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El pasado 12 de febrero, en un inédito desplazamiento, el fiscal Francisco Barbosa partió rumbo a Ecuador con un objetivo claro: entregar los datos contenidos en los computadores de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, un excomandante del Eln cuya muerte en operación militar quedó registrada el pasado 25 de octubre. A solicitud de la Fiscalía de Ecuador, Barbosa concedió un material que podría estar relacionado con las elecciones del vecino país, pues al parecer habría documentos que soportarían la financiación, por parte de la guerrilla colombiana, a la campaña del candidato que puntea las elecciones: Andrés Arauz.
Antes de subirse al avión, según quedó registrado en la cuenta de Twitter la Fiscalía, Barbosa se aseguró de que las presuntas pruebas estuviesen protegidas por “cadena de custodia”, es decir, que ante los ojos de los jueces sean legales, que nadie las haya manipulado o pueda hacerlo y que se hayan recogido cumpliendo los estándares nacionales e internacionales. En poder del El Espectador está el documento de la legalización que se tramitó ante el Juzgado Primero Penal de Garantías de Quibdó, Chocó, departamento en que operaba y en que murió Uriel, más exactamente en zona rural del municipio de Nóvita.
“Se imparte legalidad formal y material a la orden de allanamiento y registro realizado en la vereda Barrancocito del municipio de Nóvita y a los resultados obtenidos, contenido en informe del 25 de octubre de 2020. Se imparte legalidad a la incautación de los elementos materiales probatorios descritos en el acta de incautación, se suspende el poder dispositivo de los mismos, con el propósito de ser analizados y estudiados a fin que puedan servir como evidencia física y/o elementos materiales de prueba para la investigación”, firmó el juez primero de garantías de Quibdó.
En contexto: Confirman muerte de alias Uriel, comandante del Eln, tras operación militar en Chocó
#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @FiscaliaCol se reúnen para la entrega de información encontrada en los dispositivos de alias “Uriel”, del ELN, en el marco de la cooperación penal entre ambos países. Detalles ⬇️https://t.co/z5VncvweSz pic.twitter.com/NmdUnjYKSz
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 12, 2021
De acuerdo con Semana, se trata de un total de 3,2 teras de información, equivalentes a 2 millones de archivos, correspondientes a las actividades realizadas por el entonces comandante del Eln. En una de las carpetas se encuentran los mensajes que Uriel le habría enviado a Felipe y Guillermo, presuntos contactos en Ecuador, a quienes les comenta de un presunto aporte. “Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de internacional progresista (…) Los comuneros nos informaron de una inversión de US$ 80.000 entregados a ustedes en barbacoas, ellos saben que es para iniciar la idea de negocio con los aliados y de nuestro éxito depende de apoyar la esperanza”, reveló la revista.
Los reflectores se posaron sobre el candidato presidencial Andrés Arauz, ficha del expresidente Rafael Correa, pues representa a la coalición UNES o Unión por la Esperanza, cuya última palabra sería la conexión entre el mensaje enviado por Uriel y el supuesto pago de US$ 80.000. Por su parte, el exmandatario Correa ha dicho en medios de comunicación que se trata de una “fantasía” y una “estrategia” para deslegitimar un candidato que ganó la primera vuelta, el pasado 7 de febrero, y quien espera rival para el próximo 11 de abril. Según los mensajes de Uriel, además, las negociaciones se habrían concertado con la ayuda de un “amigo del Cinturón”.
De acuerdo con el documento en poder de este diario, la diligencia de allanamiento y registro al campamento de Uriel empezó a las 4:44 p.m. y finalizó a las 6:08 p.m. del 26 de octubre de 2020, es decir, un día después de la operación militar. Según el Juzgado Primero Penal de Garantías de Quibdó, “se respetaron las garantías legales y constitucionales de los intervinientes” y la orden fue impartida por el delito de rebelión agravada. Conservar la cadena de custodia es un requisito crucial para cualquier proceso penal, y en un caso así, vuelve a salir a flote el precedente del computador de Raúl Reyes, exjefe de las Farc cuyo campamento en Santa Rosa de Yanamaru (Ecuador) fue bombardeado el 1° de marzo de 2008 por autoridades colombianas.
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En su momento, la intervención en territorio vecino, en la que murió el ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina, le costó a Colombia una ruptura de relaciones con Ecuador. En 2011, la Corte Suprema de Justicia encontró que sobre los dispositivos de Reyes no se había mantenido la cadena de custodia y, por esa razón, todo el material que de allí proviniera fue invalidado como prueba para procesos investigativos. Las indagaciones por la llamada farcpolítica quedaron en un punto muerto por ello mismo, y aunque por ejemplo la congresista Piedad Córdoba alcanzó a ser sancionada por la Procuraduría con base en el computador de Reyes, el Consejo de Estado echó para abajo esa determinación porque se trataba de una prueba inválida.
Volviendo al caso del computador de Uriel, de acuerdo con el Manual del Sistema de Cadena de Custodia de la Fiscalía, todos los datos consignados en las carpetas del exguerrillero cayeron en el área de Informática Forense, donde se le debe tratar con estrictas reglas, evitando que la evidencia digital se exponga a “caídas, golpes, vibraciones, exposición a ondas electromagnéticas, altas temperaturas”, entre otras cosas. Y ese fue el material que recibió Diana Salazar Méndez, fiscal general de Ecuador, quien recibió hace unos días a Francisco Barbosa en las oficinas de Quito. La reunión fue pactada desde el 4 de febrero pasado, según indicó la entidad del país vecino.
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Entre los elementos entregados a las autoridades ecuatorianas está el “Informe investigador de campo”, que contiene un total de 50 folios, en el cual se realizó el análisis de la información de Uriel. Tal evaluación reposa en un disco duro portable embalado, rotulado y en “cadena de custodia”, como lo remarcó -en tres oportunidades- la Fiscalía de tal país. Asimismo, Barbosa allegó el informe del investigador de laboratorio, el cual contiene 13 folios. Por último, la entidad colombiana entregó una memoria USB, que contiene un total de 55 archivos contenidos en dos carpetas, cuyo tamaño es de 69,5 megas. “Para garantizar la conservación de la cadena de custodia, los dos fiscales generales firmaron un acta de entrega en la que se relacionan la información y los elementos compartidos”, concluyó la fiscal Salazar Méndez.
El viaje del fiscal Barbosa a Ecuador ha generado una tormenta política en todo el continente, dado que se dio justo después de que, en primera vuelta, Arauz resultara vencedor y de que la segunda vuelta está por realizarse. Uno de los primeros en protestar fue el propio Arauz, quien escribió mientras el fiscal Barbosa iba camino a Ecuador: “Los que han cogobernado con Moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras. No podrán lograrlo, la verdad siempre prevalece”. “Rechazamos la acción intervencionista e intimidatoria por parte del Fiscal General de Colombia en contra del candidato ganador de las elecciones de Ecuador, Andrés Arauz”, dijo el exmandatario de Bolivia, Evo Morales.
El expresidente colombiano Ernesto Samper aseguró que estas “versiones son una infamia y forman parte de un juego sucio que están orquestando desde Colombia los sectores radicales de la derecha de los dos países para interferir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas”. El fiscal Francisco Barbosa, por su parte, aseveró: “Yo no interfiero en elecciones, ni interfiero en coyunturas políticas. Yo soy el fiscal general de Colombia. Mi papel es judicial, no político”.