Cuatro mil desplazados en Chocó: la tragedia se repite

Los pobladores de Riosucio, en el Bajo Atrato chocoano, parecen estar reviviendo la historia de violencia que a finales de los 90 se escribió en la región.

Parece que el infierno decidió instalarse en Riosucio, uno de los municipios chocoanos que limitan con Panamá. Desde noviembre no cae la lluvia y el alcalde tuvo que declarar el estado de calamidad porque el humo gris de más de 50 incendios atosiga a los habitantes. Los animales se mueren ahogados y, por si fuera poco, el conflicto armado, que se recrudeció con la entrada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o clan Úsuga), el pasado septiembre, asfixia a sus habitantes, quienes hoy reviven los episodios de desplazamiento y miedo a salir de las casas que a partir de 1997 experimentaron por el fuego cruzado.

Si en ese entonces fueron las autodefensas de Carlos Castaño las que desplazaron entre cuatro y cinco mil habitantes, hoy son las Autodefensas Gaitanistas las que tienen a más de mil personas desplazadas y a otras 8.000 confinadas en sus hogares al pie de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó y Truandó y Salaquí. El miedo se alimenta de los enfrentamientos entre las AGC y las guerrillas de las Farc y el Eln, de las amenazas y torturas que los Gaitanistas han hecho desde enero y de las minas antipersonal con las que las AGC han sembrado no sólo la ribera del río, sino algunos cultivos de pancoger.

“No han podido ni siquiera bajar al río a bañarse”, le contó a este diario una fuente cercana a las comunidades que prefirió guardar su identidad. En la comunidad de Villa Nueva, el pasado jueves 21 de abril hubo combates que se extendieron desde la madrugada hasta entrada la noche y que dejaron a los pobladores de Villa Nueva, Tamboral y Playa Aguirre, ubicados en la cuenca del río Salaquí, secuestrados e incomunicados. Según la Defensoría, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han ocupado las casas de los pobladores para usarlos como escudos humanos.

El Bajo Atrato no es la única región afectada. El defensor delegado para la población desplazada, Mauricio Redondo, se refirió a la situación que enfrentan las poblaciones del litoral del río San Juan, en donde ya hay 2.000 desplazados. El funcionario de la Defensoría señaló que los desplazados, en su mayoría indígenas y afros, están asentados en las cabeceras de sus corregimientos y que 466 de ellos están instalados en la cabecera del municipio de Docordó (Chocó). Además, dijo, al menos mil personas se enfrentan al hambre en esta región, pues desde hace dos semanas no pueden salir a recoger alimentos ni a cazar o pescar en el río.

Redondo le explicó a este diario que la situación en el litoral del río San Juan se viene agudizando desde hace dos meses, cuando a la Defensoría empezaron a llegar informes sobre enfrentamientos ente miembros del clan Úsuga y el Eln. Entonces, al casco urbano de Buenaventura llegaron 12 familias provenientes de la población de Las Delicias. Fue por esas épocas que se conoció la situación de las comunidades de Riosucio, lo que demuestra que estas crisis no están aisladas: además de los ríos que mueven a los actores armados entre poblaciones, tal vez lo más grave es que habrían podido prevenirse.

Los 21 informes que la Defensoría ha enviado a distintas entidades estatales a lo largo de los últimos siete meses, y que fueron conocidos por El Espectador, son prueba de que la crisis era evitable. La entidad viene dando voces de alarma sobre la entrada paulatina del clan Úsuga en la región desde 2014. El 3 de junio de ese año envió un oficio en el que informó sobre el paso de los Gaitanistas por el río Truandó y de su llegada a los resguardos indígenas de Alto Río Valle, en Bahía Solano, y Chorí Alto Baudó, en Nuquí. Fue por esas épocas que 600 miembros de la comunidad indígena wounaan se desplazaron hacia Buenaventura.

Pero es el reporte del 7 de septiembre del pasado año el que narra la llegada de los 150 hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la cuenca media del río Truandó el 3 y el 4 de septiembre. En informes posteriores, la Defensoría informó que los hombres, provenientes de Bahía Solano y Nuquí, estaban desplegando operativos sobre el río Truandó y en la comunidad indígena wounaan. Los habitantes de La Nueva —que ya han sufrido tres desplazamientos forzados en su historia reciente— contaron que el 7 de septiembre hubo una reunión con 50 de los hombres armados y que su comandante se identificó como el Mono.

En la reunión, el Mono les dijo a las comunidades que no tenían intenciones de combatir al frente 57 de las Farc —que tiene presencia histórica en la región— y que estaban para ayudarles. Sin embargo, el grupo ilegal ha prohibido la entrada de mercados con valor superior a los $100.000 y el ingreso a la zona de pesca y de pancoger, que, según los habitantes, está sembrada con minas antipersonal, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones. Días más tarde, tras la llegada de guerrilleros del Eln, se registraron los primeros combates. Luego, las Farc prohibieron el corte de madera y hubo seis enfrentamientos más en lo que quedaba del año.

Todas estas denuncias quedaron consignadas en el informe de la visita humanitaria que realizaron miembros de la Defensoría, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y del Ministerio del Interior entre el 4 y el 8 de octubre a Riosucio. El 13 de octubre, el entonces defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, lo envió a los ministros de Defensa y del Interior y a la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, y les solicitó su intervención urgente para atender la “grave situación humanitaria”.

Luego fue enviada una nueva comisión en noviembre. A Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, le solicitaron atención en septiembre y diciembre. Su respuesta llegó el 5 de febrero pasado. Asimismo ocurrió con nuevas comunicaciones a los ministros de Defensa y del Interior, a la Unidad Nacional de Víctimas y al gobernador de Chocó en enero de este año.

El pasado 8 de abril, la Defensoría solicitó la atención a la crisis por parte del alcalde de Riosucio, Luis Enrique Mena, a Ángela María Hernández, directora territorial de la Unidad de Atención a las Víctimas, al comandante del departamento de Policía de Urabá, Javier Darío Sierra y al coronel Diego Javier Fajardo, comandante del batallón 54 del Ejército. El terror recorre de nuevo el Chocó y no se hace mucho por evitarlo.

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Redacción Judicial

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Cuatro mil desplazados en Chocó: la tragedia se repite

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