"La CPI tiene interés en las ejecuciones extrajudiciales"

El exdirector de Defensa Militar (Demil), Jean Carlo Mejía, sostiene que este tribunal internacional tiene mucho interés en "desafricanizarse".

Jean Carlo Mejía explica que los delitos trasnacionales como el terrorismo podrían representar un riesgo en los diálogos con la guerrilla. / El Espectador
Jean Carlo Mejía explica que los delitos trasnacionales como el terrorismo podrían representar un riesgo en los diálogos con la guerrilla. / El Espectador

Jean Carlo Mejía lleva 14 años estudiando temas de derechos humanos, derecho penal internacional y delitos trasnacionales como la extradición y el terrorismo. Fue decano de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada durante cinco años hasta 2009, de donde salió para encabezar la Defensa Militar (Demil). Luego se fue del país por un tiempo y hoy es profesor de doctorado de las universidades de Medellín, Santo Tomás y Libre.

En entrevista con El Espectador, este académico explica que los delitos trasnacionales como el terrorismo podrían representar un riesgo en los diálogos con la guerrilla, sostiene que el gobierno está trabajando milimétricamente para cumplir con estándares internacionales de justicia y que “si la gente no desarma los corazones, el conflicto sólo va a cambiar de escenario”.

¿Qué lectura hace sobre la venida de la CPI a Colombia, justo en la coyuntura en la que el país se encuentra con respecto a los diálogos en La Habana?

Ellos han venido haciéndole seguimiento a Colombia desde 2004. Elaboraron un informe el año pasado que tampoco es gratuito, tiene que ver con los diálogos de paz y con varios microcontextos: la reforma al fuero penal militar, los mal llamados falsos positivos y los alcances que podría llegar a tener un punto tan grave como los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de grupos armados al margen de la ley. La Corte, además, trata de desafricanizarse, pues todos los casos y situaciones que ha abierto están relacionados con ese continente y hay una presión de las naciones africanas para que mire hacia otros lados.

Uno puede creer en, por ejemplo, la presión de Europa. Pero difícilmente podría uno pensar que África ha ganado tanto peso en política internacional como para lograr presionar a un órgano como la CPI, ¿no?

Eso es totalmente cierto, pero lo que trata de hacer la Corte es separarse desde el punto de vista jurisdiccional del estándar de intereses que han establecido organizaciones como la ONU. Trata de decir que sí es una corte universal del carácter permanente, con interés de luchar contra la impunidad en todo el mundo.

¿Cree que la CPI viene a revisar qué se está negociando en La Habana?

Una hipótesis puede ser esa. Otra es que el Estado colombiano le quiere mostrar a la Corte que nuestro proceso de paz va a cumplir con los estándares internacionales. El Estado ha mostrado un interés en mantener a la Corte enterada de todo lo que se está haciendo; Colombia fue el primer país de la región en firmar un acuerdo para recibir presos de la CPI a pesar de la crisis carcelaria acá; Colombia tiene dentro de sus objetivos estratégicos mantener a la Corte enterada y que avale el proceso de paz. La CPI maneja un estándar de la justicia anglosajón: pueden haberse cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en Colombia, pero si el estado muestra compromiso, la CPI podría abstenerse de intervenir.

Pero hay jueces de unos países que han terminado procesando a violadores de derechos humanos que no son sus coterráneos, como Baltasar Garzón lo hizo con Augusto Pinochet. ¿Cómo conciliar el concepto de justicia universal con un proceso de paz?

Vivimos en un mundo globalizado pero en materia judicial hay un bipolarismo entre la posición de la CPI y la que tiene Estados Unidos sobre delitos trasnacionales como el terrorismo y el narcotráfico. Yo comparto la posición de Garzón, ningún estado puede renunciar a su soberanía judicial. Esa jurisdicción universal plena es algo que necesariamente se tiene que tener en cuenta (en La Habana). La oposición china ha denunciado casos en España, hay procesos contra cárceles secretas de la CIA en Europa, y cada vez más países muestran interés tanto en crímenes que contempla el Estatuto de Roma como en delitos trasnacionales como el terrorismo, la trata de personas o la afectación al medio ambiente. Esa es la pregunta que no se va a poder resolver ni siquiera en La Habana.

¿Cómo podría entonces el Gobierno asegurarles a la guerrilla a y los propios militares que con este proceso quedarán blindados?

Es una posición difícil de manejar en este mundo globalizado. Hay cosas que no se pueden someter a justicia transicional, a amnistías o a indultos. Eso se resuelve a través de la comprensión de la comunidad internacional de que los delitos tienen un contexto, que están relacionados con un conflicto armado y tratar de ubicarlos en esa perspectiva. Si se pierde ese nexo de causalidad, no se puede pedir a otros países que no actúen.

Es decir, ¿se puede perdonar que las Farc se tomen un pueblo pero no que maten a sus secuestrados? ¿Que los soldados maten a guerrilleros en combate pero no que asesinen a campesinos y los hagan pasar por insurgentes?

No, en esos casos las amnistías y la justicia transicional tienen lugar siempre y cuando se respeten estándares internacionales. La dificultar es frente a delitos trasnacionales, cuando están incluidos los intereses de otros Estados.

¿Acaso son más importantes los delitos trasnacionales que los crímenes de lesa humanidad?

No son más importantes, son distintos pero igualmente graves y van por distintos caminos de intereses políticos. Narcotráfico y terrorismo no están incluidos en el Estatuto de Roma porque no hay consenso internacional y esos temas tampoco se están abordando en La Habana.

Pero es que pensar en un proceso que blinde a todo el mundo para siempre es casi imposible, ¿no? Si hasta acabamos de ver una condena a exguerrilleros del M-19, y ellos fueron amnistiados en el 91.

Es el costo político de toda negociación, nacional e internacionalmente. Por eso Rigoberta Menchú denunció en España el genocidio de Guatemala: ella no estuvo de acuerdo con lo que se negoció en su país y fue a España a denunciar a los posibles responsables de esos delitos. Llevo 14 años estudiando este tema pero me sigue pareciendo bastante complicado.

¿El gobierno está teniendo en cuenta estándares internacionales y el papel de la comunidad internacional en este proceso de paz?

El gobierno está trabajando milimétricamente en este tema. El presidente no se equivoca cuando dice que todo está calculado, pero creo que lo que menos han estudiado son los delitos trasnacionales. Lo que sí creo es que la visita de la CPI sí tiene un propósito muy claro: generar una presión en torno a la reforma al fuero penal militar.

¿Qué interés tendría la CPI en el fuero penal militar?

El informe lo produjo cuando estaba a punto de aprobarse, a finales del año pasado. Ellos tienen mucho interés en las ejecuciones extrajudiciales.

Pero es que, ¿cómo no se asusta uno de pensar, por ejemplo, que son los mismos militares los que decidirán cuándo una muerte en combate fue legal o no, luego de las atrocidades que se han conocido en el marco de los falsos positivos?

Es que en eso no estamos en desacuerdo. Lo que digo es que ahí está la preocupación de la CPI. Las ejecuciones extrajudiciales tienen que ser del resorte de la justicia ordinaria, eso no puede pasar de ninguna manera a la Justicia Penal Militar y en eso la tiene clara el ministro Juan Carlos Pinzón. Mi punto es que la Corte sí hizo ese informe en una coyuntura, tenga razón o no.

¿Ese es precisamente su juego, no cree?

Y están en todo su derecho. La CPI está adscrita al derecho internacional: presión, lobby, cabildeo. El problema es si el Estado no lo entiende o no ha querido entender, después de tantos años, la importancia que un órgano como la CPI o las ONG tienen en el derecho internacional.

¿Cuál es su punto, entonces?

Que aunque haya negociación de paz, aunque haya paz, sigue habiendo interés de la comunidad internacional sobre temas como la parapolítica, los falsos positivos, el marco jurídico para la paz, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Los mismos delegados de la CPI lo dijeron ayer en la Cancillería: respetamos la Justicia Penal Militar pero que haya justicia justa. Y eso es lo que buscamos todos, sin apasionamientos: justicia justa.

¿Rima la idea de una justicia justa si con la de que los guerrilleros podrían nunca pisar una cárcel?

Políticamente el país está polarizado al extremo, hay un odio que carcome a la gente sin importar su posición ideológica. Ahí es donde está la resolución del conflicto: si la gente no desarma los corazones el conflicto sólo va a cambiar de escenario. Esa es mi mayor preocupación. Hay que pensar en una palabra: víctimas, sin adjetivos, sin seguir sembrando odios.

¿Qué quiere decir con que hay que pensar en víctimas sin adjetivos?

En las distinciones que se hacen: víctimas de Estado, de los paramilitares, de guerrilla. Lo paradójico es que, en este país, sólo el 10% de las víctimas son víctimas del conflicto. Con esas categorías estamos invisibilizando a quienes sufren el 90% de las conductas delictivas de este país. Ellos merecen también un justo atributo.
 

Temas relacionados