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Crisis carcelaria en Colombia: de la falta de política criminal al coronavirus

En 2013, la Corte Constitucional declaró estado de cosas inconstitucional para las cárceles por segunda vez. El hacinamiento seguía siendo un problema enorme pero, en el fondo, lo que más se necesitaba era una política criminal que beneficiara la política penitenciaria. Los presos colombianos, que creen que no se ha solucionado nada de raíz, anunciaron huelga de hambre para el próximo 7 de abril.

El hacinamiento en las prisiones del país era un problema tan grave en 2013 como lo es ahora, que supera el 50 %.Archivo El Espectador

En días recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido dos peticiones para que el organismo, como pueda, sondee lo que está pasando en las cárceles colombianas a medida que la amenaza del COVID-19 se cierne sobre ellas. “Advertimos sobre la falta de medidas por el Gobierno colombiano para evitar contagios con covid-19 al interior de los centros penitenciarios”, manifestaron el senador Iván Cepeda y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Sigifredo López pidió una visita para verificar la “gravedad y urgencia” de la crisis carcelaria, de nuevo en tela de juicio por la pandemia que atraviesa Colombia y el mundo entero.

Pero esta crisis humanitaria que se vive en las cárceles no es un tema de hoy. Lleva mucho tiempo, quizá demasiado. En 1998, la Corte Constitucional declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en prisiones, al abordar dos tutelas presentadas por presos de la cárcel Modelo de Bogotá -que hoy alcanza un hacinamiento del 62 %, según el Inpec- y por un recluso de la cárcel Bellavista de Medellín -cuya tasa de hacinamiento es del 143 %, dicen cifras oficiales-. “Las condiciones de reclusión en las dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal”, dijo entonces el alto tribunal.

Cinco años más tarde de ese fallo, trascendental en la historia de las cárceles colombianas, vino el segundo: la tutela 388 de 2013. En esa ocasión ya no fueron dos, sino nueve las tutelas que llegaron a la corporación y que esta reunió para estudiar en grupos por cárceles, que eran seis en total. Cada una pintaba un panorama desolador del estado de los centros penitenciarios para quienes cometieron algún delito o crimen y debían permanecer privados de la libertad por ello. Reclusos de la cárcel de Cúcuta -hoy con hacinamiento del 66 %-, por ejemplo, señalaron que el hacinamiento, la falta de salubridad, higiene y calidad de sistemas sanitarios del lugar los obligaba a vivir en “condiciones indignas e inhumanas”.  

La Tramacúa -sin hacinamiento- está ubicada en Valledupar y es conocida por albergar a los presos considerados más peligrosos del país: allí estaba Popeye, sicario de Pablo Escobar quien murió de cáncer el pasado 6 de febrero; y están Rafael Uribe Noguera, asesino de la pequeña Yuliana Samboní; Luis Alfredo Garavito, violador de niños en serie; o Javier Velasco Valenzuela, el hombre que violó, empaló y asesinó a Rosa Elvira Cely en Bogotá en 2012. En este lugar, las denuncias eran por “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa tales como agresiones físicas, aislamiento injustificado y prolongado” y “restricción de servicios básicos como la salud, el agua y el saneamiento básico”.

En los expedientes de la Corte figuraba, de nuevo, la cárcel Modelo de Bogotá y la cárcel Bellavista de Medellín. El recluso Jhon Mario Ortiz, acompañado por un abogado/estudiante de la Universidad de los Andes, habló del “colapso” de La Modelo y exigió estar tras las rejas “en condiciones de dignidad”. El preso Wilfredo Mesa, por su parte, expuso reclamos similares. Víctor Vera, recluido en Bellavista, contó que “por las condiciones de hacinamiento debe dormir en un baño, al lado de la basura, donde hay malos olores y condiciones higiénicas inadecuadas”. Apeló a su derecho a la dignidad humana, como tantos en su misma posición.

Por último estaban las cárceles de Popayán y Barrancabermeja. La primera, con hacinamiento del 67 % y la segunda, de 124 %. Se trata de prisiones pequeñas, con capacidad para 100 y 200 personas, respectivamente. Luis Enrique Leal, Jhon Jairo Cifuentes y Omar Herrera, en la de Popayán, alegaron que les violaban los derechos al “al mínimo vital, el núcleo familiar”. En Barrancabermeja, quien puso la tutela fue el propio defensor del Pueblo, describiendo violaciones a “derechos fundamentales de los internos” como la vida, la dignidad humana, la privacidad, la salud, la integridad personal o la intimidad, “en gran medida, debido a la situación de hacinamiento”. 

(Vea nuestra primera entrega de este especial, Emergencia carcelaria: ¿cómo llegamos a la crisis que evidencia el COVID-19?)

En ese momento, la Corte decidió entrar a analizar todos estos casos porque concluyó que el estado de cosas inconstitucional que había encontrado cinco años atrás no era el mismo que el de 2013. La Corte señaló que, en 1998, “evidenció que se trataba de un problema estructural, que se había gestado en Colombia a lo largo de los años”, y que aunque el fenómeno “no se presentaba con la misma intensidad en todos los casos, sí era amplio y generalizado”. Lo peor, que era una problemática conocida desde principios de siglo XX, en la que también tenía que ver una infraestructura vieja y poco desarrollada, a la cual el Estado colombiano había respondido pobremente, nunca de fondo.

Con todo y eso, el alto tribunal consideró que, tras su sentencia de 1998, el estado de cosas inconstitucional se había superado. “Las medidas legislativas y administrativas adoptadas en los años siguientes implementaron cambios al sistema penitenciario y carcelario nacional que permitieron superar la gravísima situación”, aseguró. Agregó que los datos que tenía a mano le permitían inferir que “la dramática situación de abandono había sido superada”. Aunque aclaró: “En ningún momento la evidencia empírica con que se contó, permitió concluir que la situación crítica ha sido superada de manera absoluta o que los graves problemas estructurales que se enfrentan hubieran quedado atrás por completo”.

Cinco años más tarde, la Corte estaba de nuevo al frente de este tema porque “la situación de hacinamiento y crisis generalizada en el sistema penitenciario y carcelario, había vuelto a ser tan grave como lo había sido en 1998. No se trataba de una amenaza eventual, se afirmó, sino de una realidad que nuevamente volvía a ser evidente e irrefutable”. Al principio, la corporación no quiso meterse mucho: consideraba que se trataba de un tema ya resuelto y que, por ende, ella no tenía competencia. Cuando falló en 1998, indicó, la tasa de hacinamiento superaba el 40 %. Luego bajó. Pero después subió. Y las tutelas siguieron llegando al alto tribunal. (Suspenden visitas a todas las cárceles del país por coronavirus)

En 2011, la Contraloría hizo un estudio y remitió sus conclusiones a la Corte. “Pese al enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos del país, no han mejorado por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para el total de las cárceles del Inpec”, resaltó el organismo de control. “Si bien la entrega de (centros de reclusión) ha atenuado la crítica situación carcelaria del país, no son la respuesta más idónea para superarla. La dinámica del crecimiento poblacional y las características que deben tener los centros de reclusión para facilitar la resocialización, requieren de un proceso constante de adecuación de la capacidad carcelaria y de la política criminal”, agregó.

La Corte, entonces, recurrió a la academia y la opinión pública para dimensionar el problema. Las respuestas solo confirmaban lo que los presos reclamaban y, además, permitían avizorar otros factores que el Estado debía tener en cuenta. “La sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia”, le explicaron a la Corte. “La escasez de los bienes (…) lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal, alterno, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado debería garantizar a una persona, especialmente por el hecho de estar privada de la libertad bajo su control y sujeción”, dijeron. “Son voces que coinciden en la gravedad de la crisis carcelaria”, anotó el alto tribunal.

Encontró también la Corte Constitucional que, a pesar de los altos números de hacinamiento en el país, Colombia no estaba en el peor de los escenarios con respecto al resto del continente: en El Salvador era del 324 %; en Panamá, de 169 %; en Brasil, de 171 %; en Perú, de 211 %; en Bolivia, de 269 %; en Guatemala, de 251 %; en Haití, de 417 %. Las cifras las aportó el International Centre for Prison Studies (Centro Internacional para Estudios de Prisiones). La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), “a solicitud de la Organización de Estados Americanos (…) concluyó que los problemas estructurales del sistema carcelario son una constante en la región”.

En el debate intervino también la Comisión Asesora de Política Criminal, cuya creación, para la Corte, fue “uno de los aportes significativos que ha hecho el Gobierno Nacional al avance del debate”. La Comisión resaltó puntos importantes, como que “carecemos de una política criminal consistente y de largo plazo, fundada empíricamente y enmarcada constitucionalmente”. Indicó, asimismo, que el llamado populismo punitivo no ayudaba. “hay muy poca evidencia de que un incremento en la severidad del castigo tenga efectos disuasivos significativos, mientas que existe evidencia sustantiva de que el incremento en la certeza del castigo es el que tiene más efectos disuasivos”.(Internos de cárcel "Tramacúa" en Valledupar reclaman salubridad)

Las decisiones de la Corte

Con estos y más elementos sobre la mesa, la Corte Constitucional volvió a llegar a la conclusión, en 2013, de que en Colombia había un estado de cosas inconstitucional en prisiones. “El estado de cosas contrario a la Constitución Política vigente de la política penitenciaria y carcelaria, conlleva, como lo evidenciaron los intervinientes en el proceso, un ajuste de la política criminal en general”, explicó la corporación en ese momento. Para esa época, el Congreso tramitaba una reforma al Código Penitenciario y Carcelario, la cual desembocó en la Ley 1709 de 2014, en el cual se estableció: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana”.

“La gravedad de la situación y la especial protección constitucional de las personas privadas de la libertad, tal como ha sido resaltada a lo largo de la presente sentencia. El nivel y grado tan atroz de violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, así como la cantidad y variedad de violaciones. Se trata de personas en situación de vulnerabilidad manifiesta, dada la relación de especial sujeción que supone estar preso, aparte del estado de cosas contrario a la Constitución en que se encuentra el Sistema carcelario, que amplifica las violaciones y amenazas. En estas condiciones, el juez de tutela tiene un deber de protección reforzada que no puede abandonar”, resaltó la corporación.

La Corte le pidió al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Inpec, que continuara tomando medidas para superar el estado de cosas inconstitucional en prisiones, de la mano de la Comisión Asesora de Política Criminal, y teniendo en cuenta algo clave: que el hacinamiento no era el único problema en las cárceles. Solicitó una política criminal “respetuosa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales”, informes periódicos para saber los avances, un cronograma y la participación de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría y de la Procuraduría, las cuales ya venían haciendo seguimiento a la problemática con sus propios funcionarios. (Las cárceles en Colombia, una historia de hacinamiento)

En ese momento, la Corte hizo una petición esencial: una política criminal en la que la privación de la libertad fuera la última opción. Hoy, las cifras del Inpec indican que hay más de 35.000 personas procesadas, no condenadas, en las cárceles. Si quienes realmente no representan un peligro para la sociedad, no pueden influir en las investigaciones en su contra o no presentan riesgo de fuga no estuvieran tras las rejas, el hacinamiento en Colombia arrojaría otros números, probablemente. La Corte insistió: el país necesitaba “una política criminal coherente, razonable, proporcional y sostenible (…) considerando otras opciones de sanción o de control”, que no requirieran siempre de privar de la libertad.

La Corte Constitucional recordó que “un cupo carcelario no es igual a una celda con cama, colchón y cobija”, que el objetivo final de la cárcel es la resocialización, y que los reclusos merecían “la posibilidad real de vivir en una sociedad libre y democrática”, además de “espacios con mínimas condiciones de limpieza. Espacios en los que exista control de plagas”. “El Magistrado Ciro Angarita Barón recordaba una frase que evidencia el sentido medular de la dignidad humana: ‘toda vida tiene un objeto y puede ser útil, no importa cuán menguada esté’. Cualquier persona, no importa que tan menguada la tenga la cárcel, vive una vida que debe ser protegida, por principio, bajo el orden constitucional vigente”.

Siete años más tarde, la problemática de las cárceles parece ser de nuevo una bomba por estallar ahora que la epidemia del nuevo coronavirus acecha cada rincón del planeta, incluidos, por supuesto, los centros de reclusión. Reclusos de todo el país han convocado a una huelga de hambre para el próximo martes 7 de abril. “Merecemos estar con nuestras familias hasta el día que se solucione esta pandemia mundial”, dijeron en un comunicado. “No podemos esperar que está pandemia llegue o ataque un centro carcelario, para tomar las respectivas medidas cautelares. Debemos actuar ahora y así evitamos masacres como la del pasado sábado 21 de marzo del presente año”.

 

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Redacción Judicial

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