hacer los millonarios cobros y frenar los procesos.

Otro de los relatos que tiene hoy contra las cuerdas al jurista cartagenero es el del senador Musa Besaile. El congresista relató ante la Corte cómo fue el pedido de la extorsión por $2.000 millones, pago que serviría como evidencia pra confirmar la existencia de un “equipo” encargado de intervenir ilegalmente en procesos y de esa forma “obtener diferentes beneficios procesales, los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”, indican los investigadores. 

El juicio en contra del magistrado suspendido sigue su rumbo en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente, Ramiro Alonso Marín y sus demás compañeros de la Sala Especial de Primera Instancia estudian la apelación de la defensa de Malo Fernández quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

En entrevista con El Espectador, en abril del año pasado, Malo negó todas las acusaciones en su contra. “Ha sido muy fuerte, muy pesada toda esta pesadilla que se ha vivido porque en mis 39 años que llevo de carrera como juez, jamás he tenido una sola investigación ni siquiera disciplinaria, siempre he obrado con rectitud, transparencia y verme enfrentado ahora a esta situación ha producido un impacto emocional muy grande. He tenido que concurrir ante el médico para restablecer mi salud mental, que se ha visto bastante afectada con estos hechos”.

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Redacción Judicial

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