Cumbre Agraria solicita medidas cautelares a CIDH por atropellos durante paro agrario

La organización denunció que además de tres muertes de indígenas, se han registrado 149 heridos y constantes hostigamientos. Gobierno aseguró que la violencia contra la Fuerza Pública, “ha sido una constante”.

La Cumbre Agraria, el movimiento que convocó la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular que ya lleva una semana movilizando campesinos, indígenas y comunidades afro en todo el país, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger la vida, la integridad personal, la libertad personal y la libertad de pensamiento y expresión de los manifestantes, pues según la organización, ha habido una violación sistemática de estos derechos por parte de la Fuerza Pública y de las autoridades nacionales y regionales.

Los hechos que motivaron la solicitud, y que fueron recogidos por la Cumbre, van desde asesinatos, hasta presuntas actividades ilegales de inteligencia por parte de la Policía que, aseguran, buscan estigmatizar la protesta que llevan a cabo para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en el paro agrario de 2013. En el otro extremo, ante los micrófonos de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que si ha habido violencia, ésta ha sido practicada por los manifestantes. “La constante en el paro agrario ha sido la violencia contra la Fuerza Pública”, dijo.

El jefe de cartera manifestó que de los 54 uniformados heridos, 47 fueron agredidos en Cauca, tres en el Meta, dos en el Valle del Cauca, uno en Huila y uno en Caldas. Dijo que 16 de los heridos continúan en observación y que tres están hospitalizados. “A nuestra Fuerza Pública le han dañado camiones, tanquetas, vehículos tipo grúa, incendiaron una camioneta, han dañado 34 vehículos particulares para atravesarlos en las carreteras, hay dos tractomulas quemadas” refirió el Ministro.

“En materia de personas fallecidas –señaló Villegas- tenemos un accidente de tránsito en La Delfina, al principio de la protesta, también dos indígenas en El Rosal (Cauca), donde Medicina Legal ha dicho que su muerte fue causada por explosivos artesanales, y tenemos algunos heridos por las intervenciones que ha hecho el Esmad, que son cerca de 47” informó el ministro. Pero lo datos de Villegas distan de lo que la Cumbre Agraria expuso ante la CIDH.

Según la organización, el primero de los indígenas fallecidos, Willington Quibarecama, no murió por un accidente de tránsito, sino arrollado por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en La Delfina (Valle). Los otros dos comuneros muertos, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz, que según el ministro fallecieron por “explosivos artesanales”, habrían sido asesinados con armas de fuego, según lo expuesto por la Cumbre Agraria en el documento que presentó ante la CIDH y que fue conocido por El Espectador.

En cuanto al número de heridos, la Cumbre Agraria manifestó que ha habido149, casi el triple que de lo que reportó el Ministerio de Defensa. Las denuncias más graves se refieren a hechos ocurridos en Caldono y Santander de Quilichao (Cauca), donde el Esmad habría usado “granadas aturdidoras cargadas con objetos peligrosos como puntillas, metrallas, esquirlas y grapas” y otras armas no convencionales. En Huila, reportó la organización social, un indígenas habría perdido parte de sus extremidades superiores a causa de la respuesta “indiscriminada y excesiva” del Esmad.

Además, el documento mencionó las 160 detenciones arbitrarias que habrían ocurrido en estos seis días, una de las cuales se hizo pública el pasado viernes, cuando en el municipio de Tona (Santander), la Policía habría aprehendido a 134 personas, entre esas 15 menores de edad, y los habría llevado hasta el Batallón de Infantería No.13 Custodio García Rovira, en Pamplona (Santander). Allí supuestamente el comandante “emitió la orden de no permitir el ingreso de abogados de Derechos Humanos (…). Ante esta situación, fue necesaria la interlocución de Naciones Unidas y Defensoría”.

En la carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, los líderes de la Cumbre Agraria también denunciaron que en estos seis días de protestas se habrían presentado hostigamientos que incluyen el sobrevuelo de helicópteros sobre los puntos de concentración en Chocó, Cesar, Huila y Cauca; el toque de queda decretado por la alcaldesa, Carmen Lucero Ramírez, en Tona (Santander); y supuestas limitaciones en el transporte de víveres y de manifestantes, especialmente en Cauca y Santander.

Pero esas son solo las denuncias de los hechos ocurridos durante la Minga. Según la Cumbre Agraria, desde finales de mayo, semanas antes de que comenzaran las jornadas de protesta, varios miembros de la organización ya habían sido amenazados desde el correo electrónico [email protected], y mediante panfletos marcados con el logo de las Águilas Negras. Además, el pasado 2 de junio los manifestantes que se agrupaban en la plaza central de Montería (Córdoba) habrían sido amenazados por un hombre en una motocicleta, quien les dijo que “si no terminaban con este paro rápido ellos sí lo iban a terminar”.

La Cumbre Agraria afirmó en el documento entregado a la Comisión Interamericana que la estigmatización pone en peligro la vida de los manifestantes y además, viola el derecho a la libre expresión de los mismos. Señalaron el caso del gobernador de Santander, William Villamizar Laguado, quien calificó al paro como un “paro armado” y mediante la circular No. 016 del 24 de mayo de 2016 ordenó a los alcaldes del departamento prohibir desplazamientos y marchas fuera de su jurisdicción, anunció multas a los transportadores que faciliten el transporte de los campesinos y prometió el pago de recompensas de hasta $100.000.000 por información sobre “actos terroristas”.

En el mismo sentido se ha manifestado el ministro de Defensa, quien ha ligado, al igual que la Policía y el Ejército, las protestas con infiltraciones por parte de la guerrilla del Eln. Si bien el ministro Villegas a ha dicho que hay “dos protestas”, al de campesinos y la de los presuntos infiltrados, sus conexiones, argumentó la Cumbre en el documento, no dejan de ser señalamientos vedados a la protesta. Con estos argumentos, la Cumbre no solo solicitó las medidas cautelares sino que pidió “retirar de inmediato a las fuerzas militares y sus organismos de inteligencia, de los puntos de concentración o cualquier otra acción relacionada con la protesta social”.  

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