La culpa de los tres meses de paro fue del Gobierno: Asonal Judicial

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El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado aclaró que en la reunión celebrada el pasado martes se tomó la decisión de suspender hasta febrero la convocatoria del paro judicial mientras se adelantan las mesas de negociación con los representantes del Gobierno y no de levantarlo como se manifestó.

Para el líder sindical en este periodo se deben tratar temas referentes a las problemáticas de la Rama Judicial. En este sentido aseguró que la culpa de este cese de actividades que duró 94 días en todo el país es responsabilidad del Gobierno. “La protesta no tiene un término medio, es o no es, nosotros hemos ejercido el derecho a la protesta”.

En este sentido aseguró que la culpa es del empleador, el cual es el Gobierno, puesto que la mayoría de los jueces atienden 2 mil procesos, lo que ha provocado tanto una crisis por la congestión en la Rama como una afectación personal a los funcionarios y empleados “que han tenido que ir al psiquiatra”.

“Quien da a lugar a la huelga debe responder por los costos de la huelga, en este caso el Gobierno”, manifestó Machado haciendo referencia a las declaraciones hechas por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa sobre la responsabilidad que tiene el sindicato de la justicia en la crisis que se presentó por el cese de actividades. 

“El sentimiento de todos los judiciales es reclamar su derecho a exigir la nivelación salarial. Votaron por suspender el paro continua puyito que no hemos renunciado a la nivelación”, explicó al cuestionar que en el año 2012, cuando se adelantó otro paro, solamente resultaron beneficiados los magistrados de las altas cortes mientras que los empleados y funcionarios no recibieron este beneficio.

En este caso aseguró que se ha pintado a Asonal Judicial como los “malos de la película” lo cual no puede ser aceptado ya que se están haciendo reclamaciones justas para lograr mejores garantías laborales y salariales. Finalmente aseguró que tanto la Judicatura como los miembros del Gobierno deben garantizar a que se cumplan los acuerdos allegados.