¿Cuánto le va a costar al país que las Farc hagan política?

En el acto legislativo 3 de 2017 quedaron pactadas las reglas para que las Farc puedan hacer política. La Corte Constitucional revisa esta norma. / Archivo

El pasado miércoles 23 de agosto, se llevó a cabo una audiencia pública crucial para la verificación constitucional que está haciendo la Corte Constitucional a la aplicación del Acuerdo de Paz en el país. El tema fue el de la participación política de las Farc, cuyas reglas quedaron pactadas en el Congreso en el acto legislativo 3 de 2017, que está en estudio en este alto tribunal. Fue allí en donde el magistrado ponente, Iván Escrucería, invitó al Ministerio de Hacienda para que explicara cuánto le costará al país que las Farc hagan política en la legalidad. (No se está violando el derecho a la igualdad de los otros partidos: ministro Rivera)

El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, fue el encargado de presentar la tabla de costos. De acuerdo con las estimaciones que ha hecho esta cartera, para cumplir con las 10 curules en el Senado y Cámara, y suplir con los gastos de la campaña política de las Farc, le costará a la Nación $39.688 millones en 2018, año en el que se celebrarán las próximas elecciones. (Participación política de las Farc, a examen en la Corte Constitucional)

Escobar Arango aclaró que esta cifra solo corresponde al periodo 2018-2022 y que, se estaría hablando de aproximadamente $239.490 millones si se financia a este nuevo partido político hasta 2026, como está pactado en el Acuerdo de Paz. Además, el representante del Ministerio de Hacienda aclaró que esta cifra solo cobija al partido pues, si se habla también del Centro de Pensamiento de ​las Farc, este costaría $3.080 millones. (Así se convertirán las Farc en partido político)

Para llegar a estas cifras el viceministro Escobar explicó que se tuvo en cuenta lo que cuesta una curul en el Senado o en la Cámara, es decir, el salario del congresista más el valor de su equipo de trabajo legislativo, que es de $1.516 millones. Además, el funcionario aclaró que estos números  son un estimado pues, si las Farc logran obtener el umbral exigido para las elecciones, no sería necesario el pago del total del dinero. (Financiación a partido de las Farc, nueva polémica)

De acuerdo con las demás cifras que estimó el Ministerio de Hacienda, para 2018 se está hablando de que el valor de la financiación del partido de las Farc representa 0,007% del presupuesto general de la Nación que ya está en estudio en el Congreso. El viceministro aclaró que, aunque ya hicieron la tasación completa del dinero que se tendría que invertir hasta 2026, es importante tener en cuenta que cada año la cifras pueden variar por el impacto fiscal.  (¿Cómo se debe llamar el partido de las Farc?: Timochenko pregunta a los tuiteros)

Otro de los invitados a participar durante la audiencia y quien se refirió directamente a estos números, fue el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. En su intervención, el congresista señaló que, al ser uno de los facilitadores de los diálogos entre Gobierno y las Farc, pudo presenciar de primera mano la importancia de la negociación sobre el paso de la lucha armada la vida política de esta guerrilla. (Farc, con imagen más favorable que los partidos políticos)

“Se trata, ni más ni menos, que de un aspecto esencial del Acuerdo de Paz, pues revela la naturaleza política del conflicto armado y, por esa misma razón, resuelve uno de los problemas que dieron origen histórico a ese conflicto: la cuestión de las garantías democráticas para la participación política, en general, y de la participación de quienes decidieron levantarse en armas, pues consideraron que el Estado colombiano no brindó seguridad para proteger su vida ni para permitir su libre ejercicio político, y por el contrario los persiguió por sus ideas al punto de forzarlos a asumir la vía de la insurrección armada”, señaló el senador Cepeda.

En su opinión, el costo para la Nación de que las Farc hagan política se debe entender desde una perspectiva de costo-beneficio. Para el senador, que el presupuesto para los próximos años aumente por cuenta de esta financiación  “debe sopesarse a la luz del decrecimiento de gastos para el país provocado por los efectos positivos que tiene el proceso de paz, y en concreto la terminación del conflicto armado entre el Estado y las Farc. A esos significativos ahorros cabe agregar los beneficios que para la economía colombiana se producirán especialmente en materia de condiciones para la inversión económica”.

Cepeda mencionó, durante su intervención en la Corte, que está seguro que si se realiza una comparación técnica especializada entre los costos y los beneficios presupuestales que se obtienen con el fin de la guerra, sería claro que los gastos que implica la nueva formación política son insignificantes frente a las ganancias que se obtienen. El senador hizo referencia además a un estudio realizado por el investigador Diego Otero Prada quien se dedicó a estudiar los gastos que ha hecho Colombia en la guerra y encontró que en los últimos 10 años, Colombia gastó $22.000 millones.

Además de Cepeda, a la audiencia asistieron cinco congresistas más, entre ellos el senador del Centro Democrático,  Alfredo Rangel, quien ha sido un duro crítico del proceso de paz. Él, junto al exalto Comisionado de Paz, Camilo Gómez Alzate, fueron quienes más presentaron reparos en la audiencia pública. Para ambos, es inconcebible que a las Farc se les vayan a dar beneficios para que entren al ruedo político.

Rangel considera que no es justo que reciban, por ejemplo, financiación por parte del Estado y los demás partidos políticos no. Pero su crítica más vehemente fue al hecho de que guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, puedan llegar a la política.  “Es inaceptable para los colombianos que personas responsables por esos crímenes puedan ejercer cargos públicos aún durante el cumplimiento de esas sanciones ridículas y simbólicas (sanciones de la JEP), como podrían ser sembrar lechugas o regar flores en los parques”.

En su polémico discurso en la audiencia pública, el senador Rangel agregó que si se llegara a permitir que las personas con anotaciones graves en su pasado judicial llegaran al Congreso, “se incrementaría la desconfianza hacia las altas cortes, sería un descrédito para la justicia, una burla a la conciencia del pueblo colombiano, y una revictimización de las víctimas. Adicionalmente se enviaría un mensaje perverso para las nuevas generaciones en el sentido de que el crimen sí paga y puede ser premiado con curules en el Congreso y con total impunidad”.