Cuatro alcaldes son investigados por otorgar contratos a financiadores de sus campañas

Se trata de los mandatarios locales de Bojayá y Alto Baudó (Chocó), Vergara (Cundinamarca) y San Bernardo del Viento (Córdoba). Asimismo, fue capturado el alcalde de Agustín Codazzi (Cesar) por haberse apropiado, supuestamente, de $1.600 millones del erario.

Jeremías Moreno, alcalde saliente de Bojayá, es uno de los investigados.Archivo particular.

A menos de un mes y medio de que los alcaldes y gobernadores que fueron elegidos para el periodo 2016-2019, cuatro mandatarios locales van a tener una amarga recta final en sus administraciones. La Fiscalía General tiene bajo la lupa a los actuales alcaldes de Bojayá y Alto Baudó (Chocó), Vergara (Cundinamarca) San Bernardo del Viento (Córdoba), quienes son investigados por otorgar contratos de manera irregular, dice el ente investigador, a quienes financiaron sus campañas en 2015. 

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En el caso del departamento del Chocó, se imputó cargos a Jeremías Moreno y Jhon Murillo, alcaldes de Bojayá y Alto Baudó, respectivamente. Para el caso del primer municipio, las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que su mandatario local dio un contrato de 900 millones a una persona que aportó a su campaña hace cuatro años. En cuanto al segundo, el alcalde habría entregado a dos donantes contratos por $600 millones.

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Elber Luis López, saliente alcalde de San Bernardo del Viento (Córdoba) por adjudicar seis contratos por más de $670 millones a Pedro Antonio Negret, quien habría aportado cerca de $7 millones a su campaña 2015.

En Cundinamarca el ente investigador encontró en el municipio de Vergara se otorgaron contratos a dos financiadores de la campaña de la actual  mandataria Ana María Mahecha. Siete de los contratos de obra pública, dice la Fiscalía, fueron entregados a dos financiadores de la alcaldesa por cerca de 1.600 millones.

Este fin de semana, la Fiscalía también le imputó cargos al al alcalde de Agustín Codazzi (Cesar), Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, por los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado. Los investigadores determinaron que el mandatario local —suspendido actualmente de sus funciones—, el 28 de septiembre de 2018, al parecer le exigió dinero a un contratista, a través de una persona que habría sido usada como testaferro.

Ese pedido del alcalde, dice el ente investigador, lo hizo a cambio de autorizarle las órdenes de pago de las cuentas de cobro por la ejecución del contrato de un contrato público. Con estas aparentes irregularidades Peñaloza Fuentes, de 53 años de edad, se habría apropiado de $1.400’000.000 del municipio, que fueron girados a su cuenta personal y de los cuales no existen soportes que justifiquen la procedencia de las transacciones.

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Redacción Judicial

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