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El próximo 28 de marzo se conocerá el monto de la condena contra cuatro integrantes de una familia que recibieron una millonaria indemnización del Estado colombiano por la muerte de Willian Molina en la masacre de Mapiripán ejecutada por grupos paramilitares entre los días 15 y 20 de julio de 1997.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el pago de una indemnización por los daños materiales y morales causados a Luis Fernando Figueredo Cagüeño, Carlos Felipe Figueredo, Johnatan Figueredo Cagüeño y William Alexander Molina Figueredo.
Sin embargo, la Fiscalía General estableció que la persona que fue reportada como muerta en la acción paramilitar está con vida y vive actualmente en la ciudad de Villavicencio. Para el ente investigador estas personas faltaron a la verdad cuando se acreditaron como víctimas de la masacre ante el organismo internacional.
Por estos hechos, los acusó formalmente por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y estafa agravada. Los procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos materia de investigación ante el juzgado 27 de conocimiento de Bogotá.
Por mentir para recibir beneficios económicos en la demanda presentada ante la Corte Interamericana ya han sido condenadas siete personas. El ente investigador está tras la pista de otras personas que se habrían beneficiado con el pago de indemnizaciones en el fallo emitido en octubre de 2005.
Por permitir la incursión paramilitar en el municipio del Meta la Corte Suprema de Justicia condenó a 37 años de prisión al general (r) Jaime Humberto Uscátegi. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que la mayoría de testigos han señalado que el oficial no tuvo conocimiento en los hechos.