Cuenta regresiva para decisión en la Corte Constitucional sobre las objeciones a la JEP

El magistrado encargado de presentar la ponencia sobre el caso a sus compañero es Antonio Lizarazo. / Óscar Pérez

El punto siete del orden del día que programó la Corte Constitucional para hoy, 29 de mayo, es un expediente álgido, no solo para los magistrados, sino para el aire político que desde hace varios meses se respira en el país. Se trata del caso de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial que anunció el presidente Iván Duque el pasado 10 de marzo. Al magistrado Antonio Lizarazo le correspondió la tarea de ser el ponente del caso que busca determinar si en el debate del pasado 2 de mayo en el Senado, se rechazaron los reparos presidenciales. Según la ponencia, los votos fueron correctos y suficientes para negarlas.        

Así lo dejó claro el magistrado Lizarazo en el proyecto de fallo que repartió hace pocos días en los despachos de sus colegas. Lo que ha trascendido del estudio que han hecho los demás magistrados es que, a través de sumas y restas, y otras fórmulas matemáticas, Lizarazo afirma que ese 2 de mayo en el Senado sí había el quórum adecuado para rechazar las objeciones presidenciales. Por ese lado, la discusión en la Sala Plena promete ser una de datos, números y calculadoras para determinar si la votación fue válida. Sin embargo, fuentes del alto tribunal le explicaron a este diario que el debate podría ir más allá.

(Le puede interesar: Objeciones a la JEP: las presiones se trasladaron a la Corte Constitucional)

La idea de algunos magistrados es que, a raíz de este expediente, la Corte Constitucional aproveche la oportunidad para sentar una posición férrea ante la decisión del presidente de objetar una ley que ya había sido revisada por la misma Corte Constitucional. Aunque la votación sobre este tema todavía es incierta, lo que está claro es que hay quienes defenderán la idea de que debe quedar claro que, por más poder que tenga la rama ejecutiva, cuando se trata de fallos ya revisados por el alto tribunal, el presidente no puede objetar las leyes. Una decisión, en todo caso, polémica y que promete seguir “cargando” el debate político.

Para este debate, la estrategia que algunos togados quieren seguir es la de revisar una a una las ocho objeciones de Duque para contestarle, con el peso de los argumentos de la sentencia que ya emitieron, por qué no tendría razón en sus reparos. Una discusión puramente jurídica que requiere de un altísimo conocimiento constitucional por parte de los ocho jueces que participarán de la discusión (Carlos Bernal está impedido pues asesoró al Ejército en la configuración de la JEP). Fuentes cercanas a las discusiones de la Sala Plena, sin embargo, le explicaron a este diario que lo que procede es estudiar primero la ponencia de Lizarazo.

(Le recomendamos: ¿Quién ganó en el debate de las objeciones a la estatutaria de la JEP?)

Como si fuera poco, ademas de la rigurosidad jurídica y técnica de la discusión que empieza hoy en la Corte, los magistrados tiene un ingrediente más que agregarle a esta ya espinosa discusión. Como trascendió en semanas pasadas, al parecer, a raíz de este expediente, la Embajada de Estados Unidos les retiró la visa a dos juristas: el propio ponente del caso, Antonio Lizarazo, y a Diana Fajardo. Ambos ya solucionaron el episodio con los estadounidense, pero no sin dejar una estela de especulaciones por la razón verdadera de la decisión de los diplomáticos. 

Mientras que aseguraron que todo se trató de un mal entendido, al parecer por una investigación que en su contra adelantaba la Cámara de Representantes (que nunca fue cierta), en el tintero quedó la sensación de que fue por su rechazo a participar de un desayuno, en la Embajada, invitación del propio embajador, por el expediente de las objeciones, o por el de darle o no aval a la aspersión con glifosato, (otro caso que está en estudio en el alto tribunal). Lo que es cierto es que con la presión de estos episodios, más rumores de interceptación ilegal de sus comunicaciones, campañas de desprestigio y hasta amenazas, los magistrados no la tienen fácil.

(Lea también: Así ha sido el viacrucis de la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial de Paz)

Con sentencias y la Constitución en mano, además de toda la documentación que les envió el Congreso, los magistrados llegan a la Sala Plena para comenzar el debate. Lo esencial sobre esta discusión será revisar la votación de las objeciones en el Senado, para determinar cuántos congresistas había habilitados para votar, si aplicaba el concepto de silla vacía para casos como el de Aída Merlano, capturada por presuntos delitos electorales, e incluso si Antanas Mockus podía votar o no, es decir, si el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección estaba en firme. 

Si la votación en la Sala Plena resulta a favor de la ponencia, que plantea que los 47 votos en contra las objeciones presidenciales fueron suficientes, la Corte tendría que expedir un auto pidiendo al presidente Duque que sancione la ley sin más demoras. La discusión apenas comienza. 

También le puede interesar: "Presiones a la Corte por debate a las objeciones a la JEP: ¡Y el gringo  ahí!"