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hace 1 día

Cuando una persona trans acude a la justicia es revictimizada: Caribe Afirmativo

El director de la organización, Wilson Castañeda, habla sobre las dificultades de la comunidad trans para exigir sus derechos por vías judiciales. Según Castañeda, el principal reto es que jueces y fiscales asuman un enfoque diferencial.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.Cristian Garavito - El Espectador

La Corporación Caribe Afirmativo presentará el próximo miércoles, en el marco de Feria del Libro de Bogotá, su informe Enterezas en el que documentan las dificultadesy tropiezos de los funcionarios judiciales cuando atienden a víctimas mujeres que, además, son diversas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Wilson Castañeda, director de la organización habló con El Espectador sobre los retos que enfrentan a diario las personas trans cuando intentan acceder a la justicia. 

¿Cuáles son las mayores dificultades en el acceso a la justicia por parte de las personas trans?   

La ausencia de un enfoque diferencial y la falta de acciones afirmativas tendientes a romper el estado de impunidad en el que se encuentran las violencias hacia las personas trans. Además, la indefensión de éstas como víctimas que no encuentran alternativas para acudir al sistema judicial. Las personas trans no encuentran ofertas por parte de los operadores de justicia que les permitan acceder a la justicia desde un enfoque diferencial, como sí ha pasado con otros grupos poblacionales, por ejemplo, las comunidades indígenas, que han logrado construir alternativas propias desde sus comunidades. Incluso, en términos generales, desde las mujeres.

¿Cómo sería ese enfoque diferencial?

Por ejemplo, aplicar una atención diferenciada, hacer uso de un lenguaje incluyente, formar a los funcionarios de justicia para romper estereotipos. que permitiría sería lograr romper las raíces de la violencia que afrontan las personas trans.

¿Cómo es esa violencia?

Por un lado, es marcada por la impunidad: no se investiga porque las personas trans no encuentran en el sistema de justicia un aliado y no denuncian, y también porque quienes trabajan en el sistema de justicia desconocen la particularidad de la violencia hacia las personas trans o trata de invisibilizar a las personas trans en sus investigaciones de violencia y eso hace que redunde la impunidad. Y, por otro lado, también redunda el Estado de indefensión porque es muy común y recurrente encontrar que cuando una persona trans acude al sistema de justicia a buscar atención a la exigibilidad de sus derechos termina es siendo revictimizada o no encuentra una atención adecuada y eso no le genera confianza.

¿Podría darnos un ejemplo?

Muchas investigaciones relacionadas con homicidios de mujeres trans, , por ejemplo, invisibilizan la construcción identitaria de la víctima, la siguen nominando y llamando por su nombre jurídico y desconocen los niveles de vulnerabilidad que como mujer trans tiene, que es diferente al resto de la ciudadanía.

Y, como una buena práctica, habría que decir que, en términos de los operadores de justicia, la Fiscalía General, en los últimos años, particularmente desde la administración del fiscal pasado, creó una figura de fiscales para asuntos LGBT y, precisamente, el ente investigador ha venido trabajando en formar a los funcionarios para romper estereotipos de discriminación, y, de otro lado, especializarlos, para que puedan avanzar con contundencia en la investigación y así bajar los niveles de impunidad y lograr romper la barrera de indefensión que tienen las víctimas. Otra buena prácticabes el sistema de justicia transicional que contempla la aplicación del enfoque de género del acuerdo de paz. Ahí hemos visto un proceso también juicioso de incluir las personas LGBT en sus estrategias de acción afirmativa en acceso a la justicia.

¿En qué se diferencia el proceso judicial de un asesinato de una persona trans con el de una persona cisgénero?        

En teoría la investigación de un homicidio no debería tener diferenciación porque el sistema judicial debe proveer una investigación eficaz y eficiente. Sin embargo, en la práctica, los homicidios contra personas trans, en comparación con las personas cisgénero, son menos investigados. Además, encontramos en muchos despachos que, a pesar de tratarse de una persona trans, que tenía una identidad femenina, muchas veces los investigadores echan mano de la construcción jurídica de la víctima e invisibilizan su construcción identitaria. Terminan desconociendo todos los fenómenos particulares de violencia que tienen las personas trans. Y, finalmente, la diferencia en las investigaciones de homicidios es que, lastimosamente, los operadores de justicia de Colombia, sobre todo, quienes hacen la pesquisa cotidiana, es decir, la Policía, los que están en terreno, no cuentan con la información suficiente (volvemos a lo mismo, un enfoque diferencial) y terminan, muchas veces, en ese estereotipo criminal, haciendo responsable a la víctima.

¿Se podría decir que se revictimiza?

Hoy nos encontramos en un escenario de personas trans igual que se encontraban las personas afrodescendientes en los años 60, con altos niveles de estigma y discriminación. Cuando ocurría un hecho violento y estaba implicada una persona afrodescendiente, inmediatamente se le hacía responsable o se le cargaba a la víctima la responsabilidad. Encontramos en la cotidianidad muchos operadores de justicia, sobre todo en la Policía que, por ejemplo, cuando la víctima es una persona trans, terminan señalándola como responsable de su homicidio.

¿Qué tan efectivo es el acceso a la justicia de las personas trans?

Desafortunadamente no es efectivo. En nuestra investigación documentamos que, de cada 10 personas trans en la región, 8 han tenido experiencias frustradas de acceso a la justicia; 6 de cada 10 han sido revictimizadas en el sistema de justicia, y 5 de cada 10 han desistido del proceso de seguir exigiendo acción a la justicia porque consideran que no hay condiciones para la garantía de su vida digna.

¿Por qué ocurre esto?

Primero, porque en el sistema de justicia persisten y están anclados muchos prejuicios hacia las personas trans. Si bien el sistema de justicia es muy prejuicioso hacia las personas LGBT, es doblemente prejuicioso hacia las personas trans, sobre todo hacia las identidades y expresiones de género que ellas recogen. Y, en segundo lugar, el sistema de justicia no es accesible a las personas trans porque en la vida cotidiana todavía no tenemos operadores de justicia en terreno que apliquen un enfoque diferencial en las investigaciones de violencia hacia personas trans.

¿Cómo está el panorama en derechos humanos de las personas trans?              

Está en un gran déficit de derechos. Yo lo calificaría así. Del grupo poblacional de las personas LGBT, las personas trans son quienes están mayormente expuestas a la violencia cotidiana, a la violencia simbólica y a la violencia física. Además, hay un déficit de derechos de las personas trans porque las políticas preventivas que se construyen en Colombia para prevenir el delito y la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, todavía no logran ampliarse hacia las mujeres trans y hacia los hombres trans y, todavía, el sistema de justicia no reconoce y no es capaz de actuar frente a los niveles reales de vulnerabilidad que tienen.

¿En qué escenarios son más recurrentes estas violencias?

Particularmente en tres escenarios Primero, la violencia a la que se exponen las mujeres trans en sus círculos familiares o domésticos, porque todavía la política de violencia intrafamiliar no atiende estos casos en específico. Segundo, la violencia policial. Las personas trans, muchas de ellas tienen ejercicios de calle, precisamente porque la sociedad no da oportunidades laborales o porque hay expulsión de sus hogares. En las calles, los policías las igualan a cualquier práctica delictiva y hay una persecución. En tercer lugar, los grupos al margen de la ley. Los grupos criminales han venido utilizando a las personas trans en medio de sus estructuras haciéndolas portadoras, por ejemplo, de droga, obligándolas a entregarla a los compradores, con la exigencia de que si no hacen esto serán expulsadas de sus territorios.

¿Qué características tienen estas violencias?

Es una violencia que tiene mayores niveles de sevicia, de crueldad. Casi toda ocurre en el espacio público y, termina mandando unos mensajes muy fuertes estructurales por sus altos niveles de violencia y es como una eliminación de las personas trans de la realidad social. Es decir, es un prejuicio jerárquico donde, cuando el victimario termina quitándole la vida, no simplemente la mata, sino que genera sobre ella múltiples violencias tratando de enviar un mensaje contundente a la sociedad de borrar lo trans.

¿Cuáles serían los mayores obstáculos que considera que existen en la judicialización de los asesinatos de personas trans?

En la tipificación de los delitos. La Corte Constitucional, en relación con la ley del feminicidio, reconoció que esta también recoge a las mujeres trans. No obstante, apenas tenemos un solo caso en Colombia. Entonces, yo diría que hay una falta de compromiso de las autoridades judiciales para tipificar el delito de feminicidio. Todavía en los despachos de los fiscales y en los procesos de investigaciones judiciales de los policías que llevan casos de mujeres trans, no se aplica una metodología completa que les permita saber si frente a cada caso de un homicidio de una mujer o un hombre trans, estamos ante un feminicidio.