Tras 15 años de un largo proceso judicial en los próximos días habría ‘luz verde’ en el caso de los daños ambientales para la comunidad afrodescendiente del río Anchicayá, en Buenaventura (Valle del Cauca) por la afectación de la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa).
Todo indica que la Corte Constitucional fallaría a favor de los habitantes de la zona al comprobarse que en 2001 fueron arrojados al río más de 500.000 metros cúbicos de lodo acumulados en la represa del Bajo Anchicayá, causando un desastre social y ambiental.
De acuerdo a los testimonios de la comunidad, tras el vertimiento del lodo hubo serios problemas de salud y bienestar para los habitantes en la influencia del río.
De hecho, muchos se vieron obligados incluso a desplazarse pues la empresa abrió las compuertas de la hidroeléctrica con toneladas de piedra, lodo y sedimento.
Este lunes en la Plaza de Bolívar más de 300 habitantes del sector con ataúd en mano, se han manifestado a la espera de que la Corte Constitucional ampare sus derechos y obligue a la empresa a su indemnización.
Según German Ospina, vocero de los campesinos, el ataúd que enseñan los habitantes de Anchicayá en Bogotá es símbolo del entierro de la tutela T-274 de 2012 que los había obligado a la “postración”.
"Con el fallo que esperamos a nuestro favor de parte de la Corte Constitucional quedan amparados los derechos de la comunidad pues se obliga a las empresas que explotan los minerales en Colombia a tener en cuenta y respetar esos derechos", sostuvo.
De acuerdo a versiones de prensa, la sala plena de la Corte el 16 de abril decidió decretar la nulidad de la sentencia T-274 del 2012 que negaba los derechos de las víctimas. Sin embargo, aún se espera la expedición del auto donde se confirme esa nulidad.