El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, deberá ofrecer excusas públicas a los familiares de cinco exguerrilleros del M-19 que fueron torturados y asesinados en 1994 por cinco agentes estatales, en represalia por el secuestro de una ciudadana.
Los ex integrantes del grupo rebelde, desmovilizado en 1988, fueron secuestrados entre el 16 y el 18 de marzo del 94 y solo dos días después fueron encontrados sus cadáveres en los municipios cundinamarqueses de Facatativá y La Mesa.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo. dice que la actuación desplegada por los detectives los puso incluso por debajo del nivel de los propios secuestrados, pues sus cuerpos sin vida mostraban evidencias de haber sido sometidas a innumerables vejaciones y de ahí que la decisión deba publicitarse entre todos los integrantes del organismo de inteligencia, cuyo director deberá excusarse de lo acaecido frente a los medios de comunicación masivos.
De la misma manera, la Sección Tercera de la colegiatura ordenó reparar a los familiares de dos de las víctimas con el pago de 428 millones de pesos, equivalentes a la suma de 800 salarios mínimos mensuales vigentes.
“(…)Si bien las víctimas podían ofrecer peligro para la comunidad, dada su presunta participación en el secuestro de una persona, no por ello merecían que se les inflingieran torturas y se les impusiera la pena de muerte ni cualquier otro castigo que atentara contra su existencia y/o dignidad, menos aún cuando a la ejecución de tales hechos se procedió de manera extrajudicial y con total desconocimiento del derecho fundamental del debido proceso”, dice la sentencia.
Durante seis meses el DAS deberá seguir dando publicidad a los detalles más procedentes del fallo, que impone una sanción administrativa al Estado colombiano por la ejecuciçon extrajudicial de los exguerrilleros Julio Edgar Galvis Quimbay, Raúl Gutiérrez Guarín, Enan Rafael Lora Mendoza, Fredy Humberto Guerrero y Aidé Malaver.
Según la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, el DAS deberá exigir a sus ex agentes Álvaro Yáñez Ramírez, Martín Sierra D’aleman y Germán Vicente Cuéllar Manrique el pago de más de 160 millones de pesos, equivalentes a la suma de 300 salarios mínimos mensuales vigentes como producto de la repetición que deberán asumir por haber generado esta condena contra el Estado.
El último de los ex integrantes del organismo de inteligencia fue condenado a 50 años de prisión por estos hechos en 1996, como fuera que fue hallado culpable de los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para secuestrar.