CTI inspecciona oficinas de la Universidad Autónoma del Caribe

La Fiscalía busca identificar presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero en la institución educativa. Delegados de Ministerio de Educación Nacional y el rector de la institución, Víctor Armenta, también están presentes.

Universidad Autónoma del Caribe.Cortesía

A esta hora, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en compañía de agentes de la Policía Económica y Financiera, inspeccionan las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla (Atlántico). A la diligencia también asisten Martha Sánchez, inspectora designada por el Ministerio de Educación Nacional, y el nuevo director de la institución educativa, Víctor Armenta.

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La inspección tiene como propósito verificar la documentación sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la institución educativa. Los inconvenientes llegaron hasta el punto de que estudiantes, profesores y comunidad educativa, sentaron su voz de protesta solicitando, entre diversas peticiones, la renuncia del rector, Ramsés Vargas, el consejo directivo y la sala general. Vargas ya se apartó del cargo.

Son diversos los problemas que la universidad está inmersa. Uno de ellos es con el Icetex en relación con el convenio que firmaron para asegurar la permanencia de los estudiantes de estrato uno, dos y tres. Las entidades acordaron que Icetex financiaría el 75% de la matrícula y la universidad el 25% restante, mediante un crédito reembolsable. Sin embargo, tiempo después, las partes empezaron a emitir sus inconformidades sobre el manejo del programa.

Mientras Ramsés Vargas dijo que el Icetex le debía $7.000 millones, la entidad del Estado, que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos, alegó falta de seguimiento de la Uniautónoma. Detrás de la polémica por los pagos ha estado, precisamente, Ramsés Vargas, quien, hasta el primero de marzo, fue el rector de la universidad. No obstante, Vargas también ha sido cuestionado por otros hechos aparentemente irregulares.

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Un informe del Ministerio de Educación sostiene que el exdirector recibía un salario de $95 millones y una bonificación de $69 millones mensuales como un auxilio de seguridad. Otros inconvenientes es la falta de pago a los profesores, la venta del equipo de fútbol de una institución educativa que hace parte de la división profesional de fútbol colombiano, el cambio de sede de la universidad de Miami, entre otras irregularidades que han manifestado allegados al claustro universitario.